La organización ilegal vasca ETA recarga sus armas y existe el peligro de que vuelva a cometer atentados, según opina el Ministerio del Interior de España, tras conocerse que hoy fueron detenidos tres etarras en Francia.
ETA (Euskadi ta Askatasuna, o Patria Vasca y Libertad) declaró una tregua unilateral y por tiempo indefinido el 16 de septiembre de 1998. Desde entonces no cometió atentados y miembros de su dirección se entrevistaron con representantes del gobierno, aunque sin llegarse a ningún acuerdo.
La policía francesa detuvo este jueves a tres conocidos miembros de ETA en la localidad de Pau, cerca de la frontera con España, y recuperó parte de las ocho toneladas de explosivos robadas el martes en la noroccidental región de Bretaña.
Los detenidos son Jon Biénzobas, "Karaka", acusado por España de asesinar al profesor universitario Francisco Tomás y Valiente, el 14 de febrero de 1996, y Patricio Segurola, supuesto responsable de la muerte el 23 de enero de 1995 de Gregorio Ordóñez, concejal del gobernante Partido Popular en la ciudad vasca de San Sebastián.
La tercera sospechosa capturada es María Angeles Perurena. Los tres estaban armados y fueron puestos a disposición de la justicia francesa.
El robo de explosivos en Bretaña coincidió con el mayor brote de violencia callejera en un año en el País Vasco y Navarra, realizado por jóvenes partidarios de ETA.
En los tres últimos días, según información del Ministerio del Interior, se produjo el cinco por ciento de toda la violencia callejera registrada desde el 16 de septiembre de 1998.
Seis encapuchados incendiaron el miércoles un autobús en Bilbao, la ciudad más poblada del País Vasco, y en la localidad de Abadiño un explosivo estalló en la sede del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y otro fue desactivado debajo del vehículo de un agente de policía.
En la localidad navarra de Noain, una mujer resultó herida al estallar una bomba en el domicilio de un concejal del centrista partido Unión del Pueblo Navarro.
El nacionalismo vasco radical, próximo a ETA, culpa de la situación al gobierno, al que acusa de cerrar el camino para un cese definitivo de la violencia.
El líder del moderado Partido Nacionalista Vasco (PNV, gobernante en el País Vasco), Xabier Arzallus, niega que el robo de los explosivos y la detención de los tres etarras constituyan una ruptura de la tregua.
Otro miembro del PNV y su portavoz en el Parlamento español, Joseba Egibar, cree que con el robo, "ETA pretende decir aquí estoy", demostrar que cuenta con un arsenal, "pero sin vocación de acción inmediata".
El secretario general del PSOE, la principal fuerza de oposición, Joaquín Almunia, condenó a ETA que, en su opinión, "no está en paro, sino tratando de mantenerse en activo".
Por el lado del gobierno se mantiene una actitud de alerta, pues el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, cree que "ETA no ha tomado aún la gran decisión del cese definitivo de la violencia, sino que está lejos de comprender el proceso de paz" en el País Vasco.
Mayor Oreja, que se inició en política en su tierra natal, el País Vasco, afirmó que con esa actividad, los etarras "nos dicen que si no hacemos caso a la negociación política, ETA acecha, y que si no se avanza en el proceso de construcción nacional, están presentes".
La gran diferencia estriba en que el gobierno está dispuesto a negociar cómo ETA abandona las armas y las medidas de indulgencia para etarras presos y exiliados, mientras que la organización ilegal exige un diálogo político.
ETA, con el apoyo indirecto del PNV, aspira a negociar el derecho de autodeterminación y la independencia del País Vasco. El gobierno sostiene que los vascos, como el resto de los españoles, discuten de política a través de sus representantes surgidos de elecciones libres y no bajo la presión de la violencia.
Las coaliciones Herri Batasuna y Euskadi Herritarrok, ambas apoyadas por ETA, se presentan libremente en las elecciones, tienen concejales, diputados y alcaldes.
Además, el euskera (o vascuence) es idioma co-oficial con el castellano en el País Vasco, la enseñanza es bilingüe y los independentistas tienen la misma libertad que los demás ciudadanos para expresarse, organizarse y actuar. "Excepto con la violencia", dice Mayor Oreja. (FIN/IPS/td/ff/ip/99
