Medio centenar de jueces integran una lista de depuración elaborada por la Asamblea Constituyente de Venezuela, que comenzó a destituir magistrados, de acuerdo con su decreto de reorganización de los poderes públicos.
La Comisión de Emergencia Judicial de la Asamblea Constituyente comenzó a analizar este miércoles el destino de unos 50 jueces sospechosos de corrupción, que podrían sumarse a los ocho primeros magistrados destituidos el martes por la noche.
"El Poder Judicial está podrido, y vamos a depurarlo", advirtió este miércoles el presidente de la Comisión de Emergencia Judicial, Manuel Quijada. "Esto no se va a detener", añadió el constituyente.
Los 131 miembros de la Asamblea comenzaron a sesionar el 3 de agosto con la misión de redactar una nueva Constitución en un plazo de seis meses.
En su primera sesión plenaria, la Constituyente se declaró "originaria", lo cual la colocaría por encima de los poderes constituidos y la facultaría incluso para disolver instituciones del Estado.
Una de sus primeras medidas fue decretar la reorganización de poderes públicos y anunciar una emergencia judicial, con el argumento de que era necesario afrontar la crisis de ese sector cuanto antes.
Existen más de 3.000 expedientes abiertos por supuestas irregularidades contra jueces y trabajadores de un sistema judicial acusado de corrupción, ineficiencia y retraso procesal.
"El Poder Judicial venezolano es uno de los más corruptos del mundo", afirmó Quijada.
El presidente de la Comisión de Emergencia dijo que el grupo actúa sobre la base de hechos registrados desde hace años por organismos judiciales, aunque reconoció que podría haber errores que "se corregirán".
Pero, mientras, "vamos a seguir destituyendo y suspendiendo". Los jueces descontentos con las decisiones tendrán como única instancia de apelación a la propia Asamblea Constituyente.
El decreto de emergencia judicial de la Constituyente fue respaldado por la Corte Suprema de Justicia, pero ese apoyo causó la renuncia de la presidenta de ese tribunal, Cecilia Sosa, el 24 de agosto.
"La Corte Suprema se suicidó para evitar ser asesinada", dijo Sosa en su discurso de despedida, antes de reiterar su opinión de que la Asamblea Constituyente "no fue habilitada para dictar actos de gobierno".
El Consejo de la Judicatura que administra el sistema de justicia manifestó su respaldo a la decisión de reorganizar el Poder Judicial, pero recomendó a los constituyentes no precipitarse y avanzar con sobriedad.
"Es un momento histórico que se debe aprovechar porque no creo que se presente otra oportunidad", comentó la presidenta del Consejo, Normarina Tuozzo.
La emergencia judicial fue complementada por la Constituyente con una medida similar para el Poder Legislativo, pero en ese caso la medida generó una fuerte confrontación con la mayoría opositora del parlamento.
La Asamblea decidió suspender las sesiones ordinarias y extraordinarias del Congreso legislativo, lo cual hizo resucitar a partidos opositores que hasta ese momento estaban apabullados por el aplastante triunfo oficialista en las elecciones constituyentes del 25 de julio.
La Iglesia Católica medió entre las facciones en conflicto, y se espera que esta semana haya un acuerdo de "cohabitación".
Mientras, se espera un nuevo decreto de emergencia, en este caso para el Poder Ejecutivo, que estaría dirigido principalmente a evaluar gestiones de gobernadores y alcaldes. Sin embargo, se espera que sea más moderado y ya se anunció que no tendrá carácter punitivo.
El presidente Hugo Chávez quedó al margen de la emergencia pues puso su cargo a la orden de la Asamblea, que lo ratificó en el puesto en una de sus primeras sesiones. (FIN/IPS/lc/mj/ip/99
