El Banco Mundial puede frenar la destrucción de bosques en países en desarrollo, si exige reformas de política forestal como contrapartida de préstamos para ajuste estructural, señaló un informe del Instituto de Recursos Mundiales (WRI).
En el informe, titulado "Las condiciones correctas" y dedicado a la situación en Camerún, Indonesia, Kenia y Papúa-Nueva Guinea, se afirmó que el banco debería usar su influencia para estimular el desarrollo de políticas forestales nacionales, esenciales para resolver el problema.
Funcionarios corruptos asociados con la industria maderera a menudo logran bloquear los esfuerzos de reforma forestal, indicó el grupo ambientalista.
Si el banco impone "condiciones correctas" para otorgar préstamos puede inclinar la balanza hacia el lado de los reformistas y contribuir a la derrota de los interesados en la explotación maderera no sustentable, explicó.
No obstante, los autores del informe comentaron que es inusual que se impongan esas "condiciones correctas", acompañadas de fuerte apoyo interno del banco.
El informe se divulgó tras de la evaluación del propio banco sobre sus 10 años de política forestal, en la cual se admitió que esa política contribuyó en forma "insignificante" a reducir la deforestación en países en desarrollo.
Indonesia es una de las naciones en las cuales el banco, a menudo en forma coordinada con el Fondo Monetario Internacional, trató de impulsar reformas de la política forestal mediante condiciones en sus préstamos para ajustes estructurales.
Las selvas del archipiélago indonesio han sido afectadas en forma grave por la incesante nivelación de terrenos, que destruyó millones de hectáreas de bosques.
Cuando Indonesia sufrió las consecuencias de la crisis financiera asiática en 1997, el banco aprovechó la situación para exigir reformas a cambio de un préstamo de emergencia, y obligó a desmantelar el monopolio forestal controlado por Bob Hassan, un allegado al ex presidente indonmesio Alí Suharto, señaló el WRI.
La institución financiera exigió que el gobierno redujera las áreas forestales disponibles para la explotación e iniciara un proceso de consultas múltiples para que todas las normas y reformas propuestas pudieran ser discutidas en forma pública.
En diciembre de 1998, cuando el banco consideró que el progreso de las políticas de reforma forestal era insuficiente, suspendió el préstamo de 400 millones de dólares a Indonesia, pero liberó los fondos apenas el gobierno anunció sus "Normas de administración de la producción forestal", en enero de 1999.
En Papúa-Nueva Guinea, las condiciones planteadas como contrapartida de préstamos para auste estructural lograron consolidar políticas de control de la intensiva explotación maderera, con el apoyo de fuerzas reformistas que participan en el gobierno, señaló el WRI.
Durante varios años se evitaron reiterados intentos por parte de poderosos intereses madereros para abolir esas reformas, acotó.
Frances Seymour, directora del Programa de Instituciones y Gobierno del WRI y coautora del informe, dijo que ese ejemplo pone en tela de juicio la noción convencional que el banco sólo debería apoyar a los gobiernos comprometidos en forma total con las reformas forestales.
La institución financiera no debe "ignorar a los combativos reformistas de muchos países en desarrollo, quienes pueden verse fortalecidos si el banco presta atención a los problemas de mala administración forestal", explicó.
El informe elogió algunos logros del banco en su política de impulsar reformas forestales, pero apuntó que el nuevo enfoque sólo será aplicado con pleno éxito si la institución cambia la manera en que negocia sus préstamos.
En Camerún, por ejemplo, el banco comenzó a implementar una gran iniciativa en 1989 para mejorar la administración de bosques, vinculando los préstamos para ajustes estructurales con la política forestal.
Las negociaciones finalizaron en 1994 con la aprobación de una Ley Forestal que redujo las potestades gubernamentales para otorgar indiscriminadas concesiones de explotación maderera.
Esa ley reconoció el derecho de las comunidades locales a beneficiarse de la explotación maderera en sus territorios, por primera vez en Africa central.
Sin embargo, el WRI señaló que el gobierno renegó de sus compromisos en numerosas oportunidades y recibió señales contradictorias del Banco Mundial. Tras una licitación de concesiones realizada en 1997, en forma contraria al espíritu de la ley de 1994, el banco se encontró en un dilema, apuntó.
Por una parte, "la credibilidad del banco exigía que hiciera responsable al gobierno por las irregularidades de la licitación, pero por otra parte la institución no quería perjudicar su diálogo con las autoridades sobre reformas económicas clave", explicó.
El banco prefirió no provocar una posible crisis política, pero perdió una oportunidad muy valiosa para reforzar la política de reformas forestales.
Un problema similar surgió en Kenia, donde el personal del banco propuso un préstamo destinado en forma exclusiva a reformas de la política ambiental, e intentó incluir a representantes de la sociedad civil en discusiones relacionadas con ese proyecto.
La iniciativa se vió desbaratada por falta de un liderazgo adecuado en Kenia y de un respaldo consistente dentro del banco, al igual que en Camerún, pero no desacreditó el concepto de "ajuste ambiental", según el WRI.
Navroz Dubash, el otro autor del informe, afirmó que el banco debe ampliar los objetivos de sus préstamos de ajuste estructural, para que incluyan asuntos ambientales, equidad y buen gobierno, e identificar a los actores locales interesados en las reformas.
Para lograr un consistente apoyo a las reformas dentro del banco es preciso brindar nuevos incentivos y recursos a los funcionarios, y eso "requerirá cambios en las políticas, en el personal y los sistemas presupuestarios", apuntó. (FIN/IPS/tra- eng/dk/da/ego/mp/en if/00)
