La investigación sobre el tráfico de armas rusas procedentes de Jordania y destinadas a guerrilleros de Colombia a través de Perú descubre ingredientes que parecen arrancados de una novela de espías.
Se mueven en la trama aviadores mercenarios ucranianos que trabajan para la mafia rusa del narcotráfico, un español y un francés nacionalizado estadounidense. Por añadidura, se menciona a un libanés, Sarkis Soghanalian, señalado como traficante de armas.
Entre los peruanos implicados figura un teniente retirado que decía, según las autoridades, pertenecer al servicio de inteligencia castrense, así como dos suboficiales en actividad que juran desde la cárcel haber creído que trabajaban en una operación encubierta del ejército de su país.
Según versiones de prensa, la primera operación de los traficantes de armas fue crear un servicio de transporte aéreo para un circo ruso.
Así, junto a los osos, los vestuarios de payasos y los trapecios, sacaron toneladas de cocaína que las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) usaron para pagar los 10.000 fusiles de fabricación rusa y las municiones.
El caso involucra hasta ahora a ciudadanos de tres países (Colombia, Jordania y Perú), a los que podría sumarse, según el gobierno jordano, un funcionario del gobierno estadounidense, de acuerdo con los informes publicados por la prensa en Lima.
«El caso fue mal manejado por el presidente Alberto Fujimori. Luego de denunciarlo, el escándalo le estalló en la cara y acabó embarrándolo», opinó el sociólogo Alberto Adrianzen, analista de la organización no gubernamental Desco.
«Lo curioso es que Fujimori pareció haber retardado el anuncio para aprovecharlo en el plano internacional, en coincidencia con el inicio del diálogo con la oposición promovido por la Organización de Estados Americanos por la democratización», señaló Adrianzen.
«Como los jordanos afirman que las armas fueron entregadas a un general del ejército de Perú, Fujimori pasó de ser denunciante a sospechoso, por lo menos de no poder controlar la corrupción de sus altos mandos militares», expresa Adriazen.
Fujimori aprovecho la Cumbre Sudamericana celebrada en Brasilia para entregar en persona el día 5 un informe a su par colombiano Andrés Pastrana, quien no se mostró satisfecho con las explicaciones. «Acordamos llegar al fondo del problema, para saber qué ha sucedido y de dónde provienen esas armas», dijo.
El escándalo diplomático comenzó el 21 de agosto, cuando Fujimori anunció que su servicio de inteligencia había capturado a una banda de traficantes de armas que vendió a las FARC los 10.000 fusiles rusos adquiridos en Jordania.
Según su versión, el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) detectó el 17 de marzo de 1999 en el aeropuerto de Iquitos, en la selva peruana, un avión ruso que aterrizó vacío con el pretexto de recoger madera para exportar Jordania.
La operación causó sospechas. El aparato fue registrado en busca de cocaína, pero no se encontraron rastros de la sustancia. De todos modos, los investigadores constataron que el avión ya había efectuado otro vuelo similar, en diciembre de 1998.
Mientras eran objeto de una discreta investigación, los traficantes realizaron tres vuelos más, el 5 de junio, el 21 de julio y el 3 de agosto de 1999. En ellos, arrojaron con paracaídas un total de 10.000 fusiles y municiones en áreas de la selva colombiana controladas por las FARC.
Los 11 integrantes de la banda que se encontraban en Perú en agosto último fueron arrestados y pasados a la justicia, mientras los restantes son buscados por la Policía Internacional (Interpol).
La primera reacción de Bogotá fue aclarar que el anuncio de Fujimori no era una novedad, pues los servicios de inteligencia colombianos ya habían detectado la operación.
Pero el gobierno de Pastrana pidió explicaciones a Lima cuando Jordania aseguró que los fusiles fueron vendidos en una operación legal a las fuerzas armadas peruanas.
La Embajada de Colombia en Egipto informó a Pastrana que la venta había sido legal, que Jordania había incorporado el monto de esa venta en su presupuesto de este año y que una de las pistas a seguir en la investigación era determinar el origen del dinero para la operación.
Por su parte, el gobierno jordano afirmó que en la operación participaron el jefe de sus fuerzas armadas, Abdel Al Hafez, el general peruano Lucio Olivera y un representante del gobierno de Estados Unidos.
En cambio, Fujimori ha sostenido que la transacción fue efectuada por traficantes que esgrimieron documentos falsos para hacerse pasar por jefes militares peruanos. Además, aseguró no existe ningún general llamado Olivera en el ejército.
Hasta ahora, los principales acusados son los hermanos José y Frank Aybar, directivos de una empresa que fue durante muchos años proveedora del ejército, según la prensa peruana.
De acuerdo con los detalles de la investigación publicados por la prensa peruana, los hermanos Aybar incursionaron también en el tráfico de cocaína y se vincularon con las FARC a través de esa actividad.
Mientras, los dos suboficiales detenidos, uno de ellos armero y el otro instructor de paracaidismo, confirmaron ante la justicia que viajaron a Ammán para revisar las armas, controlar su traslado y arrojarlas en la selva.
Creían que se trataba de un trabajo encubierto para el ejército de su país y que arrojaron las armas en territorio peruano, aseguraron en su descargo al juez.
«Nos dijeron que la operación debía hacerse así, encubierta, por razones de seguridad, para no entorpecer las negociaciones de paz con Ecuador», señaló uno de ellos.
En Colombia consideran que la ruta peruana no es la única utilizada por los abastecedores de armas destinadas a las FARC.
La televisión colombiana informó que las armas para esa organización guerrillera ingresan por 21 sitios en la frontera con Venezuela, otros 10 con la de Ecuador, 37 con la de Panamá y 14 con la de Brasil, y que son de fabricación rusa, coreana, alemana y polaca.
Las fuerzas de seguridad colombianas han decomisado en los últimos dos años 30.000 armas de largo alcance, 300 toneladas de explosivos y más de cinco millones de municiones destindas a las guerrillas del FARC, el principal del país, y del Ejército de Liberación Nacional, el segundo por su magnitud. (FIN/IPS/al/mj dm/ip/00
