Los sindicatos de Costa Rica podrían convocar a una huelga sin precedentes, ya que acusan al Estado de pretender desmantelar las convenciones colectivas, uno de las principales conquistas de los trabajadores.
Estas denuncias se dan en momentos en que la Sala Constitucional del Poder Judicial analiza si son inconstitucionales las convenciones colectivas, acuerdos laborales entre las instituciones públicas y sus empleados.
Mientras sectores gubernamentales consideran a las convenciones colectivas como beneficios burocráticos para unos pocos, los sindicalistas afirman que es una de las principales conquistas de los trabajadores.
En Costa Rica existen actualmente en el sector público 64 convenciones colectivas, que regulan beneficios salariales de los trabajadores en cuanto a su antigüedad laboral, horas extras, recalificación de puestos y readecuación académica.
Se estima que alrededor de 40.000 empleados públicos gozan de los beneficios de estos acuerdos.
Ante estos cuestionamientos, los dirigentes sindicales ya están planificando medidas de presión para defender la legalidad de las convenciones y convocaron a un paro nacional para el 6 de octubre, en el que realizarán una marcha desde el parlamento hasta la Corte Suprema de Justicia.
"El problema es que el gobierno, dentro de las políticas neoliberales, quiere vender muchas instituciones públicas y para los futuros compradores sería mejor que no tengan estos gastos sociales", dijo a IPS Olger Chaves, secretario general del sindicato de empleados del Banco Nacional de Costa Rica.
Chaves sostiene que si las convenciones colectivas fueran declaradas inconstitucionales los sindicatos convocarían a una huelga nacional que podría contar con una participación sin precedentes en el país.
Muchos sindicalistas sostienen que la actual polémica es una prueba más del ataque a los derechos de los trabajadores.
"Ya estamos cansados de este bombardeo, lo que quiere el gobierno de este país es abaratar a nuestra mano de obra", dijo a IPS Luis Armando Gutiérrez, dirigente de la Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos (CCTD).
El conflicto ha venido creciendo como una bola de nieve desde el 30 de agosto, cuando la Sala II de la Corte Suprema de Justicia, que trata asuntos laborales, le solicitó a la Sala Constitucional un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de estos polémicos convenios laborales.
La Sala II dictaminó que la Constitución no autoriza a los empleados públicos a establecer instrumentos de negociación con la administración correspondiente.
"Las convenciones colectivas son un régimen totalmente corrupto, poco solidario y de absoluta desigualdad entre unos y otros trabajadores", dijo el abogado laboralista Farid Ayales, quien fue ministro de Trabajo entre 1994 y 1998.
Ayales sostuvo que fue un error del sector público permitir que las convenciones se ejecutaran en aquellas instituciones que generaban ganancias en el Estado como la banca, los puertos o entidades como la Refinería Costarricense de Petróleo (Recope).
La desigualdad de este régimen radica en los empleados de instituciones con convenciones pueden ganar tres veces más que los trabajadores de ministerios y despachos que no tienen estos convenios, añadió.
Sin embargo, los sindicalistas sostienen que las convenciones colectivas están sustentadas en el Código de Trabajo, en la Constitución y en convenios ratificados con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El Código de Trabajo de Costa Rica estipula que las convenciones colectivas se celebran entre los sindicatos y los patronos con el propósito de reglamentar las condiciones en que debe prestarse el servicio.
Además, las convenciones tienen carácter de ley profesional y sus normas se aplican a todos los contratos individuales o colectivos en las empresas, industrias o regiones que afecten.
Algunos beneficios que los empleados obtienen al ser respaldados por una convención son las libertades sindicales, la negociación de los salarios, las jornadas de trabajo establecidas, becas e incentivos, y licencias sindicales.
"Hay sindicatos muy poderosos que no van a querer que se eliminen las convenciones, por eso creemos que en los próximos días en Costa Rica el conflicto va a ser más evidente", dijo a IPS Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados.
En este enfrentamiento, que se ha venido acrecentando en los últimos años, indicó Vargas, hay dos bandos bien definidos: por un lado los sindicatos y por otro los sectores poderosos económicamente emergentes. (FIN/IPS/nms/ag/ip-lb/99
