La ejecución en China de un alto funcionario de gobierno fue solo una medida política destinada a convencer al público del compromiso de las autoridades con la lucha contra la corrupción, opinaron analistas y diplomáticos occidentales.
Además, la medida tuvo por finalidad obtener mayor apoyo de los delegados del Congreso Nacional del Pueblo hacia el informe anual del juez y el fiscal principales, consideraron analistas independientes.
Los delegados del parlamento de China, considerados "máquinas de alzar la mano", siempre aprueban por unanimidad sus decisiones, excepto cuando se relacionan con cuestiones de corrupción.
De hecho, la votación de los informes de la Corte Suprema del Pueblo se ha vuelto un rito anual en el que los delegados expresan desacuerdo con su evaluación de la corrupción, para disgusto de los líderes comunistas.
Los parlamentarios tienden a discrepar fuertemente siempre que las máximas autoridades judiciales entregan sus informes sobre crimen y corrupción.
Hace dos años, sólo 55 por ciento de los delegados aprobaron el informe, en expresión de disgusto hacia el generalizado abuso de poder.
Por esa razón, cuando Beijing anunció la ejecución de un alto funcionario corrupto, el pasado miércoles, muchos creyeron que el momento no fue mera coincidencia.
Hu Changqing, quien fuera vicegobernador de la provincia de Jiangxi, es el más alto funcionario de gobierno ejecutado por corrupción desde la fundación de China comunista, en 1949.
La ejecución tuvo lugar en la capital provincial de Nanchang luego que la Corte Suprema del Pueblo confirmó la sentencia de muerte.
Hu fue hallado culpable de aceptar sobornos y poseer bienes de procedencia desconocida, según un informe de la agencia estatal de noticias Xinhua.
Durante sus cuatro años de mandato como vicegobernador provincial, Hu abusó de su poder arreglando "ganancias ilícitas para algunas personas" y recibió el equivalente a 660.000 dólares en sobornos, de acuerdo con el informe.
"Ante un delincuente tan flagrante, sólo la pena de muerte es suficiente para defender la ley nacional, satisfacer la indignación popular, rectificar la ética del Partido y luchar contra la corrupción", comentó el día 9 el People's Daily, órgano oficial del Partido Comunista.
El periódico llamó a Hu "enemigo del pueblo" e intentó justificar plenamente la severa pena, que produjo varios cuestionamientos.
Luego que la corte municipal pronunció la sentencia de muerte el 15 de febrero, Hu apeló a la Alta Corte del Pueblo de la provincia de Jiangxi, pero ésta sostuvo el veredicto el 1 de este mes y el caso fue presentado a la Corte Suprema del Pueblo.
El veredicto final fue pronunciado el martes 7, y Hu fue ejecutado al día siguiente.
"El duro castigo de Hu Changqing de acuerdo con la ley sirve como advertencia para los líderes del Partido, para aquellos que todavía no corrigieron sus errores y para el público en general", agregó el People's Daily en su comentario.
"Parece una medida política deliberada", comentó un diplomático occidental en Beijing.
"No es posible que hayan investigado y verificado un caso tan complejo en sólo tres semanas. Sostienen que recibió sobornos en 87 ocasiones, pero sólo escuchar los testimonios sobre esos casos en un país democrático llevaría al menos un año", añadió.
Muchos residentes de Beijing creen que Hu fue utilizado como chivo expiatorio para demostrar la determinación de los líderes comunistas de combatir la corrupción que erosiona los cimientos del poder del Partido.
"Probablemente Hu no tenía un respaldo fuerte, y por eso lo atraparon y utilizaron como prueba de que la lucha contra la corrupción no es mera retórica", opinó Ling Ruixue, empleado de una compañía.
Convencer al público de la seriedad del combate a la corrupción no es tarea fácil para el gobierno, cuya imagen se vio empañada por la revelación de una organización multimillonaria de estafa y contrabando en la ciudad costera de Xiamen.
El contrabando incluyó equipos de telecomunicaciones, petróleo crudo, caucho, automóviles y cigarrillos por un valor total de 10.000 millones de dólares a lo largo de cinco años.
Aunque la investigación aún no terminó, las autoridades se aseguraron de que el caso no tuviera mayor difusión y de no implicar a altos funcionarios.
Fuentes chinas revelaron que entre los sospechosos se encuentra Lin Youfang, esposa de Jian Qinglin, secretario del Partido Comunista en Beijing considerado un protegido del presidente Jiang Zemin.
El gobierno comenzó a perder terreno en su publicitada lucha contra la corrupción cuando se corrió el rumor de que Jian Qinglin y su esposa no serían investigados para evitar un daño a la cúspide del partido.
"No pudieron castigar al jefe del Partido en Beijing ni a su esposa, pero tenían que castigar a alguien para salvar su prestigio", arguyó el diplomático occidental. (FIN/IPS/tra-en/ab/ral/mlm/ip/00
