Organizaciones no gubernamentales (ONG) de Venezuela reclaman participar en el diseño de una política de derechos humanos que lleve a la práctica lo establecido en la Constitución Bolivariana, promulgada hace un año.
Una política de derechos humanos, de la que carece el gobierno de Hugo Chávez, «no se logra con discursos y buenas intenciones» sino con una mesa de diálogo con las organizaciones sociales, dijo a IPS Raúl Cubas, coordinador de Provea, una respetada ONG venezolana.
Con esta posición coincidieron José Gregorio Guarenas, de la Vicaría de Derechos Humanos, vinculada a la Iglesia Católica, y Alfredo Ruiz, de la red de Apoyo por la Justicia y la Paz, portavoz del Foro por la Vida, que reúne a una veintena de ONG.
Cubas aseguró que la entrada en vigencia de la Constitución Bolivariana en diciembre de 1999, que recoge en varios de sus artículos posturas y recomendaciones de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, abrió un período de expectativas favorables
Guarenas, por su parte, señaló que la Constitución es «una de las más avanzadas del mundo en materia de derechos humanos».
En tanto, Ruiz adelantó que en este 2001 se aprobarán nuevas leyes y reglamentos que tienen relación con esa necesidad de una política nacional de derechos humanos, entre las que figuran la Ley de Refugio y Asilo, la Ley de la Fuerza Armada Nacional y el Código de Justicia Militar.
Los tres activistas coinciden en la necesidad de contar con una mesa de diálogo que permita intercambiar puntos de vista con las autoridades, así como contar con un marco claro y definido de la actuación oficial en la materia.
«En términos estadísticos desmejoró la situación entre el primer año de gobierno (de Chávez) y el 2000», dijo Cubas. «Se agravó la situación de violaciones a los derechos civiles y políticos y se evidenciaron deficiencias en la administración de justicia».
Entre octubre de 1999 y septiembre de 2000 perdieron la vida 170 personas a manos de miembros de seguridad del Estado, según el informe anual de Provea, lo que representa un aumento del 63 por ciento en relación con el período anterior y la cifra más alta de los últimos 12 años.
Otra situación grave denunciada por las organizaciones humanitarias venezolanas fue la desaparición forzada de cuatro personas durante la tragedia de Vargas en diciembre de 1999, un hecho que incluso fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Guarenas informó que a fines de este mes acudirán a una audiencia en Washington sobre estos casos, además de entrevistarse con los miembros de la comisión para «presentarles una visión general de la situación de derechos humanos».
En mayo está prevista la visita a Caracas de los miembros de la comisión.
A fines del año pasado, Provea envió un centenar de recomendaciones y sugerencias al gobierno de Chávez, con el propósito de que se incorporaran a la esperada política nacional de derechos humanos.
Guarenas subrayó que algunas sentencias judiciales han causado preocupación «porque hacen referencia a los funcionarios policiales en el cumplimiento del deber, lo cual podría interpretarse como liberados de responsabilidad».
En concreto mencionó la absolución de un policía que asesinó a una persona que desobedeció la voz de alto. «El dictamen puede ser visto como una carta abierta para matar y eso es muy grave», dijo Guarenas.
Cubas reconoció elementos positivos en la Constitución Bolivariana, que establece derechos políticos, sociales y de la familia, culturales y educativos, económicos, de los pueblos indígenas y ambientales.
El Tribunal Supremo de Justicia convocó en enero una reunión con ONG, ministerios y organismos estatales como la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo, considerado el primer paso hacia la creación de una Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la cual debería salir una orientación clara para el gobierno. (FIN/IPS/ac/ag/hd/01
