El Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos avaló la cooperación de Perú en la lucha contra el narcotráfico en 1999, a pesar de las críticas que la política antidrogas del gobierno de Alberto Fujimori recibe dentro de su país.
Productores de coca denuncian abusos de las autoridades en el proceso de erradicación de cultivos, mientras expertos advierten que, si bien se reduce la venta a Colombia de pasta básica, uno de los insumos de la cocaína, aumenta la producción y el consumo locales de la droga procesada.
El proceso de "certificación" culmina cada año con la calificación que establece de manera unilateral el gobierno de Estados Unidos a la cooperación contra el narcotráfico en países productores de drogas.
Se trata de un instrumento de presión política, pues la certificación es una condición indispensable para que esos países reciban cooperación financiera de Estados Unidos y de las entidades multilaterales de crédito en las que el voto de Washington es decisivo.
Coletta Youngers, responsable del programa para la Región Andina de la no gubernamental Oficina sobre América Latina en Washington, dijo el miércoles que la certificación socava el objetivo de las políticas de cooperación, pues enfrenta a los países latinoamericanos con Estados Unidos y entre ellos.
Hasta hace dos años, Perú era el principal productor mundial de coca, un arbusto de cuyas hojas se extrae la pasta básica de cocaína, que se procesa químicamente para producir clorohidrato de cocaína, la forma mas desarrollada y cara del alcaloide.
Ese lugar es ahora ocupado por Colombia, seguido por Bolivia, y Perú es ahora el tercer productor mundial.
Según el Departamento de Estado norteamericano, en 1999 fueron erradicados 15.000 hectáreas de cultivos de coca en territorio peruano, lo que significa una reducción de 66 por ciento de la extensión sembrada años atrás.
La "certificación" de Washington a la política antidrogas peruana es objeto de polémicas en este país, y no solo por las criticas y denuncias de expertos y organizaciones campesinas sobre los procedimientos utilizados en la erradicación de los cultivos ilegales.
Un incidente diplomático entre Perú y Colombia alimentó el debate.
El presidente Fujimori protestó porque, a pesar del éxito de su gobierno en la lucha contra las drogas, Estados Unidos concede a Perú menos ayuda económica que a Colombia, país a cuya política antidrogas calificó de blanda e ineficiente.
Las declaraciones del presidente peruano recibieron como réplica una nota de protesta diplomática de la cancillería colombiana, que las consideró una intromisión en asuntos ajenos a su país.
Según fuentes próximas al gobierno peruano, Fujimori habría expresado luego a Colombia de manera reservada que no pretendía descalificar la política colombiana si no criticar el monto de la cooperación estadounidense a Lima.
"Estamos soportando no solo la mayor parte de los costos de la guerra contra las bandas internacionales de narcotraficantes, sino también los costos en pérdidas humanas", sostuvo la fuente, que pidió no ser identificada.
Por su parte, representantes de los campesinos de las zonas productores de coca denuncian que el gobierno peruano utilizó procedimientos ilegales, como el empleo de defoliadores prohibidos internacionalmente, para reducir las plantaciones cocaleras.
El mismo miércoles en que el Departamento de Estado hacía conocer la certificación de Perú, se reunieron en Tocache, ciudad de la selva central peruana, representantes del Consejo Andino de Productores de Hoja de Coca, para denunciar los procedimientos aplicados por el gobierno para erradicar sus cultivos.
Eugenio Rojas, delegado de los productores de la zona de Marona, denunció que helicópteros de la policía habían arrojado "polvos irritantes y amargos que resecan todos los cultivos, no solo los de coca".
Rojas y Clementina Huamán, delegada de las mujeres campesinas de la zona, señalaron que la policía impidió por la fuerza que trataran de salvar sus cultivos, arrojándoles bombas lacrimógenas.
Felix Human, vicepresidente de los campesinos de la zona del Alto Huallaga, afirmó en la reunión que el gobierno no ofrece alternativas reales para sustituir los cultivos de coca por otros lícitos.
"Los campesinos de la zona se debaten en una difícil situación económica. La pérdida de los cultivos trae consigo el incremento de la desnutrición y la tuberculosis", dijo.
El 20 de febrero, los campesinos del valle de Monzón se enfrentaron en una asamblea con el director regional del Ministerio de Agricultura, Donald Espinoza, quien admitió que se habían fumigado los campos de coca en la zona con un hongo que ataca las hojas.
Pero, según los campesinos, "el hongo no discrimina, pues ataca por igual las plantaciones de plátano, yuca y maíz".
Tanto en Morán como en Tocache, los dirigentes campesinos advirtieron que lucharan contra la erradicación violenta de sus plantaciones y advirtieron que podrían recrudecer las jornadas violentas que se produjeron en la selva central años atrás.
Por su parte, los expertos independientes Roger Rumrrill y Luis Lamas Puccio sostuvieron que si bien se ha reducido la extensión sembrada de coca en Perú, el procesamiento y la comercialización interna de cocaína han aumentado en los dos últimos años.
Rumrrill, consultor en cuestiones de narcotráfico y asuntos de la selva de varias organizaciones internacionales, hace notar que la interdicción aérea del tráfico de cocaína a Colombia ha generado que aumente la venta de esta droga en el mercado local.
"Estados Unidos aplaude la disminución en su mercado la presencia de la cocaína procedente de Perú, pero no toma en cuenta, porque no le interesa, que de la pasta básica de cocaína que antes se exportaba a Colombia ahora se produce localmente el clorohidrato de cocaína ", dice Rumrrill.
"Ese incremento del procesamiento compensa a las bandas locales de la disminución global sufrida en su tradicional mercado, Estados Unidos, y los excedentes se evenden ahora en Lima", añade.
"No se pueden medir procesos por partes, ni aplaudir éxitos aislados, sin tomar en cuenta los resultados sociales totales", concluyó Rumrril.
Para el abogado Luis Lamas Puccio, los resultados de la política de erradicación de cultivos de coca son vulnerables, "pues reducir los cultivos puede encarecer el producto y convertirlos nuevamente en rentable, a pesar de los riesgos del comercio ilegal". (FIN/IPS/al/mj/ip/00
