El gobierno de México violó principios humanitarios al expulsar en 1995 de Chiapas a tres sacerdotes extranjeros acusados de apoyar a grupos armados y fomentar la subversión, concluyó la Comisión Interamericano de Derechos Humanos (CIDH).
En un informe sobre el caso dado a conocer este domingo, el organismo demandó al gobierno de Ernesto Zedillo reparar la actuación y sancionar a los funcionarios responsables del arresto y expulsión de los sacerdotes de Argentina, España y Estados Unidos del estado de Chiapas.
Los religiosos, que trabajaron allí durante más de una década, fueron detenidos y sacados del país en una rápida acción en la que no se les permitió recoger sus efectos personales. Para el obispo de Chiapas, Samuel Ruiz, la expulsión fue un "afrenta" basada en falsas imputaciones.
Grupos mexicanos como Agustín Pro Juárez, regentado por la orden católica de los jesuitas, y la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos saludaron este lunes el pronunciamiento de la CIDH y demandaron el cumplimiento de sus recomendaciones.
El gobierno negaba toda razón a las organizaciones de derechos humanos que manifestaron su queja por el caso de los sacerdotes expulsados.
"Esperamos que el gobierno responda, pues ya no puede seguir desconociendo este tipo de prununciamientos claros y contundentes", dijo a IPS Digna Ochoa, portavoz de Agustín Pro Juárez.
En el estado meridional de Chiapas, donde el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se levantó en armas el 1 de enero de 1994, la Iglesia trabaja cerca de los indígenas y bajo la influencia de la Teología de la Liberación, según reconocen algunos de sus miembros.
La CIDH, institución que integra el sistema de la Organización de Estados Americanos, difundió el informe sobre el caso 10 meses después de su presentación privada a las autoridades.
En ese lapso, el gobierno no respondió ni cumplió la recomendación de la comisión a pesar de los exhortos. Eso llevó a la CIDH a dar a conocer el informe, de acuerdo con sus normas internas.
Según el organismo regional, los sacerdotes Loren Riebe, de Estados Unidos, Rodolfo Izal, de España y Jorge Barón de Argentina, fueron "castigados" a causa de su actividad religiosa.
El Estado mexicano "violó el derecho a la libertad de conciencia y religión que estaba obligado a garantizar a los mencionados sacerdotes extranjeros", añadió.
Los religiosos, a quienes el gobierno presentó como delincuentes, fueron "privados arbitrariamente de su libertad y expulsados de forma sumaria sin derecho a la garantía de audiencia y en violación de sus derechos", apunta el informe.
El gobierno y los militares, con presencia masiva en Chiapas a pesar de que existe una ley de paz que mantiene en suspenso el conflicto con el EZLN, son acusados de forma periódica por múltiples grupos políticos y humanitarios de cometer continuas violaciones de derechos humanos contra los indígenas.
Además, se les imputa actos intimidatorios contra el obispo Ruiz y sus seguidores, que de forma abierta justifican el levantamiento del EZLN como respueta a la pobreza y marginación que sufre Chiapas.
El gobierno de Zedillo replica que todo es legal y que en Chiapas no hay persecución oficial contra nadie.
En Chiapas "han aumentado de manera ininterrumpida las convulsiones y conflictos violentos, y el incremento sostenido de la presencia militar en la zona ha sido acompañado de denuncias sobre graves violaciones a los derechos humanos cometidas principalmente por grupos paramilitares", afirmó la CIDH.
"En algunos casos", esas acciones contaron con la "tolerancia de agentes del Estado y a veces con su participación directa", agregó.
La Comisión, con sede en Washington, y la Corte Interamericana, radicada en San José, son los principales soportes del sistema de promoción y protección de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos.
La CIDH pidió de forma reservada al gobierno mexicano el año pasado reparar las violaciones cometidas contra los sacerdotes expulsados, pero no obtuvo respuesta.
"El gobierno de Zedillo no quiere cumplir con leyes y convenciones internacionales que ya ha reconocido, pues quizá piensa que hacerlo sería avalar sus graves problemas en materia de derechos humanos", expresó el grupo Agustín Pro Juárez.
En Chiapas, donde en los últimos años se han registrado asesinatos de indígenas opositores al gobierno, la situación es difícil y la denominada "Iglesia comprometida", a la que comanda el obispo Ruiz, es continuamente atacada, denunció el grupo.
Junto a otros sacerdotes católicos de América Latina, Ruiz impulsa desde los años 60 la Teología de la Liberación, corriente que aboga por eliminar la pobreza y que se opone a que la religión dirija su doctrina exclusivamente al fuero interno de los creyentes.
Historiadores e investigadores sociales sostienen que la guerrilla zapatista tiene uno de sus orígenes en el trabajo pastoral de la Iglesia. Incluso se afirma que varios de los dirigentes indígenas del grupo armado trabajaron antes como catequistas. (FIN/IPS/dc/mj/hd ip/99
