El gobierno de México derogó las nuevas funciones de proveedor de publicidad de la agencia oficial de noticias, decisión que desactivó protestas locales y la preocupación de la Sociedad Interamericana de Prensa.
La Secretaría (ministerio) de Gobernación (interior) anunció el martes por la noche que dejó sin efecto las facultades de Notimex para servir de intermediaria en la venta de publicidad de dependencias estatales.
El gobierno de Ernesto Zedillo había dispuesto por decreto, el 31 de enero, sumar estas tareas publicitarias al trabajo habitual de Notimex como agencia internacional de noticias.
Ese nuevo papel fue adoptado con apego a la legalidad, sin embargo, al evaluar "las legítimas inquietudes de diversos sectores", el gobierno optó por derogar el acuerdo respectivo, indicó la Secretaría.
De esta manera, las autoridades pretenden "contribuir al clima de certidumbre de que la comunicación en el país se expresa en un ambiente que privilegia la libertad de expresión, de prensa y el derecho a la información" en el momento actual, agregó.
Cerca de 60 millones de mexicanos fueron convocados a participar el 2 de julio en las elecciones presidenciales más reñidas de la historia del país, gobernado desde hace 71 años por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Medios de información, agencias publicitarias y expertos de la comunicación advirtieron en los últimos días de los riesgos de que se creara un monopolio en el mercado publicitario, al que Notimex ingresaba con ventajas.
El episodio que envolvió a la agencia oficial "volvió a poner sobre la mesa la necesidad de una mayor transparencia en el gasto del gobierno en materia de publicidad", dijo a IPS Romeo Pardo, investigador del Departamento de Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
"El dinero que las autoridades destinan para propaganda constituye una auténtica caja negra para la sociedad, que ignora cuánto gasta en ese rubro", explicó.
El experto recordó que organizaciones no gubernamentales reclaman la creación de un centro ciudadano encargado de vigilar los recursos públicos canalizados a publicidad.
Una organización civil y plural "es indispensable para quitar el carácter discrecional en el manejo presupuestal de esos gastos del gobierno, habituado a favorecer o castigar a los medios" por esta vía, señaló Pardo.
La facultad que se le había dado a Notimex para decidir el destino de la publicidad estatal, incluso condonando 15 por ciento del pago, "abría grandes espacios para que esa agencia, deficitaria en su presupuesto, acaparara superpoderes", opinó.
Pardo agregó que "lo conveniente para el país es que se ejerza una libertad regulada por un código de ética, sobre la base de la transparencia".
Pero "resultaba difícil descartar un manejo discrecional en el mercado de la publicidad por parte de una agencia con una historia marcada por la parcialidad en materia informativa", sostuvo.
El investigador subrayó que Reforma, un diario con siete años de circulación y que subsiste con propaganda privada, en contraste con gran cantidad de medios que dependen de la publicidad estatal, fue el primer medio en someter a discusión el nuevo papel que se le había otorgado a Notimex.
"En la era de la información, en la que campañas políticas se deciden no tanto por el contacto de los candidatos con la ciudadanía sino por su presencia en los medios, las precauciones de neutralidad de los comunicadores deben extremarse", dijo el diario.
Reforma, en una nota de primera plana titulada "El precio de la libertad", hizo público su rechazo a aceptar el nuevo esquema de anuncios publicitarios a través de Notimex, por considerar que comprometería la labor informativa.
Antes de conocer la decisión de la Secretaría de Gobernación, la reunión de directores de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), realizada el lunes y el martes en el puerto mexicano de Cancún, aprobó una resolución que pedía al gobierno disolver o vender Notimex.
La SIP sustentó esa solicitud en el hecho de que el Estado mexicano financia "con dinero de los contribuyentes una supuesta agencia de noticias, que ampliará sus actividades y será agencia de publicidad".
La resolución de la SIP provocó otra discusión en torno a las atribuciones de ésta para formular planteamientos de esa naturaleza.
Antonio Ornes, director del diario dominicano El Caribe, afirmó en Cancún que la SIP carece de facultades para pedir al gobierno de México que haga desaparecer su agencia de noticias.
Mientras, el investigador de la UAM instó a la opinión pública del país a no perder de vista que, además de "credibilidad, algunos medios, como Reforma, están ganando una posición de liderazgo y de enorme poder". (FIN/IPS/pf/dm/ip hd cr/00
