Nuevas revelaciones de actos que beneficiaron a la familia del ex presidente Carlos Salinas en el proceso de privatización de empresas públicas resucitaron en México el fantasma de la corrupción en el círculo del poder.
El origen de la fortuna de Raúl Salinas, hermano del ex mandatario, pudo haber estado en el incremento del valor de las acciones del ex monopolio estatal Teléfonos de México (Telmex), en el que el "hermano incómodo" poseía inversiones, declaró este martes en Washington Amy Elliott, ejecutiva del Citibank.
"Los Salinas tenían inversiones en Telmex, una empresa que duplicó su precio en alrededor de año y medio", afirmó Elliott bajo juramento ante el Senado de Estados Unidos.
Raúl Salinas, quien se encuentra preso en México desde 1995 y en enero fue declarado culpable del asesinato de un ex dirigente del gobernante Partido Revolucionario Institucional, depositó entre 80 y cien millones de dólares entre 1992 y el año de su arresto en cuentas actualmente congeladas en el Citibank.
Las declaraciones de Elliott identificaron por primera vez a miembros de la familia del ex presidente mexicano como accionistas de la mayor industria en el inventario de empresas públicas vendidas a capitales privados durante el gobierno anterior.
Las inversiones en Telmex explican en parte la procedencia de los multimillonarios fondos enviados por el hermano mayor de Carlos Salinas a cuentas en Estados Unidos, según la ejecutiva del Citibank.
Elliott negó haber conocido rumores en el sentido de que el propio ex mandatario tenía una inversión secreta en Telmex, pero aseguró que hacia fines de su gestión, varios mexicanos trasladaron grandes cantidades de dinero al país vecino.
Declarado enemigo de la "obesidad estatal", el ex presidente apuntaló el agresivo proceso de privatizaciones que comenzó en 1982 su antecesor, Miguel de la Madrid, quien colocó a México a la vanguardia en la materia en América Latina.
Las relevaciones de que Salinas invirtió en Telmex y obtuvo así grandes beneficios, fortalecen indicios de que las privatizaciones del gobierno pasado fueron más que una "doctrina depredadora y concentradora de la riqueza", afirmó este miércoles el diario La Jornada.
La desincorporación del sector productivo estatal constituyó además "una maniobra de enriquecimiento personal de miembros destacados del grupo gobernante", añadió.
Con el argumento de que su gobierno no subsidiaría la ineficiencia, Salinas continuó las gestiones para la venta, fusión, liquidación o transferencia de cientos de empresas con participación estatal.
Telmex integró la nómina en el criticado proceso que redujo drásticamente el papel del Estado en amplios sectores, aun cuando figuraba como la cuarta compañía con mayores ventas en el país.
También fueron vendidas la minera Cananea, la mayor empresa productora de cobre de México y una de las 10 más grandes del mundo, las líneas aéreas Aeroméxico y Mexicana de Aviación y la siderúrgica nacional, que generaba 60 por ciento del acero local.
Aunque fue ofertada gran cantidad de empresas prósperas, el gobierno de Salinas replicó a los cuestionamientos de la oposición política y de sectores sociales argumentando que dichas compañías habían dejado de ser estratégicas y prioritarias para el Estado.
En mayo de 1990, las autoridades de Hacienda anunciaron la reprivatización del sistema bancario, con excepción del Banco de México (central) y de la llamada banca de desarrollo. En los dos años siguientes fueron traspasados a manos privadas los 18 bancos comerciales del país por un total de 11.830 millones de dólares.
Debido a malas asignaciones de algunas entidades de crédito y de la crisis que vivió el país a principios del actual gobierno, en diciembre de 1994, los graves problemas que han agobiado al sistema bancario impulsaron una costosa operación de rescate.
Al continuar el proceso privatizador de empresas estatales, el presidente Ernesto Zedillo ofertó a la inversión privada puertos, plantas eléctricas, ferrocarrilles, servicios de aeropuertos y el sector petroquímico del estratégico consorcio petrolero Pemex.
Sin haber podido sacar adelante en el parlamento sus aspiraciones de privatizar la industria eléctrica, el gobierno sostiene que no posee los 25.000 millones de dólares requeridos para la expansión de ese sector. (FIN/IPS/pf/ag/ip/99
