Los antecedentes del presidente electo George W. Bush como gobernador de Texas no permiten aguardar una próxima administración estadounidense inclinada a la protección del ambiente, aunque las cartas no están todavía a la vista, señalan los ecologistas.
Bush designó en Texas a representantes de empresas petroleras, químicas y de bienes raíces para dirigir la oficina estadual de control de la contaminación.
Por esa razón, el candidato del Partido Verde en las elecciones de noviembre, Ralph Nader, dijo que el ahora mandatario electo es «una corporación multinacional con aspecto humano».
«No creo que (Bush) haya cambiado de idea», opinó Brent Blackwelder, titular de la filial estadounidense de la organización ambientalista Amigos de la Tierra.
El republicano Bush observó, tras confirmarse su victoria en las elecciones, que deberá habérselas con un Congreso dividido en dos bloques casi iguales y prometió trabajar para unir el país mediante la cooperación bipartidista.
Los ecologistas aguardan no sin ansiedad el cumplimiento de esa promesa, con la esperanza de que ingresen en la administración federal funcionarios de conciencia ambiental.
No hay más que incertidumbre, según cree Blackwelder. Bush, cuyo gobierno se instalará el 20 de enero, se enfrenta a la alternativa de intentar una gestión «auténticamente bipartidista» o, por lo contrario, «escuchar a los extremistas de derecha hostiles a la protección ambiental», dijo.
Ignorar a la opinión pública en materia ambiental podría conducir a multitudinarias protestas como las de 1999 en la ciudad de Seattle contra la Organización Mundial de Comercio, advirtió Blackwelder.
Una de las pruebas ambientales más importantes para la administración de Bush, según los activistas, será el Protocolo de Kioto sobre cambio climático, firmado en 1997 y todavía pendiente de ratificación.
Si bien Bush atacó el Protocolo de Kioto, que exige a los países industrializados el recorte de la emisión de gases causantes del efecto invernadero, otros comentarios que realizó dan alguna esperanza, según Phillip Clapp, presidente de la Unión Nacional Ambientalista.
Bush reconoció ante la prensa que hay suficiente evidencia científica para promover en Estados Unidos la reducción de las emisiones causantes del recalentamiento del planeta.
Clapp cree que el gobierno de Bush no se apartará de las negociaciones del Protocolo de Kioto, porque la presión de Europa se haría más intensa y podría afectar otros objetivos de política exterior.
Si Bush se disocia de las conversaciones, «Estados Unidos perderá influencia en la determinación de las normas técnicas de los mecanismos de reducción de emisiones señalados en el protocolo, una situación que los empresarios probablemente considerarán desagradable y costosa», explicó.
La nueva administración enfrentará un Congreso mucho menos hostil al Protocolo de Kioto que en años anteriores. El senador Robert Byrd, que patrocinó una resolución en 1997 para comprometer a los países en desarrollo a ceñirse a límites de emisión de gases invernadero, se refirió varias veces este año a la necesidad de corregir el recalentamiento global.
Una circunstancial alianza bipartidista derrotó tres veces este año en la Camára de Representantes un proyecto de ley contra el Protocolo de Kioto presentado por el republicano Joseph Knollenberg, uno de los principales críticos de ese instrumento internacional.
Los grupos ambientalistas también temen que Bush abra a la explotación petrolera las puertas del Refugio Nacional Artico de la Vida Silvestre, de Alaska. El presidente electo, que está estrechamente vinculado a las compañías petroleras, se pronunció por la explotación de esa área natural protegida.
Los ejecutivos petroleros pretenden extraer los hidrocarburos existentes bajo la tundra congelada de la reserva, que contendría unos 16.000 millones de barriles de crudo.
Pero las encuestas demuestran que el público se opone al ingreso de la industria petrolera en una reserva a la que todos los años llegan cerca de 150.000 caribúes y millones de aves.
Permitir la explotación de los recursos minerales del refugio de vida silvestre de Alaska provocaría la airada reacción de los ambientalistas, advirtió Blackwelder. «Sería como agitar una capa roja delante de un toro», comentó.
Los activistas recordaron a Bush que enfrenta un Congreso dividido y que en muchos distritos y estados los electores votaron masivamente a candidatos favorables a la tutela ambiental.
Los demócratas ganaron escaños en la Cámara de Representantes y ahora comparten la mitad del Senado con los republicanos. Algunos notorios opositores a la protección ambiental fueron derrotados, como Slade Gorton, de Washington, Spencer Abraham, de Michigan, y Rod Grams, de Minnesota.
«El resultado de las elecciones debería crear en el Senado condiciones para el debate sobre el recalentamiento global», dijo Clapp.
Los ecologistas también depositan expectativas en la Cámara de Representantes. Al respecto, señalan que Don Young, de Alaska, favorable a la industria y contrario al aumento de los controles ambientales, ya no será presidente de la Comisión de Recursos, pues su mandato ha expirado.
Así mismo, les preocupa la eventualidad de cláusulas anexas a textos legales para permitir actividades negativas para el ambiente, indicó Alys Campaigne, directora del no gubernamental Consejo de Defensa de Recursos Naturales.
Legisladores opuestos a la protección ambiental han agregado cláusulas encubiertas a determinadas leyes, como las presupuestarias, aunque pueden ser vetadas por el presidente.
«Exhortamos a Bush a oponer el veto presidencial a ese tipo de cláusulas anexas. El será en tales casos la última línea de defensa», expresó Campaigne. (FIN/IPS/tra-eng/dk/da/ego-ff/en- ip/00
