El principio de acuerdo alcanzado por el gobierno de Colombia con el rebelde Ejército de Liberación Nacional (ELN) para iniciar un diálogo de paz es considerado por expertos un viraje en la política oficial al respecto.
"La diferencia entre este acercamiento" y las negociaciones del presidente Andrés Pastrana con las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) "está en el planteamiento de los temas a tratar", explicó a IPS Luis Valencia, investigador de la estatal Universidad Nacional.
Pastrana anunció el lunes la próxima creación de una "zona de encuentro" sin presencia militar, en parte del norteño departamento de Bolívar y del noroccidental de Antioquia, para desarrollar conversaciones con el ELN, segunda fuerza guerrillera del país.
Valencia entiende que la disposición del gobierno y la sociedad civil para este diálogo con condiciones es "fruto de un análisis político que busca subsanar los errores cometidos en las negociaciones con las FARC", el más fuerte y antiguo grupo guerrillero colombiano.
Los puntos iniciales de la discusión con las FARC fueron el desempleo y la situación económica, mientras que al ELN se le propuso trabajar sobre el respeto al derecho internacional humanitario, con la presencia de autoridades civiles en la zona desmilitarizada y la verificación nacional e internacional del proceso.
Los delegados presidenciales y del ELN coincidieron, en principio, encargar la tarea de fiscalización para que no se cometan abusos contra la población civil a Alemania, Cuba, Costa Rica, España y Venezuela.
"Tomando como marco de referencia el proceso de paz de El Salvador" de comienzo de los años 90, con la inclusión del derecho humanitario a la cabeza del diálogo, "seguramente se trata de imponer límites a las acciones militares de las partes que intervienen en el conflicto", señaló Valencia.
El presidente Pastrana dijo este martes que "sigue firme" la intención de designar a los municipios de Cantagallo y San Pablo, en el departamento de Bolívar, y Yondó, en Antioquia, para el encuentro entre delegados gubernamentales y de la sociedad civil con el ELN.
En respuesta, habitantes del sur de Bolívar tomaron en forma pacífica la gobernación de ese departamento, mientras que pobladores de Yondó realizaron una reunión en la que se resolvió solicitar al gobierno que "la comunidad sea tomada en cuenta en este nuevo proceso de paz".
La policía informó que en Bolívar se espera la marcha de miles de personas hacia las fronteras municipales para protestar por la anunciada desmilitarización de la zona.
Esta será la segunda área de este tipo en el país, luego de que el gobierno retirara sus fuerzas de seguridad de unos 42.000 kilómetros cuadrados en el sur para desarrollar el proceso de paz con las FARC, formalizado el 7 de enero de 1999.
El ministro del Interior, Néstor Martínez, atiende desde el lunes en su despacho a las autoridades departamentales y municipales de Bolívar, en largas sesiones a las que llamó "la socialización del proceso".
Los municipios de Cantagallo, San Pablo y Yondó abarcan unos 5.000 kilómetros cuadrados a orillas del Río Magdalena y entre sus principales actividades económicas se cuentan la ganadería y la explotación petrolera, dependiente ésta de la refinería del puerto de Barrancabermeja.
Los paramilitares de derecha de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que dirige Carlos Castaño, manifestaron el lunes su descontento con el anuncio del retiro militar en Bolívar, en carta enviada al comisionado presidencial para la paz, Víctor Ricardo.
"No se puede devolver al ELN un territorio que ya fue recuperado por nosotros", afirmaron.
Valencia opinó que la oposición de las AUC "es peligrosa" y le da "un aire de incertidumbre" al proceso con el ELN, porque "el ejército no puede garantizar la ausencia de paramilitares en Bolívar y Antioquia", territorios donde tienen mayor presencia.
Sin embargo, Pastrana dijo que el Río Magdalena "no formará parte de la zona de encuentro", ya que estará vigilado por un batallón fluvial del ejército.
Por su parte, el procurador general de la nación, Jaime Bernal, se declaró optimista por el curso que lleva el principio de acuerdo con el ELN, ya que "la presidencia está dedicando todo el interés necesario para alcanzar un eficaz entendimiento".
Bernal, quien forma parte de la comisión facilitadora para el diálogo gobierno-ELN, espera que Pastrana haga una valoración de la última reunión que sostuvo el domingo con portavoces de la guerrilla en una zona rural de Bolívar, acompañado del embajador de Colombia en Cuba, Julio Londoño.
"Es prematuro acelerar expectativas" alrededor de la Convención Nacional, "pero hay proximidad" para dar paso a algunos aspectos indispensables de estudio como el derecho internacional humanitario, asunto que es fundamental en la agenda de negociación y "el más reclamado por los ciudadanos", dijo..
A su vez, Valencia explicó que "este nuevo intento de negociar la paz" constituiría para el gobierno "el triunfo de poder mostrar hechos concretos" en esta materia, mientras que a los 5.000 hombres del ELN les representaría "alcanzar el primer pacto efectivo de acercamiento con el Estado en su historia".
"Este es el gran avance" hacia la consolidación de una política de negociación, que el ELN va a aceptar porque "un aplazamiento indefinido de la zona de despeje y de la convención nacional le hará perder protagonismo", aseveró.
La idea de realizar una convención nacional del ELN con el gobierno y la sociedad civil colombiana surgió en el llamado Pacto de Maguncia, celebrado en Alemania en junio de 1998.
Las conversaciones entre el gobierno y el grupo rebelde fueron congeladas el 14 de febrero por la negativa de Bogotá a desmilitarizar cinco municipios de Bolívar, requisito exigido entonces por el ELN.
Entre las citas concretadas desde mediados de 1999 entre las partes se cuentan dos realizadas en Caracas y cuatro en La Habana. (FIN/IPS/mjll/dm/ip/00
