Los mercenarios de todo el mundo continúan respondiendo a métodos tradicionales de reclutamiento y también a nuevas modalidades, como contratos con compañías privadas de seguridad militar, sostuvo el máximo experto de la ONU en la materia.
El informe del relator especial de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) sobre mercenarios, Enrique Bernales Ballesteros, dedicado en gran parte a los ataques de mercenarios contra el sector turístico de Cuba, recomendó a los estados que reformen sus legislaciones para castigar esas actividades.
En el documento preparado para la sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que comenzará este lunes, el experto pidió a los estados que incorporen a su legislación penal la tipificación de los actos de mercenarios como delito.
La calidad de mercenario debe ser considerada por las normas penales como una circunstancia agravante en la comisión de otros actos delictivos, propone el informe que la Comisión analizará en su período anual de sesiones, que concluye el 28 de abril.
La Comisión encomendó por primera vez en 1987 a un relator especial que examinara la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y de impedir el ejercicio de los pueblos a la libre determinación.
Bernales solicitó a la ONU que efectúe estudios y divulgue información sobre los efectos adversos de las actividades mercenarias en el goce de los derechos humanos y en el ejercicio de la libre determinación.
Los mercenarios, dijo, ofrecen con frecuencia como una ventaja comparativa de sus servicios la gran eficiencia militar que suele caracterizarlos y también el hecho de que no se sienten obligados a respetar los derechos humanos o las normas del derecho humanitario internacional.
El informe recomendó a la Comisión que condene el reclutamiento, la contratación, el entrenamiento y la financiación de mercenarios para efectuar ataques con bombas, como ocurrió en La Habana en 1997.
Mediante el empleo de mercenarios se violó el derecho a la vida, a la integridad y a la seguridad de los residentes en la capital cubana y de los turistas que la visitaban, dijo Bernales.
El relator de la ONU llegó a la conclusión de que el ataque, que cobró la vida de un turista italiano, fue concebido, planeado, preparado y financiado desde el exterior y sin contar con apoyo interno, por lo cual se deduce que "fue un intento por violar el derecho del pueblo cubano a la libre determinación".
En su visita oficial a Cuba, en 1999, Bernales entrevistó en la cárcel a los mercenarios de nacionalidades salvadoreña y guatemalteca que declararon su arrepentimiento y colaboraron con los investigadores cubanos para impedir y descubrir una campaña de más atentados.
Los dos salvadoreños, Raúl Ernesto Cruz León y Otto René Rodríguez Llerena, han apelado la condena a muerte que les dictó la justicia cubana.
El relator de la ONU, que declaró sus convicciones personales opuestas a la pena capital, manifestó en el informe su esperanza de que se garantice la clemencia a los reos y se les conmuten las sentencias.
Los atentados cometidos por los mercenarios fueron dirigidos contra el sector turístico, elegido por ser la primera fuente de ingresos de Cuba, que en 1990 recibió 340.000 turistas y en 1999, a 1.700.000, dijo el informe de la ONU.
La Asamblea General de la ONU aprobó hace 10 años la Convención Internacional contra el Reclutamiento, Empleo, Financiación y Entrenamiento de Mercenarios, pero hasta el presente solo ha sido ratificada por 19 estados.
El tratado requiere la adhesión de 22 países para entrar en vigor. Cuba no figura entre las 19 naciones adheridas.
En otro plano, Bernales recomendó el establecimiento de acuerdos internacionales para regular las actividades de las empresas que prestan servicios internacionales y nacionales de seguridad militar.
El informe se ocupa de las compañías que proveen asistencia militar y servicios de seguridad, y concluye que la intervención de esas firmas en conflictos armados y en el reclutamiento y la contratación de mercenarios perjudica al orden internacional y no debe ser tolerada.
De ese mismo ángulo se ocupó también el académico canadiense Kim Richard Nossal, en un artículo divulgado esta semana por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en su publicación titulada "Guerra, dinero y sobrevivencia".
Nossal observó que los "mercenarios vagabundos", característicos en los conflictos de Africa en los años 60 y 70, aparecieron apenas de manera ocasional en los 90, en particular en la antigua Zaire, la actual República Democrática de Congo.
En la escena internacional irrumpe ahora un actor más común, la compañía transnacional de seguridad o empresas militares privadas.
A diferencia de los "mercenarios vagabundos", estas transnacionales son un fenómeno de la postguerra fría, con una marcada fisonomía empresarial, dirigidas por administradores que no se involucran en los combates, describió el experto canadiense.
Como la mayoría de las demás empresas, estas compañías militares privadas se preocupan por tener buena imagen en la prensa y desarrollan sólidas actividades de relaciones públicas, explicó Nossal, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Hamilton, en Ontario.
Nossal indicó que a comienzos de los años 90 operaban numerosas transnacionales de seguridad en el mercado mundial.
Entre ellas, mencionó la firma sudafricana Executive Outcomes (EO), la estadounidense Military Professional Resources Inc. (MPRI) a Gurkha Security Guards, una firma británica que empleaba en su mayoría a ex soldados gurkhas del ejército británico.
Otra compañía con sede en Gran Bretaña, la Sandline International, tenía estrechos vínculos con EO, la compañía sudafricana conocida por sus exitosas actividades bélicas en Angola y Sierra Leona, explica el artículo publicado por la Cruz Roja.
Nossal sostuvo que el gobierno de Estados Unidos aprobó de buena gana el contrato que MPRI firmó a mediados de los años 90 para entrenar al ejército de Croacia. El autor dijo también que Washington se esforzó en lograr la expulsión de Angola de la sudafricana EO y la contratación en su lugar de la MPRI.
En otro plano, el documento de Bernales recoge también una comunicación del gobierno de Georgia que niega su participación en la conducción de actividades mercenarias pero admite que pueden ocurrir en los territorios hoy fuera de su control.
El gobierno de Georgia dijo que ciertos habitantes de Abjazia, que efectuaron actos terroristas y cometieron genocidio contra poblaciones de etnias georgianas habrían participado en el conflicto de Chechenia, en Rusia.
La misma comunicación agregó que mercenarios rusos intervinieron en los conflictos en las regiones georgianas de Abjazia y Osetia del Sur.
Estos mercenarios, procedentes del norte del Cáucaso, "contribuyeron al genocidio de la población de etnias georgianas y violaron la soberanía de Georgia".
El futuro del mandato del relator especial sobre mercenarios es incierto. El grupo de trabajo creado para racionalizar la labor de la Comisión no llegó a un acuerdo sobre la renovación del mandato en 2001, pero dejó abiertas todas las alternativas que consisten en la continuación, la reforma o la conclusión.
El no gubernamental Servicio Internacional para los Derechos Humanos, con sede en Ginebra, comentó que una mayoría de estados occidentales se inclinan por que el problema de los mercenarios salga de la órbita de la Comisión y sea tratado en el futuro por le Sexta Comisión de la Asamblea General de la ONU.
El Servicio estimó que los países africanos, inicialmente favorables al mandato del relator, se han mostrado menos entusiastas en los últimos tiempos, a partir de que los informes del experto de la ONU dieron cuenta de la existencia de contratos entre grupos mercenarios y gobiernos de ese continente.
En cambio, algunas organizaciones no gubernamentales reclamaron que el mecanismo del relator especial sobre mercenarios permanezca dentro de la competencia de la Comisión de Derechos Humanos. (FIN/IPS/pc/mj/hd ip/00
