El presidente de República Dominicana, Leonel Fernández, concluyó la privatización de CEA, la principal compañía azucarera del país, la última de una serie para reducir el aparato estatal de este país del Caribe.
Las privatizaciones incluyen la red de generación y distribución de electricidad, la dirección de los principales aeropuertos y un molino de harina, realizada para promover cambios económicos fundamentales.
Fernández, cuyo período de gobierno de cinco años termina en agosto, dedicó su estadía en el palacio presidencial a la "modernización" del país de 7,5 millones de habitantes.
La reforma de la economía, y en especial la reducción del aparato estatal a través de la privatización de sectores clave, fueron parte fundamental de ese proceso.
Fernández planifica privatizar también la compañía de tabaco, la aerolínea nacional y los puertos antes de dejar su cargo.
La privatización de los molinos de azúcar fue un asunto delicado en este país.
"Los cambios en el sector de la electricidad fueron importantes para el gobierno e indican el camino que el presidente quiere que el país siga", según una declaración de la presidencia.
"Es bueno para la economía que los servicios de electricidad sean confiables, por lo que nos agrada que haya ocurrido. Sin embargo, sabemos que la compañía azucarera implica más problemas, dada su importancia social y la de la industria".
La industria azucarera dominicana, la mayor del Caribe después de la de Cuba, fue tradicionalmente utilizada por el gobierno como fuente de favorecer a sus aliados políticos.
Rafael Trujillo, el dictador que gobernó al país hasta su asesinato en 1961, utilizó la industria azucarera para enriquecerse y recompensar a su cohorte.
Joaquín Balaguer, que fue presidente en siete períodos no consecutivos, permitió a sus aliados políticos y al ejército el libre uso de las tierras de la industria.
Esto trajo problemas a Fernández, ya que para completar la venta de los terrenos propiedad de la CEA deberá desalojar a los ocupantes ilegales de los cientos de miles de hectáreas.
El ejército fue convocado para ayudar en el proceso ya que entre los ocupantes ilegales hay numerosos oficiales .
Los 10 molinos propiedad de la CEA fueron privatizados mediante contratos de arrendamiento con opción de compra celebrados con compañías locales y extranjeras que pagarán al gobierno 11 millones de dólares por año.
Los contratos abarcan plantaciones de caña azucarera, establecimientos ganaderos, molinos azucareros e instalaciones de producción, de acuerdo con la declaración.
Las tierras propiedad de la CEA que no fueron utilizadas para la producción de azúcar serán arrendadas más adelante para usos no agrícolas, según la Comisión para la Reforma de las Empresas Públicas, responsable del programa de privatizaciones.
"La CEA perdió millones de dólares en los últimos años, y los molinos y las tierras debieron ser privatizadas", dijo un funcionario del Banco Central dominicano.
Se calcula que las pérdidas de la compañía este año serán de unos 100 millones de dólares, agregó.
Todavía no se resolvió el problema de la mano de obra necesaria en las plantaciones de caña de azúcar. Los dominicanos se niegan a trabajar en las fábricas y plantaciones por salarios bajos, lo que en el pasado llevó a la CEA a recurrir al uso de mano de obra de Haití.
La presencia de miles de haitianos en el país exacerbó las tensiones sociales y raciales.
"La privatización de las empresas dominicanas es un gran avance", dijo John Panzer, economista del Banco Mundial responsable del país.
"Esto liberará recursos para que el estado utilice en otras áreas. Hay, sin embargo, algunos temas sociales fundamentales relacionados con la privatización de la compañía azucarera, ya que afecta la vida de muchas personas pobres", comentó.
La privatización del sector eléctrico también causó problemas al gobierno.
Aunque consorcios de compañías sudamericanas, norteamericanas, europeas y locales invirtieron 650 millones de dólares para controlar el sector energético, todavía no pusieron fin a los frecuentes y prolongados cortes de energía que afectan al país desde hace 10 años.
Fernández prometió que los cortes de energía terminarían a comienzos del año próximo, pero "en realidad continuarán durante varios meses", afirmó Karl Huber de AES Distribution, una de las compañías privadas que dirigen el sector energético.
El presidente se vio obligado a intervenir en una disputa sobre el precio del servicio, luego de recibir innumerables quejas de los consumidores.
La agencia estatal responsable del programa de privatizaciones anunció el año pasado que la venta de la empresa no provocaría el aumento de las tarifas.
Sin embargo, hubo un aumento de cinco por ciento, que los nuevos directores del sector justificaron diciendo que era parte de su contrato.
Después de varias negociaciones con el presidente se llegó a un acuerdo para congelar las tarifas.
"Todos estos hechos no indican que el programa de privatizaciones haya fallado, como afirman quienes se oponen al progreso. El cambio trae rupturas, y realizamos este cambio fundamental en beneficio del pueblo dominicano", declaró Fernández. (FIN/IPS/tra-en/rs/cb/at/aq/if/99
