El gobierno de Estados Unidos propuso al Congreso de ese país que triplique el presupuesto para aliviar la deuda externa de los países más pobres, pero críticos opinaron que esto tendrá poco impacto si no se cambia el destino previsto para esos fondos.
El Poder Ejecutivo estadounidense expresó su deseo de que se comprometan 1.000 millones de dólares para aliviar la deuda de los países más pobres, más del triple del monto que estaba previsto en el proyecto de presupuesto para el año fiscal que comienza el 1 de octubre.
La solicitud coincidió esta semana con la llegada a Washington de ministros de Finanzas de todo el mundo para participar en las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.
"La condonación de deuda de países en los cuales un niño tiene más probabilidades de morir antes de cumplir cinco años que de recibir enseñanza secundaria, como ocurre en gran parte del mundo, es una política moral esencial", expresó el secretario estadounidense del Tesoro, Lawrence Summers.
El Departamento del Tesoro (Ministerio de Finanzas), estimó que si otros acreedores cumplen con los objetivos acordados por el Grupo de los Siete (G-7) países más industrializados, la actual deuda externa de los países más pobres, equivalente a 127.000 millones de dólares, se reducirá a 37.000 millones.
El economista Jeffrey Sachs, director del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, opinó sin embargo que el plan del gobierno es ante todo un intento de demostrar que Estados Unidos ocupa una posición de "liderazgo" en la cuestión de la deuda", y no tendrá efectos importantes.
"Demasiada cantidad del dinero (que se propone destinar al alivio de la deuda) se dirigiría a instituciones multilaterales de crédito, y muy poca a cancelar directamente la deuda con Estados Unidos de esos países", señaló.
La Casa Blanca propuso que se contribuya con 650 millones de dólares al financiamiento de la iniciativa del Banco Mundial y el FMI en favor de 42 países pobres fuertemente endeudados (PPFE), y se destinen 330 millones de dólares para compensar el costo de la condonación de las deudas directas con Estados Unidos.
Montos mucho menores serían destinados a compensar a los acreedores gubernamentales del Club de París, y a una iniciativa previamente acordada para canjear deuda por proyectos de preservación de bosques tropicales.
"Las deudas entre países son el punto de partida fundamental. Representan la porción mayor del endeudamiento de las naciones pobres, y son las más fáciles de resolver si los acreedores se atreven a dar pasos audaces", dijo Sachs.
Las deudas de los 42 PPFE con otros países ascienden a 100.000 millones de dólares, y Sachs afirmó que deben anuladas, junto con 8.000 millones adeudados al FMI.
El economista señaló que también deben buscarse reducciones de la deuda de 36.000 millones de dólares de los PPFE con el Banco Mundial, la de 20.000 millones con bancos regionales como el Africano, el Asiático y el Interamericano de Desarrollo, y la de 20.000 millones con instituciones financieras privadas.
Sachs manifestó con especial énfasis, como lo han hecho activistas de todo el mundo, que el FMI no debe seguir desempeñando el papel de supervisor de la iniciativa en favor de los PPFE.
"El FMI es una institucion monetaria destinada a proveer préstamos a corto plazo a países con crisis a corto plazo. En cambio, está manejando las economías africanas", apuntó.
Los críticos del Fondo han cuestionado durante muchos años que esa institución condicione sus préstamos con intereses bajos a la aplicación de programas de restructuración económica, que incluyen el recorte de gastos sociales.
Los funcionarios del FMI arguyen que esos condicionamientos buscan que los países pobres, en Africa y otras regiones, tengan mejores posibilidades de emplear en forma productiva los recursos de que dispondrán por el alivio de la deuda.
"El FMI asume tareas que no le corresponden en Africa. Punto. Su papel como institución para todo uso es una mascarada que sólo se sostiene porque el Departamento del Tesoro estadounidense así lo quiere", subrayó Sachs.
Analistas políticos dijeron que mientras Estados Unidos mantenga esa política, el Fondo controlará la iniciativa para los PPFE, y seguirá restringiendo el alivio de la deuda de los países que a su juicio están actuando en forma satisfactoria en el marco del Servicio Financiero Reforzado de Ajuste Estructural del propio FMI.
Los críticos conservan, sin embargo, la esperanza de que el Departamento del Tesoro ponga límites al Fondo. "Existe un sentimiento muy profundo de que el FMI ha ido demasiado lejos. Se trata de una institución con pocos amigos de peso, incluso en Washington", observó Sachs.
El legislador Spencer Bachus, del opositor Partido Republicano estadounidense, consideró probable que el Congreso aprobara la iniciativa del Poder Ejecutivo para aumentar el presupuesto destinado al alivio de la deuda.
Bachus comentó que el costo de aprobar esa iniciativa sería de 1,20 dólares por habitante de Estados Unidos, y el de no aprobarla "puede significar la muerte de decenas de miles de personas" en los países más pobres.
Activistas señalaron que legisladores republicanos y del gobernante Partido Demócrata están impulsando proyectos que podrían alterar el plan del Departamento del Tesoro, quizás hasta volverlo irreconocible.
El proyecto de Ley de Alivio de la Deuda y Reforma del FMI de 1999 podría bloquear el uso de los fondos que el Fondo planea obtener con la venta de sus reservas de oro y destinar al alivio de la deuda, condicionándolo al cumplimiento de determinados requisitos.
Esos requisitos incluyen la cancelación de los reclamos del FMI contra todos los PPFE y Haití, el mejoramiento de la transparencia de la agencia y la clausura del programa de Servicio Financiero Reforzado de Ajuste Estructural (ESAF, por su sigla en inglés).
Si el Fondo cumpliera esas exigencias, "dejaría de ser el FMI. Es un proyecto de quienes odian al FMI", declaró Soren Ambrose, analista de "50 años es Bastante", una red de organizaciones no gubernamentales con sede en Washington, quien atribuyó a la ley moderadas posibilidades de ser aprobada.
El proyecto de Ley de Emancipación de la Deuda para las Democracias Emergentes propone, a su vez, que Estados Unidos cancele las deudas de los PPFE y Haití, y suspenda sus aportes a la agencia hasta que ésta haga lo mismo.
Ese proyecto también condiciona el financiamiento estadounidense al Fondo a que la agencia deje de otorgar préstamos para ajustes estructurales a los países más pobres en los cuales no haya elecciones democráticas y los militares no estén bajo control civil.
Los ahorros generados se destinarían a programas sociales.
También se proponen que solo los países que empleen por lo menos 20 por ciento de su presupuesto en gastos de salud y educación puedan obtener apoyo de la Corporación de Inversiones Privadas en el Exterior de Estados Unidos, para financiamiento de proyectos del sector privado.
Según los activistas, esos proyectos ayudarán a marcar el tono de las negociaciones entre el Poder legislativo y el Ejecutivo sobre la cuestión del FMI, aunque no sean aprobados.
Por su parte, el FMI está discutiendo el modo de intensificar sus esfuerzos orientados a lograr que el ESAF se convierta en una herramienta para reducir la pobreza, y no ha dado señales de que esté dispuesto a aceptar las demandas de clausurar ese servicio.
En la agenda de las reuniones del Fondo para este viernes se previó una sesión sobre "El ESAF en el nuevo milenio". FIN/IPS/tra-en/aa/mk/ego/mp/dv if/99)
