La propuesta del gobierno de México para reiniciar el diálogo con la guerrilla zapatista de Chiapas fue interpretada en distintos medios como un cambio importante de actitud por parte de las autoridades, pero insuficiente para lograr sus objetivos.
El secretario (ministro) de Gobernación (interior), Diódoro Carrasco, declaró este miércoles su disposición a reunirse en cualquier punto del país con el subcomandante Marcos, dirigente máximo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Carrasco aseguró no haber recibido respuesta aún de los zapatistas, aunque dijo estar seguro de que los rebeldes conocen el mensaje del gobierno para desactivar un conflicto que dura ya cinco años.
La Secretaría de Gobernación ofreció este martes incorporar el punto de vista del EZLN al proyecto de ley del gobierno sobre derechos y cultura indígena, que fue el punto de ruptura del diálogo en septiembre de 1996.
El presidente Ernesto Zedillo había enviado entonces al parlamento un proyecto de reforma constitucional sobre derechos y cultura indígena que no tomaba en cuenta el proyecto de ley elaborado por la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) sobre la base de los Acuerdos de San Andrés firmados con el EZLN.
La nueva estrategia del gobierno para reactivar el proceso de paz en Chiapas plantea, además, la creación de una nueva instancia de intermediación.
La oferta de las autoridades para resolver el conflicto en ese estado, uno de los más pobres del país, representa "un pasito, un primer avance" a favor de la paz, reconoció la diócesis de San Cristóbal, Chiapas.
Sin embargo, ninguna propuesta que apunte a la reanudación del diálogo prosperará si no incluye cambios en la estrategia militar en la región, destacó el vicario de San Cristóbal, Gonzalo Ituarte.
El EZLN y numerosas organizaciones no gubernamentales denuncian que el ejército ha movilizado en Chiapas a unos 50.000 efectivos.
Asimismo, la construcción de carreteras en zonas consideradas bastión de los zapatistas es atribuida a la intención de facilitar el desplazamiento de los militares en la región y ha sido motivo de gran tensión en las últimas semanas.
De todos modos, la iniciativa del gobierno constituye "un acercamiento diferente al que tuvieron el ex secretario de Gobernación Francisco Labastida y el actual gobernador de Chiapas, Roberto Albores, quienes plantearon soluciones sin dar carácter de interlocutor al EZLN", afirmó Ituarte.
La Cocopa anunció, por su parte, que esperará a conocer la respuesta de los zapatistas para viajar a Chiapas con el objetivo de colaborar en el terreno para la distensión del conflicto.
La ausencia de la militarización y de la operación de grupos paramilitares en Chiapas en la propuesta del gobierno dividió las opiniones de los miembros de la comisión negociadora.
El senador del izquierdista y opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD) Carlos Payán declaró que se trata de "una propuesta bastante desmerecida que no reconoce que la ruptura del diálogo fue por el incumplimiento de los acuerdos de San Andrés".
Para Gilberto López, diputado del PRD, la propuesta "pasa por alto el mensaje diario de la militarización y la guerra de baja intensidad a que son sometidos los zapatista".
La iniciativa significa también "una cortina de humo sobre el conflicto y tiene fines político-electorales", señaló López, aludiendo a los comicios presidenciales del 2000.
Si los puntos neurálgicos del conflicto, la militarización y el desarme de los paramilitares, "están fuera de una oferta gubernamental, difícilmente tenga éxito", estimó el diputado Felipe Vicencio, del conservador Partido Acción Nacional (PAN).
"Es difícil que el EZLN regrese a la mesa de diálogo si no hay un ofrecimiento de reposicionar al ejército" (cambiar su ubicación y disminuir sus efectivos) en la zona, subrayó Aurora Bazán, diputada del Partido Verde Ecologista y presidenta de turnode la Cocopa.
En cambio, Esteban Maqueo y Fernando Iturribarría, senadores del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), saludaron el plan de paz gubernamental, entre otros aspectos porque ubicó de nuevo en el foco de atención al problema en Chiapas.
En un editorial de primera plana, el periódico La Jornada calificó de "un buen principio" que el gobierno reconozca la necesidad de restaurar la confianza entre las partes, "como un primer paso para la reanudación del diálogo".
"Por desgracia, la iniciativa oficial tiene pocas probabilidades de lograr esos objetivos, toda vez que carece de propuestas para contrarrestar las causas centrales de la pérdida de confianza y del estancamiento del diálogo", apuntó el diario.
El nuevo plan planteado por el gobierno prevé concertar un programa para dar cumplimiento pleno a los compromisos acordados en San Andrés, en especial los que atañen al desarrollo social de las comunidades indígenas.
La Secretaría de Gobernación solicitó a las instancias competentes agilizar la liberación de miembros o simpatizantes del EZLN que no estén implicados "en hechos de sangre", añadió la oferta de paz. (FIN/IPS/pf/mj/ip/99
