TRABAJO: Clinton insiste en la aplicación de la cláusula social

El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, reactualizó hoy la idea objetada por numerosos países en desarrollo de supeditar las relaciones comerciales multilaterales al cumplimiento de normas laborales, una propuesta conocida como cláusula social.

La Organización Mundial del Comercio (OMC), que vela por la liberalización del intercambio, debe asumir las preocupaciones de los trabajadores y relativas al ambiente, dijo Clinton ante la Conferencia Internacional del Trabajo, reunida en Ginebra.

Los gobernantes estadounidenses intentaron infructuosamente desde 1986, cuando comenzaron las negociaciones de la Ronda Uruguay de la OMC, que se introdujera el principio de condicionar los acuerdos comerciales a la vigencia de los convenios laborales.

En sucesivas conferencias ministeriales de la OMC, de 1993 en Marrakesh y de 1996 en Singapur, la idea de Estados Unidos y de los países industrializados fue bloqueada por el mundo en desarrollo, que solo reconoce jurisdicción en el tema social a la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Clinton, en alusión al fracaso de los intentos por imponer la cláusula social en la OMC, criticó a las organizaciones internacionales que consumen demasiado tiempo para adoptar las decisiones correctas.

Los negociadores estadounidenses han adelantado que insistirán con la cuestión de la cláusula social en la próxima conferencia ministerial de la OMC, en Seattle, Estados Unidos, a fines de noviembre.

La conferencia de Seattle deberá tomar una decisión sobre las propuestas de convocar a una nueva ronda de negociaciones multilaterales para ampliar la liberalización de varios aspectos del comercio, que pueden incluir las cuestiones sociales y ambientales.

"La apertura comercial no se opone a los intereses de los trabajadores", sostuvo Clinton ante delegados gubernamentales, empresariales y sindicales de los 174 estados miembros de la OIT.

La reactivación del proteccionismo en cualquier país puede conducir a una espiral de represalias que disminuirían en todas partes el nivel de vida de los obreros, afirmó.

Sin embargo, el mandatario estadounidense reconoció que los trabajadores de todo el mundo no comparten esa opinión.

"Aún en Estados Unidos, los obreros se resisten férreamente a las nueva medidas de apertura de los mercados", dijo.

En cuanto a la situación de los países pobres, Clinton señaló que los beneficios de la economía moderna parecen inclinarse con demasiada frecuencia hacia quienes ya tienen riquezas y poder.

El presidente de Estados Unidos confirmó que este fin de semana llevará el tema social vinculado con la economía y las finanzas a la cumbre del Grupo de los Ocho (G-8), que se realizará en Colonia, Alemania, con participación de las siete mayores potencias industriales más Rusia.

Clinton dijo que presionará al G-8 para obtener una mejora de la cooperación entre la OIT y las instituciones financieras internacionales en materia de promoción de la protección social y de los derechos laborales fundamentales.

La OIT encontró una fórmula para demandar la vigencia de los principales convenios laborales mediante la aprobación, en 1998, de la Declaración de los Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo.

La declaración intenta presionar a los países miembros de la OIT para que ratifiquen y cumplan los convenios que condenan el trabajo forzado, la ocupación infantil y la discriminación, y también los que consagran la libertad de sindicalización y de negociación de convenios colectivos.

La OIT ha insistido en todo momento en que la declaración tiene carácter meramente promocional.

En su discurso de bienvenida a Clinton, el director general de la OIT, Juan Somavía, se hizo eco de las inquietudes sociales ante el fenómeno de la globalización.

Un sistema económico global que no extiende sus beneficios a los más débiles no superará la prueba de decencia humana elemental, dijo Somavía.

El jefe de la OIT explicó a Clinton que la Conferencia se disponía a aprobar, este jueves, un nuevo convenio y una recomendación destinados a erradicar las peores formas de trabajo infantil en el mundo.

La organización humanitaria Amnistía Internaciona recordó la semana pasada que Estados Unidos, junto con otros países del Norte industrial, como Gran Bretaña y Holanda, habían presionado para impedir que el convenio prohibiera la participación de todos los niños en conflictos armados.

El proyecto aprobado solo prohibe el reclutamiento "forzado u obligatorio" de niños para conflictos armados, lo que deja abierta la posibilidad del alistamiento voluntario de menores de 18 años.

Entre los países que sostuvieron la posición de Estados Unidos figuraron Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Finlandia, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Nueva Zelandia, Portugal, San Marino, Suecia y Turquía.

Se opusieron, en cambio, los representantes sindicales y los países de Africa, junto a Canadá, Dinamarca, España, Francia, Italia, México y Uruguay. (FIN/IPS/pc/ff/lb/99

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