Miles de policías de la capital de México amenazan con paralizar sus actividades, en reclamo de aumento de salarios y del fin de actos de corrupción cometidos por sus propios comandantes en perjuicio de sus ingresos.
En un clima de gran tensión, cientos de agentes de la Policía Auxiliar de la ciudad de México realizaron el lunes una concentración que bloqueó calles y accesos a la sede del gobierno local, para exigir la renuncia del secretario de Seguridad Pública, Alejandro Gertz, y de 26 comandantes.
Los 40.000 efectivos de la Policía Auxiliar, cuerpo creado en 1988, aseguran no haber recibido ningún tipo de prestación social por concepto de servicios médicos, vivienda de interés social ni becas o pagos de compensación en caso de retiro, entre otros rubros.
La asociación civil Servicios Especiales Administrativos (Seasa), creada para brindar servicios sociales a los agentes auxiliares, inclumple sus obligaciones hace 11 años y en complicidad con directores y comandantes, según denunció el propio Gertz.
Seasa se convirtió en una empresa que maneja bienes destinados a los servicios de seguridad, como patrullas y uniformes, en una de las ciudades más grandes y violentas del mundo.
La compañía retiene 1,5 por ciento de los ingresos totales de los policías, que son mantenidos al margen de la administración de su dinero.
Al momento de su ingreso a la Policía Auxiliar, los agentes firman un documento en el que otorgan poderes amplios a sus respectivos comandantes para encargarse de los asuntos referidos a la asociación, de acuerdo con la denuncia.
Los agentes demandan conocer el destino de unos 240 millones de dólares facturados a Seasa y la aplicación de prestaciones sociales, como prometió el secretario Gertz.
Algunos de los manifestantes revelaron que aun cuando firmaron recibos por concepto de aguinaldo de 180 dólares, sólo les entregaron 170.
Gertz, nombrado secretario de Seguridad Pública por el gobierno municipal a cargo del centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática, sostuvo que las autoridades judiciales llevan a cabo las gestiones necesarias para sancionar a los 26 comandantes supuestos responsables del desfalco.
En la ciudad de México, donde 18 personas mueren cada día a causa de la violencia, el combate a la delincuencia es emprendido por un policía o agente investigador cada 3.150 habitantes y por un juzgado penal cada 115.000.
Esa situación se agrava debido a que la opinión pública considera que en todos los cuerpos policiales trabajan agentes corruptos, a los que se considera "delincuentes con placa".
Pese a su pésima reputación entre los ciudadanos cuya seguridad deben procurar, los uniformados son en su mayoría gente pobre y de muy escasa preparación, así como víctimas de la extorsión por parte de sus propios jefes.
El Instituto Politécnico Nacional, reveló que la mayoría de los 3.000 hombres y mujeres de la policía judicial son autoritarios, irritables y agresivos debido a que sufren problemas psicológicos.
Aun cuando poseen mayor preparación que otros cuerpos policiales, 78 por ciento de los judiciales padecen estrés, que mitigan con cigarrillos, alcohol o drogas ilegales.
Además, apenas dos por ciento se declaró experto en armas y 46 por ciento reconoció no ser experto en nada.
El malestar de los policías auxilares, que además de manifestarse en las calles amenazan con paralizar sus labores, se explica por las "condiciones lamentables" en las que realizan sus actividades, admitió el diputado Víctor Manuel Soto.
El legislador, vicepresidente de la comisión de Seguridad Pública del parlamento capitalino, denunció que "a las carencias materiales se suma la corrupción de los mandos" que, "valiéndose de sus necesidades de subistencia, los lanzan a extorsionar ciudadanos".
Desde finales del año pasado, comenzó a operar en la capital el grupo de elite denominado Alamo, integrado por 92 elementos jóvenes y con un alto grado de disciplina, que pretenden además recuperar la confianza de la población en la policía.
Con metralleta y uniforme similar al de la Organización del Tratado del Atlántico Norte o vestidos de civil, los Alamo recorren los centros más concurridos de la ciudad o efectúan labores de inteligencia.
Mientras, según informes oficiales, 40 por ciento de las casi 200 denuncias recibidas este año por los Alamo quedaron resueltas totalmente, tres miembros del grupo eran acusados de abuso de autoridad.
El inicio de averiguaciones por parte de la procuraduría capitalina para determinar la legalidad de las acciones del Alamo puso en entredicho sus operaciones.
Encuestas privadas indican que cerca de 80 por ciento de los habitantes de la ciudad desconfía mucho o algo de la policía y 89 por ciento considera que el desempeño de los agentes es malo o regular.
Los policías manifestantes sostienen, de su lado, que están hartos de arriesgar la vida y padecer desprecios sin recibir las prestaciones sociales que les corresponden, y advierten que tomarán de nuevo la calle si no son resueltas sus demandas. (FIN/IPS/pf/mj/ip hd/99
