El juez Baltasar Garzón dictó una orden de búsqueda y captura de 98 militares argentinos, incluyendo a integrantes de las juntas de gobierno que encabezaron la dictadura entre 1976 y 1983.
En un auto notificado el martes a Interpol y a los abogados de la acusación, cuyo equipo encabeza el argentino Carlos Slepoy, Garzón acusó a los 98 militares de crímenes de genocidio, terrorismo y tortura.
Garzón inició en marzo de 1996 la instrucción de un proceso para investigar crímenes cometidos en Argentina desde el 24 de marzo de 1973, cuando fue derrocado el gobierno constitucional de Isabel Perón. La denuncia fue presentada por familiares de víctimas españolas y asociaciones de defensa de los derechos humanos.
La extradición será negada, al igual que en casos anteriores, por el gobierno argentino de Carlos Menem, y similar actitud adoptaría su sucesor a partir del 10 de diciembre, Fernando de la Rúa, según adelantaron colaboradores suyos.
Buenos Aires ha sostenido que ni España ni otros países tienen competencias para juzgar a ciudadanos argentinos por delitos cometidos en Argentina.
También ha alegado que en Argentina ya se celebraron juicios contra las juntas militares y ahora se están instruyendo otros por delitos como el secuestro de niños.
El ex presidente Raúl Alfonsín ordenó en 1983, apenas asumió el gobierno, el juicio a los ex miembros de las juntas militares, quienes fueron condenados y encarcelados. Pero después propuso leyes, aprobadas por el parlamento, que impidieron o pusieron fin a los juicios contra otros militares
Menem, quien sucedió a Alfonsín desde 1989, indultó luego a los ex integrantes de las juntas, a otros militares, a ex guerrilleros e incluso a un par de delincuentes comunes.
Ocho militares de alta graduación, cuatro de los cuales fueron miembros de las Juntas, están procesados en la actualidad en Argentina por el secuestro de niños recién nacidos.
Esos niños fueron hijos de detenidas por las fuerzas represivas, torturadas, asesinadas y "desaparecidas". Los niños fueron dados en adopción, ocultando su verdadera identidad, a familias vinculadas a los represores.
El auto dictado por Garzón incluye los delitos de genocidio y terrorismo, por los cuales esos 98 militares no fueron juzgados. Para fundamentar su derecho a juzgarlos, el juez español invocó el Convenio Internacional contra la Tortura y los Tratos Degradantes, suscrito y ratificado por España y Argentina.
Garzón alegó que los acusados de genocidio y terrorismo no están amparados por las leyes que pusieron fin a juicios en Argentina ni por los indultos de Menem, ya que no habían sido juzgados por esos delitos ni por la tortura implícita en las "desapariciones".
Aunque el gobierno argentino se niegue a trasladar a la justicia de ese país el pedido de Garzón, la orden de búsqueda y captura mantendrá vigencia internacional, y si cualquiera de los procesados viajase fuera de Argentina correría el riesgo de ser detenido y sujeto a un juicio de extradición.
En ese sentido son ilustrativos los casos del general Augusto Pinochet y del ex capitán de la Armada argentina, Alfredo Astiz.
Pinochet está detenido en Londres desde el 16 de octubre de 1998 y sometido a un juicio de extradición, en virtud de un proceso que está instruyendo el mismo juez Garzón.
En 1990 Astiz fue condenado en ausencia a cadena perpetua por un tribunal francés, por la desaparición de dos monjas francesas, y desde entonces no se atreve a cruzar las fronteras de su país por temor a ser detenido.
El procesamiento de los 98 fue solicitado la semana pasada por siete asociaciones de derechos humanos, españolas y argentinas.
Las asociaciones defensoras de los derechos humanos y los familiares de víctimas de la dictadura argentina celebraron hoy ese nuevo paso dado en el juicio que instruye Garzón.
Mientras tanto, se espera que el gobierno español se pronuncie acerca de una reclamación administrativa presentada por los abogados Guillermo Valera y Víctor Hortal, quienes instaron al Ejecutivo, encabezado por el centroderechista José María Aznar, a denunciar a Argentina ante el Tribunal Internacional de La Haya.
Esa denuncia se basaría en el incumplimiento por Argentina del convenio internacional suscrito en 1987, que obliga a cooperar con la justicia de otros países en el caso de crímenes de lesa humanidad. (FIN/IPS/td/mp/hd ip/99)
