La Unión Europea (UE) descartó las protestas de organizaciones de derechos humanos y anunció que levantará el embargo de armas que impusiera hace cuatro meses contra Indonesia.
La decisión se basó en los "cambios históricos" ocurridos en Indonesia y en las gestiones del gobierno indonesio "para fortalecer la democracia, reformar los sistemas militar y judicial, y resolver sus conflictos internos a través del diálogo en lugar de por la fuerza", señaló una declaración de la UE.
Las exportaciones de armas a Indonesia se regirán a partir de ahora por el Código de Conducta de la UE, que exige que los 15 estados miembros no le vendan armas a un país donde se constaten "claros riesgos" de que se usen para la represión interna.
El día 14, la organización Amnistía Internacional, con sede en Londres, solicitó a la UE que no reanudara "la venta de armas (…) que probablemente se usaran para cometer violaciones de derechos humanos en Indonesia".
"Al hacerlo, la UE correrá el riesgo de condenar a más gente a las violaciones de los derechos humanos (…) de una fuerza de seguridad equipada con armas manufacturadas en Europa", advirtió la organización.
Ahora que la seguridad retornó a Timor Oriental, el territorio ocupado por Yakarta en 1975 que optó por la independencia el año pasado, "en partes de Indonesia se reiteran modelos similares de intimidación y matanzas que asombraron al mundo y llevaron a la UE a imponer sanciones militares contra Indonesia".
"¿En este volátil período de transición política, cómo puede confiar la UE de que las ventas de vehículos blindados de transporte de personal, metralletas y equipos de seguridad interna no se utilizarán para violar los derechos humanos?", preguntó Amnistía Internacional.
El 30 de agosto, casi 80 por ciento de los electores de Timor Oriental eligieron independizarse de Indonesia tras 24 años de ocupación.
Pocos días después, milicianos antiindependentistas, con el apoyo de los militares indonesios, obligaron a miles a huir mediante el asesinato de partidarios de la independencia, el saqueo y el incendio de viviendas, iglesias y edificios públicos.
Así mismo, en las últimas semanas, cruentos enfrentamientos entre cristianos y musulmanes provocaron cientos de muertes en las islas Molucas, situadas a 1.600 kilómetros al noreste de Bali. Ambos bandos acusaron al gobierno de apoyar directamente a sus adversarios.
"Es imperativo que el gobierno aclare las cosas", declaró Joe Saunders, de Human Rights Watch (HRW), la principal organización de derechos humanos de Estados Unidos.
El gobierno sostiene que más de 1.300 personas murieron a raíz de la violencia desatada hace un año, pero los grupos de derechos humanos aseguran que la cifra es mayor.
La organización humanitaria Médicos sin Fronteras denunció que más de 100.000 personas fueron desplazadas por el conflicto en la región de las Molucas y que al menos 80.000 más huyeron a las vecinas islas Sulawesi.
HRW divulgó en diciembre el informe "Timor Oriental: Expulsiones Forzadas a Timor Occidental y la Crisis de Refugiados", basado en entrevistas con más de 100 timorenses refugiados en centros de tránsito en Dili, la capital de Timor Oriental.
El informe documenta los obstáculos que tienen los refugiados timorenses en Timor Occidental y otras partes de Indonesia para retornar a Timor Oriental.
Entre ellos están las amenazas de muerte contra familias que pretenden abandonar la isla, ataques contra vehículos que retornan a Timor Oriental y la desinformación, divulgada por las milicias antiindependentistas, que pinta a Timor Oriental como un lugar peligroso y en caos.
El Parlamento Europeo pidió al gobierno indonesio el domingo 16 que encuentre una solución pacífica a la situación en Aceh, las islas Molucas, Papúa Occidental y otras partes conflictivas de Indonesia o próximas a ella.
La resolución insta a las autoridades a llevar ante la justicia a los responsables de las violaciones contra los derechos humanos en esos territorios y en Timor Oriental. (FIN/IPS/tra- en/bk/sm/mn/aq/ip-hd/00
