Argentina y Brasil intentan concluir este mes un acuerdo sobre el régimen automotor común del Mercosur, pero últimamente adoptaron medidas que renuevan los conflictos bilaterales en esa área.
El Congreso brasileño aprobó una prórroga de los incentivos fiscales a fábricas de vehículos en las regiones menos desarrolladas del país, para favorecer a la planta que la empresa Ford pretende instalar en el nororiental estado de Bahía.
El plazo para las inscripciones en ese programa especial terminó en mayo de 1997, pero los parlamentarios decidieron reabrirlo hasta el 31 de diciembre, claramente para favorecer a Ford en Bahía.
Esta medida provocó un problema político interno y con el Mercosur al presidente Fernando Henrique Cardoso, que tendrá que vetarla o sancionarla antes del día 21.
El gobierno argentino protestó formalmente contra nuevos subsidios, por considerar que violan las normas del Mercosur y compromisos anteriores de Brasil, de poner fin a estos mecanismos de atracción de inversiones en desmedro de los socios del bloque.
Esta es una vieja disputa que no ha sido superada desde que los gobiernos estaduales y municipales de Brasil pasaron a competir por la instalación de plantas industriales, ofreciendo ventajas como exención o reducción de impuestos, préstamos a bajo interés y cesión de tierras para las plantas.
La llamada "guerra fiscal" ocurre entre ciudades y estados brasileños, pero afecta también a los países miembros del Mercosur, ya que están integrados comercialmente.
Estos incentivos fueron decisivos para que Ford decidiera instalar una fábrica de automóviles en Río Grande del Sur, estado que también se ve favorecido por su ubicación en el extremo sur de Brasil, cerca del mercado argentino.
Pero cuando el nuevo gobernador de Río Grande del Sur, Olivio Dutra, decidió revisar algunos estímulos concedidos por su antecesor, la empresa estaounidense abandonó entonces sus planes para ese estado y optó por instalar su nueva planta en Bahía, ante las ventajas ofrecidas por el gobierno local.
La decisión del Congreso amplía los incentivos fiscales y por eso, además de la protesta argentina, encontró la oposición de gobernadores de otros estados, que reclaman el veto presidencial. Entre éstos se encuentra el de Sao Paulo, Mario Covas, socialdemócrata como el presidente Cardoso.
El problema es que un veto generará una conmoción en el gobierno, pondrá a Cardoso en contra su principal aliado, Antonio Carlos Magalhaes, presidente del Senado y jefe político absoluto en Bahia, cuyos intereses defiende con energía.
Por otro lado, Argentina también conduce su política automotriz según sus propias conveniencias. Su Plan Canje, que ofrece subsidios para sustitución de automóviles viejos por nuevos, sólo contempla los vehículos fabricados en el país.
La exclusión de los brasileos contradice la integración de los mercados, protestaron autoridades del gobierno y de la industria automovilística instalada en Brasil.
Brasil también piensa renovar su vieja flota, como forma de recuperar la producción, y podrá utilizar el mismo criterio argentino, advirtió el presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea), José Pinheiro Neto, quien fue respaldado por diplomáticos brasileños.
Será peor para los argentinos, ya que el mercado brasileño es cinco veces más grande, señaló Pinheiro Neto.
Las divergencias tienden a agravarse con la retracción de los mercados. Argentina está vendiendo a Brasil este año menos de la mitad de los vehículos exportados en el primer semestre de 1998.
Además del Mercosur, las fábricas instaladas en Brasil vieron estrecharse los mercados de todo el mundo, especialmente los latinoamericanos. La meta de exportación en este año ya bajó de 5.500 millones de dólares a 4.700 millones, una suma similar a la de 1998.
Por eso Anfavea negocia acuerdos para ampliar sus ventas a México, Sudáfrica, Venezuela y Perú, sin tener en cuenta los intereses conjuntos del Mercosur, lo que podría provocar nuevos roces con Argentina.
Otras discrepancias, como aranceles de piezas de automóviles, de dos por ciento en Argentina y de nueve a 11 por ciento en Brasil, alejan a los dos socios mayores del Mercosur de un régimen automotor común.
Pero será indispensable un acuerdo este año, porque en enero del 2000 la unión aduanera exige reglas uniformes, advirtió José Alfredo Gracia Lima, responsable de Integración de la cancillería brasileña. (FIN/IPS/mo/ag/if/99
