Malasia nunca fue reconocido como un estado amigo de la prensa, pero una oleada de querellas judiciales por difamación entabladas en los últimos meses volvió todavía más evidente esa situación.
Para peor, dicen los abogados y observadores de los medios, esto sólo puede hacer que esa prensa timorata se vuelva aún más cautelosa en sus informaciones y frustre a un público hambriento de noticias veraces sobre su país.
"Esto es realmente sofocante", dijo el titular del Consejo Malasio de Abogados, R.R. Chelvarajah, quien expresó su preocupación por el repentino aluvión de demandas judiciales multimillonarias contra los medios.
"Podría fomentar una cultura del miedo entre los periodistas que les impediría informar la verdad" a pesar de la necesidad de más fuentes alternativas de información en el país, agregó.
Ahmad Rejal Arbee, editor diurno del diario Berita Harian, estuvo de acuerdo y señaló que para los periodistas "será cada vez más difícil cumplir con su tarea".
En marzo, el hijo del primer ministro Mahathir Mohamad presentó un caso de difamación por 200 millones de ringgit (54 millones de dólares) contra la filial local de Dow Jones Publishing Co., editora del Asian Wall Street Journal.
Mirzan Mahatir demandó a la editora por un artículo que atribuyó el tratamiento especial que le brindan bancos y compañías a su influencia en los círculos de negocios.
Tambien demandó a los diarios locales chinos Guang Ming Daily, China Press y Sin Chew Jit Poh, que tradujeron y publicaron el artículo, por el equivalente a 197,4 millones de dólares.
En abril se presentó un caso de difamación contra el redactor local Sabri Zain. La demanda provino de Umi Hafilda, principal testigo en el proceso por inconducta sexual contra el ex viceprimer ministro Anwar Ibrahim.
Hafilda dijo que Sabri Zain la presentó como "una prostituta barata" en el artículo que escribió a principios de este año.
También está el magnate local Vincent Tan, quién demandó a K.S. Jomo, economista de la Universidad de Malasia, al Asian Wall Street Journal y a Dow Jones por un artículo que, en su opinión, mancha su reputación como hombre de negocios. Tan exige una reparación equivalente a 26,3 millones de dólares.
Aunque los periodistas foráneos y las compañías editoriales parecen llevarse la peor parte en esa actitud litigante adoptada por algunas notorias figuras del país, muchos observadores opinan que ellos no son el verdadero blanco y rechazan la teoría de que las demandas están motivadas sólo por afán de dinero.
"No hay duda que el dinero es atractivo, pero hay fuerzas políticas que están presionando", dijo un crítico del gobierno que pidió el anonimato.
Según la fuente, el gobierno se vale de los litigios porque "son la mejor manera de asegurarse que no aparezcan malas noticias en su contra".
En febrero, el gobierno anunció la creación de un equipo jurídico especialmente dirigido a la prensa que difama a la administración y sus funcionarios.
El viceprimer ministro Abdullah Ahmad Badawi declaró que "hubo muchas instancias en que ciertos individuos aprovecharon la libertad de expresión para hacer toda clase de acusaciones y denuncias contra los líderes del partido y el gobierno. Esa práctica malsana no puede continuar".
Varios observadores calificaron de irónicas esas declaraciones porque la prensa malasia está considerada como un instrumento de propaganda del gobierno. Los principales diarios y estaciones de radio están controlados por la Organización Nacional de Malayos Unidos (UMNO), el partido dominante en la coalición de gobierno.
Los malasios también tienen leyes que lesionan la libertad de prensa y expresión, incluyendo la Ley de Seguridad Interna, por la cual la gente puede ser arrestada sin proceso judicial previo.
También está la Ley de Secretos Oficiales, que bloquea a los periodistas el acceso a cualquier documento reservado del gobierno o secreto, y la Ley de la Prensa Escrita y Publicaciones, que otorga al ministro de Interior el poder de otorgar o retirar licencias.
De todas maneras, a raíz del movimiento "reformasi" surgido el año pasado tras el arresto de Anwar Ibrahim, cada vez más malayos se han volcado a fuentes alternativas de información como Internet, la red telemática global.
Para muchos, esas fuentes alternativas brindan informaciones mejores y más equilibradas sobre el país. El clamor por noticias menos influenciadas se intensificará cuando haya elecciones generales, que Mahathir debe convocar antes del 2000.
Sin embargo, debido a la reciente ola de pleitos por difamación, algunas fuentes alternativas de información parecen estar sufriendo el llamado "efecto congelante".
Los diarios que daban cabida a grupos oppositores y no gubernamentales ya no lo hacen. Una conocida periodista local reveló entretanto que su tarea había sido seriamente afectada. "Tengo miedo de perder mi trabajo y todo lo demás. "¿Cómo podría hacer para pagar millones de ringgits?, se preguntó".
En realidad, tiene motivos válidos para preocuparse. El magnate Tan, por ejemplo, obtuvo 10 millones de ringgit (2,63 millones de dólares) en daños por una sentencia de la Suprema Corte, a raíz de un caso que presentó hace cinco años contra un corresponsal extranjero y otros seis periodistas locales que escribieron sobre sus negocios.
El periodista extranjero Murray Hiebert fue juzgado culpable en rebeldía y sentenciado a tres meses de cárcel en 1997 por un artículo que escribió en el Far Eastern Economic Review, otra publicación de Dow Jones, porque, según el tribunal, dañó la reputación judicial. Su caso está ahora en apelación.
Cherlvarajh dijo que el Consejo de Abogados podría proponer que las actuales leyes sobre difamación sean revisadas o enmendadas para proteger la libertad de expresión. Ya formó un panel para supervisar las demandas por cuantiosas indemnizaciones. (FIN/IPS/tra-en/rm/cb/js/ego-mlm/cr-hd/99
