La ONU no hizo respetar el acuerdo de paz firmado en 1994 entre el gobierno de Angola y la insurgencia, lo cual permitió que en diciembre se reanudara la guerra en el país africano, según Human Rights Watch (HRW), la principal organización de derechos humanos de Estados Unidos.
Un informe de HRW divulgado este lunes sostiene que la ONU (Organización de las Naciones Unidas) decidió "hacer la vista gorda a la impunidad", en lugar de denunciar y dar a conocer las violaciones al acuerdo de paz firmado en la capital de Zambia en 1994.
La estrategia adoptada por el foro mundial fue un "error fundamental", según HRW. "La política de no ver ni decir nada malo falló completamente en Angola", declaró Peter Takirambudde, director de la rama africana de la organización.
"Si la ONU no aprendió nada de ese error fatal, su nueva misión en Angola también corre peligro, al igual que otras similares en países como República Democrática de Congo (RDC) y Sierra Leona", sostuvo.
El Consejo de Seguridad de la ONU autorizará este mes una misión observadora para Angola, donde se libra una guerra civil entre las fuerzas del gobierno y el movimiento rebelde Unita, que según muchos expertos es el responsable del colapso de los dos acuerdos de paz firmados en los últimos ocho años.
Las violaciones de los acuerdos de Lusaka por parte de Unita (Unión Nacional para la Independencia Total de Angola) son el rasgo principal de la última etapa de la guerra civil, que comenzó hace 25 años, según el informe "Angola se desintegra: Ascenso y caída del proceso de paz de Lusaka".
Unita cometió "violaciones sistemáticas y horrendas contra los derechos humanos", y lo sigue haciendo hasta hoy, agregan los autores del informe.
El inventario de los abusos cometidos incluye el bombardeo indiscriminado de ciudades sitiadas, ejecuciones en masa, torturas, mutilación de miembros de muertos y vivos, secuestros y esclavización de civiles, toma de rehenes y reclutamiento de niños para combatir.
El gobierno también tiene su parte de responsabilidad, ya que la "violación generalizada de los derechos humanos" cometida por Luanda socavó la confianza de los rebeldes de Unita en el acuerdo de paz, que entonces reanudaron las hostilidades, según el informe de HRW, de 205 páginas.
Luanda cometió torturas, desapariciones, ejecuciones en masa de presuntos partidarios de Unita en zonas controladas por el gobierno según el acuerdo de Lusaka de 1998, matanzas indiscriminadas de civiles y saqueos durante las operaciones militares, además de reclutamientos obligatorios.
Las tropas del gobierno, igual que los insurgentes de Unita, colocaron minas terrestres, lo cual es "doblemente deplorable", según HRW, porque Luanda firmó el tratado que prohíbe dichos explosivos en diciembre de 1997.
La última batalla duró nueve meses y creó más destrucción en el país, que está en guerra desde que se independizó de Portugal en 1975.
Decenas de miles de personas tuvieron que abandonar sus casas y varios miles habrían muerto. Otros tantos fueron encontrados desnutridos en las ciudades asediadas por los rebeldes y en el campo, y sus vidas corrían peligro, según la ONU.
Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) declaró que Angola es el peor país para nacer.
Los rebeldes y el gobierno son los mayores culpables de la situación actual, pero la ONU no puede eludir su responsabilidad, puntualizó HRW.
"La ONU ignoró la depredación y el engaño de ambas partes (del conflicto) y su propia falta de transparencia alentó a los grupos enemigos a despreciar el acuerdo de paz. El gobierno de Angola y Unita decidieron que la guerra era su opción preferida", concluyen los autores del informe.
El Protocolo de Lusaka establecía que la ONU debía presidir una comisión integrada por el gobierno y Unita, además de verificar y supervisar el desarme y la integración de las fuerzas militares de ambos sectores, y de organizar la reforma política y la reconciliación.
La comisión conjunta, que tenía el apoyo de Estados Unidos, Portugal y Rusia, sería un foro donde se denunciarían e investigarían las violaciones a los derechos humanos. Pero en la práctica, la ONU "se mostró poco dispuesta a investigar o divulgar" los incidentes que se le informaron.
La ONU temía que dar a conocer los abusos y violaciones al Protocolo de Lusaka precipitara el colapso del mismo.
"Hacer público lo que sabemos podría socavar el proceso de paz y provocar la vuelta a la guerra", declaró un funcionario a HRW en 1995.
Además de los problemas mencionados, se demoró mucho en enviar a las fuerzas de mantenimiento de la paz. El Consejo de Seguridad aprobó su envío recién en 1995, más de un año después del momento culminante de la guerra.
Ese retraso "facilitó la violación de los acuerdos" por parte de ambas partes del conflicto, según los autores del informe.
El fracaso de la ONU parece seguir un modelo creado en 1993, cuando el Consejo de Seguridad impuso un embargo al comercio de armas y petróleo de Unita, pero luego no logró que se respetara la prohibición.
Unita desafió la prohibición, e importó armas de fuentes privadas de Albania y Bulgaria, y usó a los países vecinos, sobre todo a Zaire (actual RDC), como puntos de transbordo para la importación de armas y petróleo y la exportación de diamantes, hasta 1997, revela el informe.
Durante los cuatro años de vigencia del acuerdo, Unita ganó 1.720 millones de dólares con la venta de diamantes, bastante más dinero del que recibió de Estados Unidos y Sudáfrica durante la etapa de la guerra civil entre 1986 a 1991, agrega HRW.
Pero la reacción del Consejo de Seguridad contra el comercio de diamantes de Unita fue muy lenta. Recién lo prohibió en julio de 1998 y congeló las cuentas bancarias del grupo rebelde en el exterior.
Unita usó el Protocolo de Lusaka para evitar perder territorios y reconstruir su fuerza militar, a pesar del desarme previsto en el acuerdo, revelan los autores del informe.
"A mediados de 1998, el gobierno había perdido la paciencia con Unita, y se preparaba seriamente para reanudar la guerra", concluye HRW. (FIN/IPS/tra-en/jl/mk/ceb/aq/ip/99
