El juez Baltasar Garzón dio hoy 20 días de plazo al ex dictador de Chile Augusto Pinochet, detenido en Londres, para que se presente ante él en el juzgado de la capital de España donde lo procesó por crímenes contra la humanidad.
Garzón lo citó para que ratifique por sí mismo su pedido de personarse (comparecer como parte interesada) en el juicio que se instruye en su juzgado por los delitos contra los derechos humanos cometidos bajo la dictadura que encabezó en Chile (1973-1990).
Pinochet está detenido en Londres desde el 16 de octubre y sometido a un juicio de extradición, cuya vista se iniciará el día 27. Mientras, está pendiente de resolución un pedido de sus dos abogados españoles, que solicitaron personarse en el proceso que instruye Garzón.
A ese pedido se refiere el auto dictado este lunes por Garzón, quien entiende que la personación debe ser hecha por el propio interesado y no por intermedio de sus abogados, los que podrán actuar después de ese acto jurídico.
Garzón concedió en el auto al procesado Pinochet el derecho de presentar las razones por las cuales pretende personarse por intermedio de sus abogados y de no hacerlo directamente. El juez añadió que, si recibe esas razones, las analizará y procederá en consecuencia.
El fiscal y los abogados de la acusación particular podrán presentar alegaciones tanto al auto de Garzón como a la respuesta que proporcione Pinochet directa o indirectamente. Por eso, lo más probable es que el trámite consuma los 20 días.
De esa manera, se llegaría al 27 de septiembre, día en el que se abrirá el juicio de extradición en Londres.
Los abogados de Pinochet afirman que pueden representar al procesado en la personación, en un pedido apoyado por la Fiscalía General del Estado, con el argumento de que el ex dictador "no está en situación de rebeldía, sino que se encuentra detenido y a disposición del juzgado".
En su informe, presentado el 23 de agosto, el fiscal que lleva el caso, Ignacio Peláez, subrayó que a Pinochet no se le ha dado opción para que se persone de manera voluntaria, e invocó, además, el derecho de defensa y el de todo detenido a designar abogado.
Ahora, con el acto dictado este lunes, Garzón explicitó la opción de que Pinochet se persone voluntariamente. Para que eso suceda, debería solicitar en Londres que no se efectúe el juicio de extradición, en virtud de que él se trasladaría a Madrid por decisión propia.
Se trata de una alternativa que no apoyan los abogados del militar chileno y en la que no creen los acusadores particulares.
Los abogados de la acusación, Joan Garcés y Manuel Murillo, solicitaron el viernes que la comparecencia de Pinochet sea admitida "en cuanto éste se ponga a disposición de la Justicia", o sea si voluntariamente acepta trasladarse a España o si Gran Bretaña concede la extradición.
Si el acusado no se pone a disposición del juez instructor (Garzón), "obedece exclusivamente a su libre voluntad", ya que "puede aceptar la extradición voluntaria en todo momento", advirtieron Garcés y Murillo.
Los dos abogados explicaro que la finalidad de que el procesado esté a disposición del juzgado es triple. Por un lado, se trata de averiguar la verdad material de los hechos criminales investigados.
En segundo lugar, de asegurar la celebración, en su caso, del juicio oral, y, en tercer lugar, el cumplimiento de la condena que eventualmente pudiera recaer.
"En tanto no haya sido extraditado Augusto Pinochet, por decisión voluntaria o por resolución firme de las autoridades del Estado requerido, el Juzgado se halla imposibilitado de practicar diligencias necesarias dispuestas en la ley, como tomar declaración indagatoria al imputado", agregaron.
"En contraste, la representación del acusado, de aceptarse su personación, podría pedir y practicar diligencias, interponer recursos, etcétera, dirigidos a atacar las diligencias practicadas o propuestas por las demás partes", sostuvieron.
Garcés y Murillo afirmaron que eso "supondría una infracción de los principios de contradicción e igualdad de armas procesales".
La cuestión planteada por Pinochet ha sido estudiada reiteradas veces por el Tribunal Constitucional de España, que ha establecido doctrina.
Los abogados citaron una sentencia de ese Tribunal del 27 de julio de 1984, en la que se recuerda que el sistema legal vigente "se basa en primer término en el principio de sujeción del acusado al procedimiento".
"La comparecencia personal del acusado en el proceso penal es un deber jurídico que se le impone, no es un derecho que se le confiere o una carga que se le atribuye. El acusado debe estar en persona a disposición de los Tribunales", añade la sentencia.
En esa doctrina parece basarse Garzón al dictar el auto otorgando a Pinochet un plazo para presentarse ante él, en el Juzgado de Instrucción número cinco, situado en el centro de Madrid, a unos 100 metros del tradicional Paseo de la Castella y de la Plaza Colón. (FIN/IPS/td/mj/ip hd/99
