El presidente de Ecuador, Jamil Mahuad, fue involucrado por una jueza en un caso por supuesto mal manejo de los fondos de la campaña electoral que lo llevó a la jefatura del gobierno.
La jueza Isabel Segarra ordenó remitir lo actuado a la Corte Suprema de Justicia, pues los fueros de los que goza Mahuad como mandatario obligan a que todo juicio en el que se lo involucre sea tramitado por el presidente del máximo órgano judicial.
Segarra había ordenado el lunes la prisión de uno de los hombres fuertes del gobierno, Ramón Yulee, quien fuera tesorero de la campaña y secretario de la Presidencia hasta la semana pasada.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Héctor Romero Parducci, dispuso analizar la conducta de la jueza y sancionarla por haber involucrado a Mahuad en la causa sin tener potestades para eso, pero no se pronunció sobre el caso en sí, que sigue su curso.
En medio del escándalo, se conoció el informe anual de la organización Transparencia Internacional, que clasifica a Ecuador entre los tres países de América Latina con mayor imagen de corrupción, solo superado por Honduras y Paraguay, y el decimoctavo en el mundo.
La acusación contra Yulee fue presentada la semana pasada por el ex banquero Fernando Aspiazu, que pidió cuentas sobre la utilización de 3,1 millones de dólares que afirma haber aportado a la campaña electoral de Mahuad.
El ministro de Gobierno (Interior), Vladimiro Alvarez, se manifestó extrañado por la rapidez con que la jueza ordenó la detención de Yulee y 24 horas después extendió el sumario al presidente Mahuad.
Yulee acusó a Segarra de actuar así porque fue empleada de Carlos Navarrete, abogado de Fernando Aspiazu.
Las leyes ecuatorianas obligan a los candidatos presidenciales a presentar luego de las elecciones ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) una declaración de gastos de campaña, en la que se justifique la procedencia del dinero.
Aspiazu aseguró que en las cuentas presentadas por el partido de gobierno ante el Tribunal no consta su aporte, y para demostrarlo enseñó los comprobantes de transferencias bancarias a nombre de Ramón Yulee.
Yulee y otras personalidades del gobierno señalaron que su partido, Democracia Popular, habría gastado cerca de 10 millones de dólares en las dos vueltas electorales, y que en esa suma figuraría el dinero aportado por el ex banquero.
Sin embargo las cuentas de gastos electorales presentadas por todos los partidos al Tribunal Supremo Electoral ascienden a ocho millones de dólares, de los cuales 3,4 millones corresponden a la Democracia Popular.
El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Eduardo Villaquirán, sostuvo que el organismo nunca se enteró del aporte de Aspiazu porque no constó en la información suministrada por el partido de gobierno.
La Comisión de Control Cívico de la Corrupción, creada para combatir irregularidades en la administración pública, tomará cartas en el asunto y se pronunció a favor de investigar la denuncia del ex banquero.
Carlos González, diputado de la Izquierda Democrática, pedirá a la Fiscalía General de la Nación una investigación de los donantes de la campaña electoral de Mahuad y no descartó llamar a juicio político al presidente del República.
"Exigimos la aclaración del origen de esos aportes para saber si los donantes pagaron el impuesto a la renta y si esos recursos son lícitos. Es indigno recibir dinero de la banca corrupta para asegurar la Presidencia de la República", dijo el legislador.
Aunque el ministro de Gobierno todavía no ha dispuesto la detención de Yulee, la Policía Judicial "está atenta para detenerla", aseguró su jefe, general Guillermo Salas.
En marzo, ante la quiebra inminente del Banco del Progreso, uno de los más importantes del país, el gobierno congeló por un año 50 por ciento de las cuentas corrientes y de ahorros superiores a 200 dólares y el total de los depósitos en cuenta corriente y a plazo en moneda extranjera mayores a 500 dólares.
El congelamiento no sirvió de mucho porque un mes después el banco anunció su quiebra. Aunque se denunció al presidente de la entidad, Fernando Aspiazu, de mal manejo de fondos, el gobierno accedió a que el Banco Central le concediera un crédito.
En julio, durante movilizaciones lanzadas por indígenas y taxistas, el gobierno dispuso la prisión de Aspiazu, en lo que muchos consideraron un golpe de efecto porque ocurrió tras la agudización de las protestas y luego de una dura represión a 15.000 nativos que llegaban en marcha pacífica a Quito.
Se inició un juicio contra el banquero por no haber volcado al Fisco el impuesto a las transacciones bancarias cobrado a sus clientes, algo que había sido denunciado muchos meses antes sin que se tomaran medidas.
Ahora Aspiazu contraatacó, y además del juicio contra Yulee brindó una lista de banqueros y empresarios que también habrían colaborado con la campaña de Mahuad.
Alvaro Guerreo, presidente del banco La Previsora, que entró en quiebra hace dos semanas y fue absorbido por un banco estatal, fue director del Consejo Nacional de Modernización, entidad encargada de instrumentar las privatizaciones, pero renunció tras la bancarrota de su entidad financiera.
Guillermo Lasso, del Banco de Guayaquil, fue gobernador de la provincia costeña del Guayas nombrado por el ejecutivo y ministro de Economía.
Nicolás Landes, presidente del Banco Popular que también quebró hace dos semanas y fue rescatado por el gobierno, se fue del país días antes de que la justicia iniciara un proceso contra él por irregularidades en su banco.
Medardo Cevallos, ex embajador del gobierno de Mahuad en México y accionista del Bancomex, otro de los bancos que entró en quiebra, también afronta un juicio ante la justicia.
Javier Espinosa fue presidente de la Cámara de Comercio de Quito hasta hace dos meses, cuando ingresó al gabinete, primero como Ministro de Desarrollo y actualmente como Ministro de Economía
El manejo de los gastos electorales de la campaña de Mahuad se integra a una extensa lista de escándalos que ha afectado al país desde 1992.
Durante el gobierno de Sixto Durán Ballén (1992-1996), el vicepresidente Alberto Dahik abandonó el país una hora antes de que la Corte Suprema de Justicia ordenara su arresto por malversación de fondos públicos.
Dahik, acusado de utilizar cinco millones de dólares de fondos reservados para comprar votos de diputados y pagar favores al gobierno, se asiló en Costa Rica y dijo ser víctima de una persecución política.
Durán Ballén fue sucedido por Abdalá Bucaram (1996-1997), quien fue acusado, junto con otras figuras de su gobierno, de haber malversado más de 22 millones de dólares de fondos públicos.
Tras Bucaram asumió como presidente interino Fabián Alarcón (1997-1998), quien fue acusado de contratar, cuando presidía el parlamento, a 1.119 empleados que percibían salario sin trabajar, para pagar favores políticos.
Su ministro de Gobierno, César Verduga, huyó del país antes de que se dictara orden de prisión en su contra por mal manejo de seis millones de dólares de fondos reservados de la cartera a su cargo.
Una encuesta de la empresa Cedatos divulgada este miércoles señala que 77 por ciento de los ciudadanos cree que hubo malos manejos en la campaña de Mahuad.
El mismo sondeo indica que 26 por ciento de la población le cree al ex banquero Aspiazu, 12 por ciento a los portavoces del gobierno y 52 por ciento no le cree a nadie. (FIN/IPS/kl/mj/ip if/99
