La detención en México del ex represor argentino Miguel Cavallo, que tiene procesos judiciales pendientes en España, quema las manos del gobierno de Ernesto Zedillo y pone a prueba relaciones y tradiciones diplomáticas.
La semana próxima visitarán México el juez español Baltasar Garzón o alguno de sus colaboradores, que solicitan la extradición de Cavallo. Pero también lo hará el presidente de Argentina, Fernando de la Rúa, quien pide que no sea juzgado.
Interpol (Policía Internacional) detuvo la semana pasada en México a Cavallo, que se desempeñaba como director del Registro Nacional de Vehículos, luego de que un diario local lo identificara como un torturador al servicio de la última dictadura en Argentina (1976-1983).
Para los observadores locales, México sólo tienen dos opciones en el caso del supuesto represor, que ya ha causado un escándalo político, pues estaba a cargo de una actividad pública por concesión del gobierno.
La primera es aceptar el pedido español de extradición y reconocer de hecho la extraterritorialidad de una ley extranjera, una línea opuesta a su tradición diplomática mexicana.
La otra es dejar que el ex militar regrese a Argentina, donde quedaría libre, con la consiguiente protesta de grupos humanitarios, pero también con el beneplácito del gobierno de De la Rúa.
El presidente argentino y su ministro de Defensa, Ricardo López, declararon el martes que en el caso de Cavallo defienden el principio de territorialidad de la ley. Argentina concedió la amnistía a los militares acusados de violación de los derechos humanos, por lo que Cavallo no tiene problemas con la justicia de su país.
México está entre la espada y la pared en el caso Cavallo, dijo Octavio Cantarel, un expertos en relaciones internacionales.
Existe también la posibilidad de que Garzón, el juez que en 1998 logró la detención en Gran Bretaña del ex dictador chileno Augusto Pinochet, no logre sustentar su pedido de extradición de Cavallo.
En efecto, la solicitud podría fracasar por requisitos formales, como la diferencia entre el nombre real y los alias que utilizó Cavallo antes y luego de la dictadura, o por la acción de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España, que sostiene que Garzón no tiene competencia para juzgar al ex militar argentino.
Según los abogados de Cavallo en México, el acusado no es el represor que señalan los reportes periodísticos.
Pero estudios del rostro de Cavallo, de su letra y de sus huellas dactilares, así como numerosos testimonios de víctimas de torturas, parecen descartar el error de identidad. Las denuncias son incluso de asesinato.
«Con motivo de la detención del argentino Cavallo, y a diferencia de su dudosa actuación al abstenerse de votar a favor del estatuto de la Corte Penal Internacional, en julio de 1988, en esta ocasión el gobierno mexicano debe sacarse la espina y otorgar la extradición solicitada por España», señaló la Academia Mexicana de Derechos Humanos.
Por tradición diplomática, México se opone a la extraterritorialidad de la ley, así como cuestiona la legalidad de Corte Penal Internacional impulsada por la Organización de las Naciones Unidas.
«Ante las eventuales presiones militares y aún del gobierno argentino, los poderes Judicial y Ejecutivo de México deben asumir su responsabilidad histórica: optar por la vigencia de los derechos humanos y la justicia», tanto en el plano interno como en el internacional, dijo la no gubernamental Academia de Derechos Humanos.
Las huellas que ha dejado la trayectoria de Cavallo indican que fue durante varios años, antes de convertirse en empresario, un torturador en la Escuela de Mecánica de la Armada de Argentina, un conocido centro de detención y represión durante la dictadura.
Los observadores locales creen que De la Rúa pedirá al gobierno de México, en su visita de este lunes y martes, que se ponga en libertad a Cavallo bajo el principio de territorialidad de la ley.
Pese a que España pide su extradición, el ex militar viajó en los últimos años a varios países de América y nunca tuvo problemas legales.
«El señor Cavallo no estaba en ninguna lista de la Policía Internacional ni parecía tener asuntos pendientes con la justicia, por eso entró a México y obtuvo aquí un permiso de trabajo», aclaró el subsecretario (viceministro) de Población y Servicios Migratorios, José Pescador.
«No teníamos información de organismos internacionales que nos permitiera presumir que el señor Cavallo era el presunto responsable de estos delitos tan horribles de los que se le está señalando», comentó Pescador.
El ex militar argentino no ha cometido delitos en México y su situación será resuelta en primer lugar por el juez encargado del proceso de extradición. Pero ese pronunciamiento sólo será preliminar, pues la última palabra corresponde a la cancillería.
México se aproxima a un proceso importante de reflexión ética y legal. El caso de Cavallo establecerá precedentes jurídicos y se desarrollará en una ambiente sumamente politizado, opinó el columnista Sergio Sarmiento, del diario Reforma. (FIN/IPS/dc/ff/hd ip/00
