Grupos ambientalistas estadounidenses lanzaron una nueva campaña para detener las perforaciones de un gigante petrolero en territorio indígena al noreste de Colombia, y apelaron a uno de sus mayores accionistas.
Los activistas quieren que Fidelity Investments, una de las mayores administradoras de fondos de inversión, urja a la firma petrolera Occidental Petroleum Corporation (también llamada Oxy), con sede en Los Angeles, a abandonar un proyecto petrolero en un territorio reclamado por indígenas u'wa.
Los u'wa de la región, que suman unos 5.000, consideran que el petróleo es "la sangre de la madre tierra" y amenazan con cometer suicidio colectivo si prosiguen las operaciones para extraerlo.
"Pedimos a Fidelity, principal inversor en Oxy, que cumpla su promesa de invertir 'en forma responsable' y evite una innecesaria tragedia humana y ambiental antes de que sea demasiado tarde", se expresó en una carta enviada por ocho grupos ambientalistas al Consejo de Administración de la firma.
Entre los firmantes estuvieron los grupos Alianza Amazónica, Amigos de la Tierra, Fondo de Defensa Legal para la Justicia con la Tierra, Red de Acción de Selvas Tropicales y Vigilancia del Amazonas.
Fidelity Investments, con sede en Boston, controla más de 30 millones de acciones de Occidental, por valor de unos 700 millones de dólares.
Su participación en el paquete accionario varía de año a año, pero Fidelity se ha mantenido como el mayor accionista o uno de los tres principales, lo cual le confiere entre ocho y 12 por ciento del control de la compañía, indicó la Red de Acción de Selvas Tropicales, con sede en California.
"Si Fidelity decide intervenir en la cuestión del territorio u'wa, Oxy escuchará", apuntó Patrick Reinsborough, coordinador de los grupos de base de ese grupo ambientalista.
En la carta se advirtió que los ambientalistas lanzarán el 1 de marzo una "impactante campaña internacional" contra la administradora de fondos, si para esa fecha ésta no ha hecho una de dos cosas: convencer a Occidental de que cancele el proyecto, o vender sus acciones en la compañía petrolera.
En esa campaña mundial se denunciaría a los accionistas de Occidental que retengan sus acciones en la compañía pese al controvertido proyecto en Colombia.
"Esperamos tener la oportunidad de elogiar a Fidelity por su desinversión en Oxy y su compromiso de apoyar los derechos humanos y la protección ambiental" se indicó en la carta. Hasta ahora no hubo respuesta de Fidelity a los activistas.
Mientras tanto, los u'wa deciden si apelarán al gobierno, que autorizó a Occidental a perforar en un área conocida como Bloque Samoré, ubicada a sólo cinco kilómetros de los límites de la reserva u'wa en las selvas tropicales andinas, cerca de la frontera con Venezuela.
El gobierno amplió en agosto la reserva u'wa, de 61.000 a 220.200 hectáreas, pero los indígenas consideran que todo el Bloque Samoré, incluyendo áreas que legalmente no pertenecen a la reserva, son un territorio sagrado ancestral que debe ser preservado.
Tras recibir la licencia, Occidental informó que comenzará las perforaciones este año, y el consejo comunitario de ancianos u'wa anunció que cuando la firma lo haga decidirá el momento en que los indígenas cometerán suicidio en masa.
En el siglo XVII, todos los integrantes de una comunidad u'wa se arrojaron desde un precipicio y perecieron para no quedar bajo la autoridad de misioneros católicos y recaudadores de impuestos provenientes de España.
En un pacífico acto de protesta, 200 nativos u'wa han establecido una colonia permanente desde noviembre sobre el punto exacto donde se prevé perforar el primer pozo exploratorio de Occidental, conocido como Gibraltar 1.
"Exigimos que el gobierno colombiano y Oxy nos dejen en paz y, de una vez por todas, cancelen el proyecto petrolero en esta área", declaró Roberto Perez, presidente del consejo tribal de la Autoridad Tradicional u'wa.
Los nativos temen que la violencia en el territorio aumente si aumenta la explotación del petróleo. En el contexto de la guerra civil que azota el país, las instalaciones petroleras son un blanco preferido de los guerrilleros izquierdistas, y las firmas las transformaron en fortalezas.
El 15 de diciembre, los insurgentes atacaron la población de Cubara, donde está situada la oficina de la Autoridad Tradicional u'wa. La comisaría y 28 viviendas fueron destruidas, murieron tres policías y diez civiles resultaron heridos.
La oficina de la Autoridad Tradicional u'wa quedó intacta, pero aquel ataque fue considerado un claro presagio de la violencia que acompañará la expansión de las operaciones petroleras si continúa la cruenta guerra civil.
El oleoducto Caño Limón, de Occidental, al norte de la reserva u'wa, fue atacado por la guerrilla más de 600 veces en sus 13 años de existencia.
Los ataques causaron el derrame del equivalente a más de 1,7 millones de barriles de crudo en el agua y el suelo, según Proyecto Subterráneo, un grupo internacional de vigilancia de la actividad minera con sede en California.
El gobierno decidió proteger las instalaciones petroleras y empleó para ello a grupos paramilitares de extrema derecha famosos por sus violaciones de los derechos humanos, incluyendo el asesinato de civiles indefensos.
Tres ciudadanos estadounidenses que participaban en un proyecto cultural con los u'wa fueron asesinados en marzo por integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el principal grupo insurgente. (FIN/IPS/tra-en/dk/ks/ego/mp/en hd/00)
