La violación de los derechos humanos persiste e incluso se agudizó en México tras ser señalada hace un año por la Comisión Interamericana rectora en la materia, aseguró a la OEA una red de organizaciones no gubernamentales.
La Red Todos los Derechos para Todos presentó a la OEA (Organización de Estados Americanos) un informe de seguimiento de las recomendaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos formuló al gobierno de México hace justo un año.
Los autores del informe exigieron que las autoridades mexicanas atiendan "la cada vez más deteriorada situación de los derechos humanos", según dijo a IPS Antonio Monroy, miembro de la secretaría técnica de la Red.
El informe, de 85 páginas y divulgado el jueves, da cuenta de "cómo no se ha avanzado en las recomendaciones, que permanecen vigentes, e ilustra la situación de deterioro de los derechos humanos", indicó Monroy.
La Red, que aglutina a varios humanitarios, expresó su preocupación por la progresiva participación de los militares en actividades de seguridad pública y contrainsurgencia, que ha causado más violaciones de los derechos humanos.
Las denuncias contra miembros de las Fuerzas Armadas aumentaron de 68 en 1996 a 315 el año pasado, según datos de la estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos.
La vida cotidiana en comunidades rurales de los sueños estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, donde operan grupos armados irregulares, fue "alterada por el permanente despligue y hostigamiento por parte de militares", se sostiene en el informe.
Los militares son acusados por la Red de "allanamientos de morada, detenciones arbitrarias e ilegales y tortura física y psicológica".
Otras agresiones mencionados son la retención de personas más allá del plazo legal, "ejecuciones, amenazas de muerte e incomunicación en cuarteles militares".
La militarización de amplias zonas de los estados del sur comenzó con el alzamiento el 1 de enero de 1994 en Chiapas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que sólo durante 12 días enfrentó con las armas al ejército.
El despliegue castrense en Chiapas, donde la Red calcula que hay unos 20.000 desplazados por la violencia, fue reforzado en los últimos meses, hasta llegar a 60.000 efectivos.
La presencia de tropas aumentó en Guerrero y Oaxaca desde mediados de 1996, cuando apareció en escena el Ejército Popular Revolucionario y luego el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, escindido del anterior.
El Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente emboscó hace ocho días un convoy militar, con el resultado de cuatro soldados muertos y 10 heridos, según versiones de testigos, aunque el ejército sólo admitió dos heridos.
El documento presentado este jueves a la OEA por la Red incorporó el caso del asesinato de dos campesinos y la violación de dos mujeres, hechos por los que se acusa a soldados y que fueron perpetrados en mayo en el municipio de Rancho Nuevo, en Guerrero.
La investigación fue encomendada al ministerio público militar, pero la Red advirtió que la Constitución mexicana establece que las violaciones de derechos humanos de civiles deben ser juzgadas por autoridades civiles.
La gestión de representantes de la Red en la sede de la OEA en Washington "debe derivar en la aplicación de medidas cautelares y para prevenir las violaciones de los derechos humanos" en México, sostuvo Monroy.
La iniciativa "abre expectativas en ese sentido, tanto como la próxima visita al país" de la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, destacó el activista.
Invitada por el gobierno mexicano, Robinson llegará en la segunda quincena de noviembre y se trasladará a Chiapas y la norteña península de Baja California.
La situación de los indígenas y de los trabajadores emigrantes son dos de las preocupaciones de Robinson, que abordará esos casos durante su estancia en México, de acuerdo con un proyecto de agenda dado a conocer esta semana por la cancillería.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos formuló el 28 de septiembre de 1998 decenas de recomendaciones para mejorar la administración de justicia en México.
Sus señalamientos se refirieron a la necesidad de mejorar las garantías judiciales y la protección de las víctimas, asegurar la persecución de culpables de violaciones de derechos humanos y fortalecer la autonomía del poder Judicial. (FIN/IPS/pf/ff/hd/99
