Las denuncias de centenares de ejecuciones extrajudiciales en Togo en 1998, en especial de militantes políticos de oposición, deben ser tenidas en cuenta, estableció una comisión investigadora internacional.
Los autores de las ejecuciones y de otras violaciones a los derechos humanos, de que también son víctimas personas acusadas de delitos comunes, serían miembros de las fuerzas de seguridad, de la policía y de las milicias.
La comisión, designada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y por la Organización para la Unidad Africana (OUA), es presidida por Mahamat Hassan Abakar, de Chad, e integrada por Paulo Sergio Pinheiro, de Brasil, e Issaka Souna, de Niger.
Los abusos perpetrados en el país africano abarcarían ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, torturas y maltratos contra detenidos, así como violaciones y raptos de mujeres en algunas regiones.
El informe de la comisión, distribuido el jueves en Ginebra, mencionó también violaciones de mujeres campesinas, delante de sus maridos, cometidas por integrantes de las milicias armadas sostenidas y fomentadas por el actual primer ministro de Togo, Agbeyomé Kodjo.
Las mismas milicias serían responsables de secuestros de mujeres para entregarlas a otros hombres a cambio de una remuneración, y del robo de los bienes de las víctimas durante sus incursiones nocturnas, citó el informe.
La policía y las autoridades administrativas locales, pese a estar informadas de esos hechos, no han actuado, por lo cual los campesinos debieron denunciar la situación ante la Liga Togolesa de Derechos Humanos, dijo la comisión.
El informe consignó que en la prefectura de Yoto fueron violadas 12 mujeres, de edades entre 12 y 40 años, sin que se abriera proceso judicial alguno a pesar de las denuncias de las víctimas.
La denuncia original sobre las ejecuciones extrajudiciales en Togo fue presentada por Amnistía Internacional en su informe del 5 de mayo de 1999 denominado «Togo, estado de terror».
La organización defensora de los derechos humanos, con sede en Londres, sostuvo que en junio de 1998, durante la campaña para las elecciones presidenciales y después de la proclamación de los resultados, centenares de personas, entre ellas militares, fueron ejecutadas en forma extrajudicial.
La denuncia de Amnistía Internacional agregó que numerosos cadáveres fueron encontrados en las playas de Togo y del país vecino Benín. Otros cuerpos fueron vistos flotando en el mar por lo menos durante cuatro días.
Una delegación de Amnistía entrevistó a numerosas personas de los dos países, incluidos pescadores, y a agricultores togoleses que por esa época trabajaban en los campos.
Las personas interrogadas refirieron que se habían registrado movimientos desusados de aviones y de helicópteros, que volaban a baja altura sobre el mar.
Los testimonios dieron cuenta de algunos cadáveres con las manos esposadas y otros con ropas militares. Un pescador dijo que a ocho kilómetros de la playa de Agoué, en Benín, centenares de cuerpos flotaban en alta mar. Algunos presentaban impactos de bala, dijo otro pescador.
Desde 1967, cuando asumió al poder mediante un golpe militar, el presidente Gnassingbe Eyadema, controla los destinos del país.
Un documento distribuido en 1998 por el Departamento de Estados de Estados Unidos dijo que en las elecciones del 21 de junio de ese año «Edayema se valió de su posición para reprimir una oposición legítima y asegurarse otros cinco años» en el poder.
Durante 1998 en Togo se violaron los derechos humanos en forma sistemática, concluyó la comisión investigadora de la ONU y de la OUA.
En consecuencia, el grupo recomendó el establecimiento en el país de un clima favorable para los derechos humanos y la dilucidación de los hechos denunciados, así como también la identificación y el procesamiento de los autores de esas violaciones, en especial de las ejecuciones extrajudiciales.
También sugiere la designación de un equipo de médicos forenses que exhumen y examinen los cuerpos que habrían sido enterrados en las costas de Togo y de Benín. Esa investigación permitiría identificar a las víctimas y las causas de sus decesos.
Además, recomienda a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que sesionará en Ginebra del 19 de marzo al 27 de abril, la designación de un relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Togo. (FIN/IPS/pc/dm/hd/01
