La destitución de Alberto Fujimori del gobierno de Perú por la imprecisa acusación de «incapacidad moral» podría crear un peligroso precedente para futuros mandatarios, cuya estabilidad dependería de mayorías en el parlamento, una condición ajena al régimen presidencialista.
Los constitucionalistas Francisco Eguiguren y Javier Valle Riestra, ambos opositores a Fujimori, opinaron que debió aceptarse su renuncia o buscar otro camino legal.
Eguiguren dijo, por ejemplo, que los parlamentarios pudieron haber considerado que Fujimori «hizo abandono de su cargo» cuando viajó sin autorización a Japón, luego de asistir la semana pasada a la cumbre del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico en Brunei. El «abandono» es «causal de vacancia», agregó.
Fujimori, que condujo durante 10 años un gobierno autoritario, fue destituido por «incapacidad moral». La decisión fue votada por 62 legisladores, mientras nueve se manifestaron en contra, otros nueve se abstuvieron y 32 fujimoristas se retiraron del recinto.
En Perú y en el resto de América Latina rige, con matices, el sistema de gobierno presidencialista, según el cual el jefe del Poder Ejecutivo, elegido por voto popular, no depende del apoyo expreso del parlamento. En los regímenes parlamentarios, en cambio, el gobierno cae si pierde la confianza del congreso.
La declaración de vacancia por incapacidad moral del Presidente de la República es una atribución del Congreso establecida por el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución.
La principal acusación contra Fujimori fue el haber renunciado por carta desde otro país, acción calificada de fuga vergonzosa y en la que sus adversarios percibieron indicios de supuesta complicidad en el enriquecimiento ilícito comprobado a Montesinos.
Otra acusación similar, sin definición precisa ni comprobación técnica, fue la que puso fin en 1997 a la presidencia de Abdalá Bucaram en Ecuador, declarado «insano» por el parlamento.
La caída de Bucaram fue seguida en Ecuador de un periodo de fragilidad del gobierno, que tuvo su momento culminante en enero de este año, con el derrocamiento de Jamil Mahuad.
Valle Riestra, Eguiguren y la congresista opositora Anel Towsend explicaron que la vacancia por incapacidad moral no implica la inhabilitación política automática de Fujimori, que correspondería a una decisión posterior mediante juicio político.
«Ese será el segundo paso. Aceleraremos las investigaciones para descubrir las conexiones de Fujimori con las cuentas secretas descubiertas a Vladimiro Montesinos para someterlo a juicio político», agregó Towsend.
Montesinos, ex jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), ahora fugitivo y enfrentado con Fujimori, fue el factor decisivo en la destitución del mandatario. Los 14 congresistas que controla desde la clandestinidad se pasaron a la oposición.
Fujimori, elegido en 1990, prescindió en 1992 del régimen constitucional con un golpe de Estado respaldado por las Fuerzas Armadas en 1992.
Promovió una nueva Constitución y obtuvo un segundo mandato en 1995. Mediante una interpretación de la carta fundamental cuestionada por los opositores, presentó su candidatura a las elecciones de este año, en las que también se impuso, pero entre denuncias de la oposición de fraude. Poco después comenzaba su decadencia.
La mayoría de los 14 congresistas que responden a Montesinos fueron elegidos en listas opositoras, gracias a contactos secretos del ex jefe del SIN, o reclutados por éste luego.
La destitución de Fujimori fue celebrada como una victoria democrática por los líderes opositores, cuyos partidarios festejaron en las calles vecinas al Congreso, pero fue calificada como «venganza política» por la bancada fujimorista.
«No perdonan a Fujimori por haberlos desplazado del corazón del pueblo. El les ganó tres elecciones y en la última, en mayo, obtuvo casi seis millones de votos, especialmente de los sectores populares» , comentó hoy la congresista Luz Salgado.
Tras la renuncia de los vicepresidentes Francisco Tudela y Ricardo Márquez, fue designado sucesor de Fujimori el presidente del Congreso, el opositor Valentin Paniagua, quién gobernará el país ocho meses, hasta entregar el mando al ganador de las elecciones del 8 de abril.
La renuncia de Tudela, formulada en septiembre, fue aceptada el martes por el Congreso, que aprobó este miércoles la de Márquez.
Fujimori destituyó a Montesinos, que controlaba desde el SIN a las fuerzas armadas, la policía y el Poder Judicial, después de la exhibición pública de una grabación en vídeo que mostraba al ex asesor presidencial sobornando a un parlamentario opositor.
Montesinos, hasta entonces el segundo hombre del régimen fujimorista, resistió su destitución, amenazó con dar un golpe de Estado militar y trató de asilarse en Panamá, de donde regresó cuando el gobierno de ese país rechazó su solicitud.
Ahora, desde la clandestinidad y quizá en territorio peruano, se ha convertido en el más duro adversario de Fujimori.
Autoridades bancarias suizas revelaron la semana pasada que Montesinos tiene 48 millones de dólares en tres firmas de Zurich, en cuentas que trató de transferir a Luxemburgo cuando se encontraba en Panamá y que fueron congeladas al considerárselas posiblemente cubiertas por el narcotráfico o el tráfico de armas.
Desde Japón, Fujimori negó tener cuentas secretas en algún país del mundo y justificó su renuncia al hecho de que su bancada en el parlamento perdió la mayoría.
Fujimori decidió quedarse en el exterior porque Montesinos está urdiendo una acusación calumniosa contra él, que sus adversarios políticos aprovecharían, afirmó Marta Chávez, jefa de la bancada fujimorista.
El congresista opositor Fernando Olivera tiene otra interpretación.
«Fujimori aguarda el resultado de las investigaciones que iniciaremos sobre sus actos de corrupción, y no volverá hasta no sentirse seguro», dijo. Pero iniciaremos las investigaciones de inmediato, y cuando tengamos información que confirme los indicios que tenemos, gestionaremos su extradición», aseguró.
Olivera y Towsend sostienen que Fujimori tiene dos empresas en Panamá, llamadas Infinity y Peripheric, cuyas acciones habrían sido vendidas en Singapur a través de un estudio de abogados.
El juez Jorge Vargas, del 41 Juzgado Provincial de Lima, pidió en una carta al gobierno de Singapur información sobre la existencia de cuentas bancarias o empresas de Fujimori en dicho país, informó este miércoles el propio magistrado.
Chávez aseguró que «esas versiones son rumores sembrados calumniosamente en la prensa peruana para crear el clima necesario al acto de venganza política que han perpetrado contra Fujimori, al adoptar una sanción infamante sin ninguna acusación concreta».
«El país entero ha visto por televisión que, aprovechando la vaguedad del concepto de incapacidad moral, Fujimori fue acusado sin exhibir prueba alguna. Los politiqueros buscan humillar a quien los desplazó del apoyo popular. Quieren cerrar el paso a su carrera política, pero Fujimori volverá», concluyó Chavez. (FIN/IPS/al/mj/ip/00
