TRABAJO-COLOMBIA: Comienza puja por salario mínimo

Gobierno, empresarios y sindicatos de Colombia afrontan, con menos aspereza que en años anteriores, la discusión sobre el salario mínimo que cuatro millones de trabajadores percibirán en 2001.

El gobierno propuso un incremento de menos de ocho por ciento para el salario mínimo recibido por 45 por ciento de los asalariados y que determina el ingreso de buena parte del resto. Mientras, los empresarios piden un aumento de 10 por ciento y los sindicatos, de 13 por ciento.

De aplicarse la propuesta del gobierno, el salario mínimo, hoy de cerca de 130 dólares mensuales, aumentaría a unos 140 dólares, cifra que, según los trabajadores, no cubre la inflación del año, que entre enero y noviembre fue de 8,2 por ciento.

Cifras del Banco de la República indican que el salario mínimo de Colombia es el cuarto de América Latina. En primer lugar en la lista figura Costa Rica con 220 dólares. Le siguen Venezuela, con 210, y Chile, con 190. En los últimos lugares se ubican Guatemala, con 70 dólares, y Nicaragua, con 50.

La intención del gobierno es «aplicar un aumento diferencial, en el que se empiece a tener en cuenta la productividad, la competitividad y el estímulo de los trabajadores», lo que significaría aumentos por sobre el que se determine ahora, dijo el ministro del Trabajo, Angelino Garzón.

El funcionario indicó que la propuesta gubernamental «en ningún momento busca convertirse en una camisa de fuerza para los trabajadores, porque la idea es buscar un aumento concertado».

El gobierno creó a mediados de la década del 90 una mesa de concertación con la presencia de representantes de los trabajadores y empresarios para negociar, entre otros asuntos, el salario mínimo legal.

Pero este instrumento no ha funcionado en los últimos años por la radicalización de las partes, lo que ha llevado que el aumento salarial haya sido fijado por decreto del Poder Ejecutivo.

Julio Gómez, presidente de la Confederación General de Trabajadores de Colombia, dijo a IPS que la oferta actual del gobierno «viola un fallo de la Corte Constitucional» según el cual «para el incremento debe tenerse en cuenta la inflación», que al cabo de este año será cercana a nueve por ciento.

Los trabajadores aspiran a que en esta oportunidad pueda llegarse por medio de la concertación a un incremento que lleve a la recuperación del valor adquisitivo del salario, deteriorado notablemente a causa de la crisis económica y las políticas de ajuste de los últimos gobiernos, dijo Gómez.

El poder de compra del salario cayó 13 por ciento en los años 90, según Gómez, quien aseguró que para 2001 ese porcentaje aumentaría a causa de la reforma tributaria que debate el Congreso legislativo.

El proyecto de reforma prevé un incremento del impuesto al valor agregado a 16 por ciento para 50 artículos de la canasta familiar básica.

El director del estatal Departamento Nacional de Planeación, Juan Echeverry, aseguró que el propósito del gobierno es alcanzar un equilibrio que permita avanzar en la recuperación de la economía sin afectar el empleo.

Para el empresariado, el propósito de no afectar el empleo debe acompañarse de una «flexibilización laboral» que les permita modificar contratos de trabajo, recortar horas extra y otros rubros que encarecen los costos de producción.

La flexibilización laboral permitiría, según los empresarios, afrontar el desempleo, que cerrará en 2000 con más de 20 por ciento, la cifra más alta de las últimas tres décadas.

Armando Montenegro, presidente del centro de investigaciones Asociación Nacional de Instituciones Financieras, cree que «el explosivo incremento del desempleo, la caída en el ingreso y la crisis general de la economía» originaron «un dramático aumento de la pobreza».

Montenegro estimó que en Colombia residen al menos 20,3 millones de pobres, de los cuales siete millones subsisten por debajo de los niveles de indigencia.

La asociación considera pobres a los colombianos incapacitados de adquirir una canasta básica de unos 260 dólares (dos salarios mínimos mensuales), y como indigentes a quienes carecen de ingresos y de servicios de salud y educación. (FIN/IPS/yf/mj/if lb/00

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