Una investigación de la ONU acusó a los presidentes de Burkina Faso y de Togo, y a otros países africanos y europeos, de violar el embargo de armas que el Consejo de Seguridad impuso en 1993 a UNITA, el movimiento rebelde de Angola.
Se trata de la primera vez en la historia de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) que una investigación del foro mundial acusa a presidentes en funciones de violar un embargo de armas.
Una comisión del Consejo que investigó cómo UNITA puede mantener su máquina de guerra después del embargo acusa a altos funcionarios de gobierno y a fabricantes y traficantes de armas en dos continentes de canjear diamantes por armas, gasolina, uniformes y refugios.
En una instancia, la comisión denunció que el presidente de Togo, Gnassingbe Eyadema, recibió un "paquete de diamantes del tamaño de un pasaporte en nombre del (líder de UNITA Jonas) Savimbi", como "muestra de aprecio".
Togo proporcionó a UNITA (Unión para la Independencia Total de Angola) certificados falsificados que aseguraban que el país era el destino de las armas que en realidad se enviaban a baluartes del grupo rebelde en Angola, agregó la investigación.
El informe, presentado este miércoles al Consejo de Seguridad, también apuntó a Burkina Faso como el país que permitió el paso de armas procedentes de Europa oriental. El presidente Blaise Compaore recibió "importantes contribuciones" para sus campañas políticas", al igual que "pagos personales directos" de Savimbi.
Funcionarios de Ruanda son acusados de proporcionarle a UNITA lugares seguros para reunirse con vendedores de armas y negociar la venta de diamantes. El territorio que controlan los insurgentes en Angola cuenta con algunos de los yacimientos diamantíferos más ricos del mundo.
El ex presidente de Congo, Pascal Lissouba, habría permitido a UNITA guardar armas en el país para evitar el control de la ONU, para luego devolverlas gradualmente entre 1994 y 1998 al territorio angoleño en poder de los rebeldes, aseguró el informe.
Congo y Gabón también son fuentes de abastecimiento de gasolina de los rebeldes, según la investigación.
El fallecido dictador de Zaire (actual República Democrática de Congo), Mobutu Sese Seko, habría permitido a los rebeldes usar certificados falsos para trasladar y guardar armas y otras provisiones a cambio de diamantes y efectivo.
Un factor del lucrativo negocio de los rebeldes es "la facilidad con que los diamantes ilegales se pueden vender en el mercado internacional, sobre todo en el mercado más grande e importante, el de Amberes", agregó el informe.
La investigación denuncia la "incapacidad o falta de voluntad del gobierno belga… para vigilar el contrabando de diamantes ilegales angoleños al mercado" de la ciudad.
Hay evidencias que "apuntan en forma abrumadora a Bulgaria como la fuente… de la mayoría de las armas adquiridas por UNITA" y que fuerzas rebeldes son entrenadas en Ucrania.
Muchas de las tripulaciones que traen armas por vía aérea a Angola son ucranianas, según el informe. La mayoría de las armas proceden de países que antes pertenecieron al Pacto de Varsovia, integrado por aliados de la ex Unión Soviética.
El informe fue redactado por el embajador Robert Fowler, de Canadá, quien dirige el comité de sanciones sobre Angola del Consejo de Seguridad.
El Consejo de Seguridad impuso el embargo de armas contra UNITA en septiembre de 1993 después de que la fuerza rebelde reanudó la lucha al perder las elecciones frente al partido de gobierno del presidente José Eduardo dos Santos.
Se trató de la primera vez que se impusieron sanciones contra una entidad y no contra un estado.
El Consejo de Seguridad creó la comisión en mayo para "rastrear las violaciones en el tráfico de armas, el suministro de petróleo y el comercio de diamantes, así como el movimiento de los fondos de UNITA".
Una de las recomendaciones del informe seguramente generará críticas, ya que propone que el Consejo "sancione a líderes y gobiernos que violaron en forma deliberada las sanciones pertinentes al suministro de armas y equipo militar a UNITA".
No obstante, los representantes de los países nombrados tendrán la oportunidad de responder a las acusaciones. Bulgaria, Burkina Faso, Ruanda y Togo negaron su responsabilidad en el asunto. El vicepresidente ruandés Paul Kagame "rechazó categóricamente las acusaciones".
Gran parte de la información de la investigación se basó en el testimonio de desertores de UNITA, pero la comisión señaló que "tuvo especial cuidado a la hora de usar sólo información que ha sido confirmada o corroborada por más de una fuente". (FIN/IPS/tra-en/jw/da/aq/ip/00
