El histórico acuerdo alcanzado en Chile para esclarecer el destino de los desaparecidos puso de manifiesto los diferentes ritmos en los procesos sobre derechos humanos contra las últimas dictaduras militares en el Cono Sur de América.
En Chile, un diálogo en el que participaron el gobierno, militares, abogados de organizaciones de derechos humanos, religiosos y académicos logró el día 13, tras varias amenazas de fracaso, un acuerdo por el que las Fuerzas Armadas se comprometen a aportar información sobre el paradero de los desaparecidos.
El acuerdo tendrá como garantía una ley de secreto profesional, y pone un plazo de seis meses, prorrogable seis meses más, para que los militares aporten la información.
Pero analistas políticos señalan que el valor del acuerdo es el reconocimiento de las responsabilidades de cada sector en el golpe de Estado dado el 11 de septiembre de 1973 por el general Augusto Pinochet.
Detrás del acuerdo está el hecho de que la Corte Suprema de Justicia chilena tipificó en 1998 como secuestros las desapariciones en que no aparece la víctima, viva o muerta, y, por lo tanto, la inaplicabilidad en esos casos de la amnistía impuesta por la dictadura en 1978.
Este criterio permite mantener bajo proceso a unos 50 militares, la mayoría en retiro, entre ellos seis generales.
Los militares argentinos reclaman ahora un acuerdo similar, que incluya una amnistía, pese a que en este país el capítulo sobre derechos humanos parecía cerrado.
El actual comandante del Ejército argentino, Ricardo Brinzoni, pide un "foro de diálogo" para "cerrar heridas", pero con la condición de que haya "memoria completa" acerca de las responsabilidades pasadas de dirigentes políticos, militares y organizaciones de derechos humanos.
Por ese camino, los militares se ofrecerían a colaborar para esclarecer la verdad, aunque hasta ahora habían asegurado que no tenían información. Pero son pocas las organizaciones de derechos humanos dispuestas a aceptar condicionamientos. La presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, rechazó de plano la propuesta.
"Es inaceptable. No estamos de acuerdo ni con el diálogo ni con la reconociliación", dijo a IPS la representante de la organización de madres de desaparecidos identificada como la más intransigente entre todos los grupos de derechos humanos.
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay padecieron dictaduras con graves violaciones a los derechos humanos en un período que abarcó desde 1954 hasta 1990. La más cruenta fue la de Argentina (1976-1983), con un saldo de más de 10.000 desaparecidos.
Sin embargo, la resolución de los problemas cobró un ritmo diferente en cada uno de los países. Así, en Argentina, donde se había manifestado voluntad de juzgar a los militares en 1984 y hubo condenas, se sancionaron luego leyes de amnistía y más tarde un indulto.
Sin ningún compromiso de los militares con la verdad, los ex jerarcas de las Fuerzas Armadas quedaron libres por una decisión política que no tuvo apoyo de sector social alguno. En los últimos años, los procesos judiciales se reanudaron por el secuestro de niños y por el esclarecimiento de la verdad.
En 1984, mientras en Argentina eran condenados los comandantes que violaron los derechos humanos, en Chile al gobierno de Pinochet todavía le faltaban seis años para concluir, con un saldo de más de 1.100 desaparecidos.
Pinochet fue detenido en octubre de 1998 en Londres por pedido de la justicia española, que pretendía juzgarlo por delitos contra la humanidad. Retornó poco antes de que comenzara un nuevo gobierno, el encabezado desde marzo por el socialista Ricardo Lagos, decidido a completar la transición a la democracia.
La justicia chilena retiró los fueros de Pinochet, quien ocupa una banca vitalicia en el Senado, decisión que fue apelada luego. El desafuero permitiría juzgar al ex dictador por delitos contra los derechos humanos.
Lagos advirtió una y otra vez que no intervendría en los procesos judiciales, pero al mismo tiempo respaldó el diálogo que permitió a militares y civiles acordar soluciones para los problemas pendientes entre ellos, al margen de la figura de Pinochet.
Del mismo modo, el último cambio de gobierno en Uruguay sacó del estancamiento la relación entre las Fuerzas Armadas y la sociedad. En marzo, el mismo mes en que asumió, el actual presidente Jorge Batlle reveló al poeta argentino Juan Gelman que su nieta de 24 años, hija de desaparecidos, vive en ese país.
Gelman había realizado una campaña internacional para presionar al gobierno del antecesor de Batlle, Julio Maria Sanguinetti. Pero durante un año no sólo no pudo dar con el paradero de su nieta sino que el entonces presidente le aseguró que en ese país no había menores desaparecidos.
Apenas una semana después de fotografiarse junto a un emocionado Gelman, Batlle destituyó al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Manuel Fernández, por declaraciones en que reivindicó la represión militar de los años 70 y sugirió que podría reiterarse esa situación.
"A la larga o a la corta vamos a tener que pelear de nuevo porque las cosas están pasando de castaño a oscuro", advirtió Fernández en una entrevista periodística. Con un discurso de los 70, consideró "enemigos" actuales a maestros, sindicalistas y grupos a los que calificó de "marxista leninistas".
La dictadura de Uruguay (1973-1985) concluyó con unos 150 desaparecidos, la mayoría secuestrados en Argentina. Sin embargo, en 1986, el parlamento aprobó una ley de amnistía que fue confirmada luego en un referéndum en 1989, y los militares eludieron la condena.
Las dictaduras del Cono Sur estuvieron unidas por el Plan Cóndor, por el cual colaboraban entre sí intercambiando información sobre el movimiento de opositores y secuestrando personas que luego cruzaban las fronteras.
La participación de Brasil en este programa causó ahora un escándalo en ese país y removió las aguas que habían permanecido quietas después del final de la dictadura (1964-1985).
Los propios militares se amnistiaron allí en 1979, y en 1995 el gobierno democrático puso el cierre definitivo al declarar muertos a los desaparecidos. Entonces se indemnizó a los familiares de las víctimas y las Fuerzas Armadas se subordinaron al poder civil.
Pero en los últimos meses, la develación de documentos que involucraban a Brasil con el Plan Cóndor reflotó la cuestión de cómo proceder con el caso de tres argentinos desaparecidos en Brasil, una investigación por el esclarecimiento de la verdad iniciada en la justicia argentina.
El ministro de Defensa de Brasil, Geraldo Quinato, emplazó en mayo a las Fuerzas Armadas a buscar y entregar toda la información referida al secuestro y desaparición de los tres argentinos.
De esta manera, Argentina, Brasil y Uruguay, tres países que parecían tener cerrado el capítulo de las violaciones militares a los derechos humanos, ven reabrirse muchas de las causas cerradas bajo presión.
En cambio, en Chile, donde la transición estaba más demorada, parece haber dado un paso histórico para superar su pasado. (FIN/IPS/mv/mj/ip hd/00
