La inminente aprobación en el parlamento de Colombia de una ley que penalizará la desaparición forzada recibió el aplauso de Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos.
El proyecto, al que sólo le resta un debate para convertirse en ley, establece penas de 25 a 40 años para las personas que priven a otras de su libertad, seguida de ocultamiento y de la negativa a dar información sobre su paradero.
Susan Lee, representante de Amnistía Internacional, recordó este miércoles que Colombia es uno de los países del mundo con más alto índice de desapariciones forzadas.
Lee consideró, no obstante, que los avances de la ley próxima a ser aprobada "no son suficientes", y que los responsables de los cientos de desapariciones y casos de tortura y asesinato deben ser encontrados, juzgados y castigados.
La Comisión Andina de Jurístas estimó que el promedio de personas desaparecidas en los últimos años era de una cada dos días, incrementado a una diaria en el primer semestre de este año.
Así mismo, el proyecto prevé penas de 45 a 60 años para el delito de genocidio, que será tipificado cuando se destruya "total o parcialmente a un grupo nacional étnico, racial o religioso".
La iniciativa establece también una pena de entre 25 y 40 años a los casos en los que se lesione gravemente la integridad física o mental de los miembros del grupo, se produzca embarazo forzado o se someta a los miembros de la comunidad a condiciones que lleven a su destrucción física total o parcial.
El proyecto de ley, cuya aprobación se registrará en las próximas dos semanas, penaliza también a los promotores del desplazamiento forzado, que afecta a cerca de 1,5 millones de colombianos (3,9 por ciento de la población) con prisión de 15 a 30 años, y se castigará la tortura con penas de ocho a 15 años.
Para el vicefiscal general Jaime Córdoba, la aprobación de esta ley, que lleva cerca de un año en trámite parlamentario, es una "clara advertencia para los violadores de los derechos humanos" de que sus actos no quedarán en la impunidad.
En opinión de Córdoba, la nueva ley va a "redimir la quebrantada credibilidad" que tiene Colombia en la comunidad internacional por la crítica situación de los derechos humanos.
La senadora independiente María Rueda explicó que con la nueva ley los agentes de los organismos de seguridad que cometan este tipo de delitos no podrán escudarse en el principio de obediencia debida para ser juzgados igual que los civiles.
La votación de la ley este martes coincidió con la visita del presidente Andrés Pastrana al Parlamento Europeo, donde presentó su plan de paz y demandar cooperación.
La visita fue aprovechada por un grupo de organizaciones no gubernamentales, que manifestaron su beneplácito por las posibilidades de paz abiertas por el mandatario, pero también piden acciones concretas para el cumplimiento de los compromisos contraidos con la comunidad internacional sobre derechos humanos.
En una carta, las organizaciones no gubernamentales recordaron que Pastrana se comprometió al inicio de su gobierno a mejorar la deteriorada situación de los derechos humanos en el país. Un año más tarde, afirmaron, esta promesa no sólo se ha incumplido sino que las cosas han empeorado.
Las organizaciones no gubernamentales presentan cifras de la Comisión Colombiana de Juristas según las cuales entre octubre de 1998 y septiembre de 1999 se produjo un aumento del promedio diario de las víctimas de la violencia sociopolítica, en relación con el periodo anterior.
Otro informe de la Defensoría del Pueblo (ombudsman) indica que entre enero y septiembre de 1999 se produjeron en Colombia 289 masacres colectivas (de cuatro personas como mínimo), que dejaron un saldo de 1.357 víctimas, lo que significa un promedio de una masacre por día.
Según la defensoría del Puebo, cada masacre promueve el desplazamiento de al menos un millar de personas. Las denuncias señalan como responsables de 2,3 por ciento de los casos a la fuerza pública, de 77,97 por ciento a paramilitares de derecha y entre 16,7 y 17,6 por ciento a la guerrilla.
La Defensoría indicó que en el caso de los paramilitares se ha contado con "un grado inaceptable de tolerancia, permisividad e incluso apoyo y protección por parte de unidades militares y de policía" para llevar a cabo con éxito sus propósitos criminales. (FIN/IPS/yf/mj/hd/99
