Un clima de fuerte tensión, con hechos de violencia y advertencias cruzadas entre el gobierno, los sindicatos y la policía, caracterizaron hoy en Argentina la víspera de 36 horas de huelga que comenzarán este jueves.
Un centenar de ómnibus y decenas de taxis fueron apedreados este miércoles por manifestantes que intentan así amedrentar a las empresas de transporte que pretendan brindar el servicio durante la protesta. El saldo fue de dos trabajadores heridos y daños a los vehículos.
La policía adelantó que inició el martes un operativo de seguridad y de inteligencia para prevenir desbordes, pero su jefe reconoció que es «probable que algunos inadaptados provoquen disturbios», por lo que movilizarán «una gran cantidad de efectivos».
La huelga es convocada por las tres centrales sindicales de este país, y consistirá en una paralización general de actividades — incluido el transporte—, ollas populares, cortes de rutas y vías férreas y de calles en las capitales, un conjunto de acciones sin precedentes por su magnitud.
Numerosas instituciones educativas ya anunciaron a los estudiantes que podrán retirarse antes del mediodía de este jueves, cuando comenzará la huelga.
A diferencia de protestas anteriores, esta vez el malestar general y el temor a los desbordes decidió a muchos a acatar la medida de fuerza, aunque solo sea por precaución.
La crisis social es comparada por analistas con el periodo de hiperinflación a fines de los años 80, cuando se registraron saqueos de supermercados y otros desbordes. Pero esta vez se suma a la tensión de los más pobres el descontento de la clase media con el rumbo económico.
Un nuevo movimiento de pequeños empresarios, productores rurales y profesionales ajeno a los partidos políticos, Argentina para Todos, convocó a sumarse a la medida de fuerza golpeando cacerolas en la noche de este jueves.
El dirigente ferroviario Omar Maturana prometió que «no se movilizará un tren en todo el país» y que se cortarán «pacíficamente» las vías cada vez que uno intente salir de la estación.
Mientras, el gremio de dueños de gasolineras advirtieron que no venderán combustible desde este jueves en la noche hasta este sábado.
La huelga coincide con una coyuntura de incertidumbre económica, por las difíciles negociaciones del gobierno para conseguir respaldo financiero del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos de crédito, a fin de eludir la suspensión de pagos el año próximo.
El gobierno de Fernando de la Rúa, que asumió en diciembre de 1999, realizó ya una serie de severos ajustes para reducir el déficit fiscal, pero la confianza de los inversores en el despegue de la economía no llega.
De hecho, la actividad económica podría cerrar este año en rojo, y el desempleo en alza.
Para peor, la Alianza de gobierno, se quebró luego de la salida del vicepresidente Carlos Alvarez hace casi dos meses. Desde entonces, el presidente gobierna prácticamente solo, sin los partidos de la coalición. Ni siquiera su propio partido, la Unión Cívica Radical, apoya en pleno el rumbo económico.
No obstante, y tras una semana de reuniones, el gobierno logró el lunes que los gobernadores provinciales del opositor Partido Justicialista aceptaran congelar sus gastos por cinco años, para abrir paso al crédito del Fondo Monetario Internacional. Pero ahora también se estudia una controvertida reforma previsional.
El Ministerio de Economía adelantó que la reforma elimina el sistema público de reparto y también la pensión básica universal que el Estado se comprometía a pagar a todos los jubilados. Ahora se estudian algunos cambios para hacer menos inequitativa la reforma, pero el proyecto es muy resistido.
El presidente evalúa si emite un decreto para avanzar en esa reforma, o si intenta conseguir apoyo del Congreso legislativo. Pero la crisis de la Alianza oficialista permite anticipar que la puja para aprobar la ley será larga, dificultosa y quizás no llegue a los resultados esperados.
Otro de los cambios que causó malestar fue la modificación de la edad jubilatoria de la mujer, que pasaría de 60 a 65 años.
Los sindicalistas, nucleados en el Congreso de los Trabajadores Argentinos y en las dos Confederaciones Generales del Trabajo — surgidas de una división precipitada este mismo año—, consideraron intolerables las medidas de ajuste que aplica el gobierno.
El secretario general de la CGT disidente, Hugo Moyano, sostuvo que el gobierno es «inepto» y que «no entiende nada», y recordó que la protesta es contra la alta desocupación (15,4 por ciento), la pobreza creciente (14 millones de personas), el endeudamiento externo y la proyectada reforma previsional.
El dirigente del Congreso de los Trabajadores, Víctor De Genaro, sostuvo que el gobierno aplica un «ajuste permanente», y que la huelga tendrá un altísimo nivel de adhesión.
De la Rúa admitió este miércoles su preocupación por eventuales hechos de violencia y advirtió que se sancionará a quienes atenten contra la libertad de circulación. «Se que la situación es difícil pero estoy luchando para cambiar las cosas», aseguró.
Sus funcionarios fueron más allá y acusaron a los sindicalistas de generar un clima de caos y el ministro del Interior, Federico Storani, dijo que hacían «apología del delito» al llamar a los manifestantes a interrumpir calles y caminos. (FIN/IPS/mv/mj/ip lb/00
