Un respaldo financiero que espera el gobierno de Argentina del FMI y otras fuentes de crédito se demora por la falta de acuerdo con las provincias sobre el alcance de los recortes presupuestales exigidos como condición.
Tras cinco días de reuniones contra reloj, los gobernadores del opositor Partido Justicialista (peronista) volvieron este jueves a resistirse a firmar un convenio con el gobierno de Fernando de la Rúa.
Las diferencias se refieren a la forma de repartir la ayuda y por el rechazo a la exigencia de congelar el gasto provincial hasta 2005.
Los mandatarios se niegan a aceptar el congelamiento de gastos, que no contempla el crecimiento vegetativo esperado en sus provincias, ni la crisis social, ni un eventual crecimiento económico. Además, no aceptan que el gobierno siga manejando unilateralmente un fondo financiero de asistencia social.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, sostuvo este jueves que la reunión pasó a un cuarto intermedio y advirtió que sólo podría alcanzarse un acuerdo la semana próxima, una vez que los mandatarios provinciales de su partido analicen un nueva propuesta.
El presidente De la Rúa admitió el viernes pasado que el país afronta una severa crisis financiera y que requiere de respaldo de organismos multilaterales de crédito para financiar, a bajo costo, su déficit y los vencimientos de la deuda externa, una erogación que totaliza unos 20.000 millones de dólares.
En casi un año de iniciada su gestión, y a pesar de haber realizado un fuerte ajuste con rebaja de salarios y alza de impuestos, De la Rúa no logró recuperar el crecimiento económico perdido desde 1998, por lo que ahora los mercados temen que el país esté transitando hacia una cesación de pagos.
Así mismo, se calcula que el desempleo, que subió a 15,4 por ciento este año, habría crecido en los últimos meses en un contexto en que las autoridades habían estado recortando los subsidios a los desocupados por falta de fondos.
El llamado «crédito blindaje», que se negocia con el FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y algunos gobiernos como los de España e Italia, ayudaría al país a obtener financiamiento más barato. Pero se exige para su concesión condiciones de estricto cumplimiento.
Una de ellas es el congelamiento por cinco años de los gastos en las provincias, una exigencia que los gobernadores opositores se niegan a aceptar sin recibir nada a cambio. Otra es la eliminación de una asignación que el Estado aportaba a los jubilados para incrementar sus ingresos.
Con esa medida —que el presidente amenazó imponer por decreto— miles de trabajadores que estaban prontos para jubilarse cobrarían, de hacerlo, un porción menor de sus ingresos actuales inferior a la prevista.
Una maestra de 51 años comentó este jueves a IPS que durante 31 años trabajó en dos turnos y aportó para su jubilación, y que si se aprueba la iniciativa oficial, en poco tiempo más se podrá jubilar pero con un ingreso de 317 dólares al mes en lugar de los casi 600 que esperaba cobrar.
«Voy a cobrar la misma cantidad que estoy aportando mes a mes hace muchísimos años», calculó indignada la mujer, que restó a sus haberes futuros la prestación básica universal de casi 300 dólares que el Estado otorgaba desde 1994 a los pensionados para elevar sus ingresos.
Los acreedores que están dispuestos a conceder un nuevo préstamo también reclaman que el gobierno consiga cuanto antes aprobar la ley de presupuesto para 2001. El proyecto prevé recortes que hasta los legisladores oficialistas se niegan a avalar.
El vicedirector del FMI, Stanley Fischer, sostuvo este miércoles que «estaría bien» si las negociaciones por el crédito se pudieran cerrar antes de fin de mes. Sin embargo, recordó que el respaldo depende de que el gobierno consiga cerrar un acuerdo con las provincias, algo que hasta el momento no ocurrió.
Del total de 23 provincias —además de la ciudad de Buenos Aires— hay 14 distritos gobernados por el opositor Partido Justicialista, y ese sería el nucleo duro de la resistencia al acuerdo.
En cambio las provincias gobernadas por la oficialista Alianza o por partidos provinciales aceptan los términos del gobierno.
De la Rúa y su ministro de Economía, José Luis Machinea, advirtieron el viernes pasado que las medidas reclamadas son imprescindibles para conseguir el crédito «blindaje», y, a su vez, el crédito es vital para evitar el «caos».
Pero a pesar de los discursos alarmistas, gobernadores y legisladores se resistieron durante toda la semana a aprobar las medidas que el presidente hubiera querido tener acordadas el lunes último.
La situación social, con protestas en diversas provincias y la amenaza de un paro general para la semana próxima, condiciona a los dirigentes opositores a aceptar las medidas que el gobierno reclama.
Algunos gobernadores manifestaron explícitamente su negativa a aceptar estas condiciones, como el mandatario de la provincia de Santa Cruz, Néstor Kirchner. Otros consideran que es necesario seguir negociando para no «empujar al gobierno frente al precipicio», como describió Ruckauf.
Kirchner denunció que la jefatura de gabinete está tratando de negociar por separado con algunos gobernadores de provincias muy populosas para lograr acuerdos individuales a cambio de beneficios, y consideró que esa no es la forma de llegar a un acuerdo claro y transparente.
En las últimas semanas, el descontento social creció, los cortes de ruta —una modalidad de protesta de los desocupados— se extendió a numerosas provincias, y las tres centrales sindicales se unieron para convocar a una huelga nacional que se extenderá entre el jueves y el viernes de la próxima semana.
Los primeros en convocar al paro fueron los dirigentes del Congreso de los Trabajadores Argentinos —que nuclea a empleados públicos, maestros, personal de la salud y de la justicia—, y del sector disidente de la Confederación General del Trabajo (CGT) que representa a trabajadores privados.
El sector disidente es la que se escindió en marzo de la CGT, porque ésta aceptó respaldar una iniciativa de flexibilización laboral del gobierno que abarató el costo del empleo y de los despidos.
Sin embargo, dos días después de la convocatoria al paro de 36 horas que comenzará el jueves, la CGT se sumó este jueves a la protesta con un llamado a 24 horas de huelga el viernes, y su secretario general, Rodolfo Daer, advirtió que habrá otras medidas de fuerza en diciembre. (FIN/IPS/mv/mj/ip if/00
