La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, presentó hoy al gobierno de Colombia una propuesta para proteger de la guerra a la población civil.
El llamado «Acuerdo Global de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario» es una iniciativa estructurada por la comunidad internacional para lograr la paz en este país, presentada por Robinson en la 55 sesión de la Comisión de Derechos Humanos del foro mundial celebrada en abril en Ginebra.
En esa oportunidad, la funcionaria señaló que el gobierno de Andrés Pastrana enfrenta «intimidantes retos» ante el accionar de las guerrillas izquierdistas, los paramilitares de derecha y los narcotraficantes.
El acuerdo recoge experiencias adquiridas en la resolución de conflictos en otras partes del mundo, donde se llegó a entender que la paz debe estar fundamentada en el respeto integral de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
Robinson se reunió con Pastrana este lunes en Bogotá, al concluir una visita de dos días al país, en el marco de una gira que incluirá también Venezuela, México y Chile.
La alta comisionada confirmó el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al proceso de paz y declaró su confianza en la reanudación del diálogo entre el gobierno y las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), congelado desde hace un mes.
Agregó que su presencia en Bogotá es una expresión y muestra de que mantiene un interés permanente en Colombia, cuya situación en materia de derechos humanos es delicada.
Entre otros asuntos, planteó su preocupación por la matanza a manos de paramilitares derechistas de pescadores señalados por éstos como colaboradores de la guerrilla, ocurrida el 22 de noviembre en el norte colombiano.
Informes oficiales indican que los paramilitares mataron a 46 personas en Nueva Venecia, un poblado de palafitos de unos 4.000 habitantes construido en el centro del complejo de lagunas de la ciénaga grande de Santa Marta. Sin embargo, datos privados elevan a 70 la cantidad de muertos.
Robinson señaló que este crimen es un reflejo de la inseguridad que afronta Colombia, y dijo confiar en que el gobierno restablezca la normalidad en esa comunidad y acompañe en su retorno a las centenares de personas que tuvieron que refugiarse en los vecinos municipios de Sitio Nuevo y Soledad.
En Colombia es urgente la necesidad de acciones integrales que busquen desactivar el paramilitarismo y los vínculos que éstos puedan tener con algunos servidores públicos, afirmó.
También demandó la protección de los grupos más vulnerables, como son los activistas de derechos humanos, los miembros de las comunidades desplazadas, los académicos amenazados, los líderes religiosos y testigos en distintos procesos penales.
Robinson comenzó su actividad en el país entrevistándose el domingo con su delegado en Colombia, Anders Kompass, quien advirtió del deterioro de la situación de los derechos humanos en el país a raíz del recrudecimiento del conflicto armado.
Kompass explicó que la comunidad internacional no puede resolver la crisis humanitaria que afronta Colombia, pero «la paciencia del mundo entero esta agotándose» y los grupos armados tienen que ser conscientes y reflexionar sobre sus conductas si quieren tener un futuro en su país.
Las cifras del foro mundial para este año indican, en términos generales, que los paramilitares son los que cometen la mayor cantidad de masacres, mientras que la guerrilla comete más secuestros, ataques indiscriminados a civiles y reclutamiento de menores que los demás actores del conflicto interno armado.
En tanto, grupos humanitarios y la Defensoría del Pueblo señalan que en 1999 los paramilitares cometieron 152 masacres y las guerrillas 67, mientras que 225.000 personas debieron abandonar sus hogares a causa de la violencia.
Amnistía Internacional también informa que el año pasado más de 3.500 personas fueron objeto de actos políticos violentos, decenas de personas desaparecieron, y las partes en conflicto «intensificaron sus acciones y se expandieron a nuevas áreas», pero esta expansión generó «poca o ninguna reacción por parte de las autoridades».
El informe anual de Amnistía es especialmente crítico con el gobierno de Pastrana, por entender que ha incumplido el compromiso de crear un grupo de elite de las fuerzas armadas para combatir contra los paramilitares.
No obstante, la información entregada este lunes por el gobierno a Robinson señala que entre diciembre de 1999 y octubre de este año se detuvieron 243 paramilitares acusados de violar los derechos humanos, de una total de 500 órdenes de captura por esta causa.
El informe oficial agrega que existen 54 agentes del Estado detenidos por cometer delitos que lesionan los derechos básicos y se pidió el arresto de otros 44. (FIN/IPS/yf/dm/hd/00
