El proceso de extradición a España del ex dictador chileno Augusto Pinochet por crímenes de tortura comenzará el 27 de septiembre en la capital británica, dictaminó hoy el juez Graham Parkinson.
Parkinson informó, en una breve audiencia con los abogados de Pinochet y del Ministerio británico del Interior, que el juez español Baltasar Garzón, autor de la solicitud de extradición, tiene plazo hasta el 31 de agosto para entregar evidencias adicionales, mientras la defensa podrá formular preguntas hasta el 14 de septiembre.
La decisión marca una nueva etapa en el caso, abierto el 16 de octubre, cuando la policía británica arrestó a Pinochet en Londres en cumplimiento de una orden de captura emitida por Garzón a Interpol, provocando una tormenta política en Chile y un intenso debate internacional.
Los abogados de Pinochet intentaron sin éxito conseguir que el Tribunal Superior británico revisara una resolución del ministro del Interior de Gran Bretaña, Jack Straw, autorizando la continuación del proceso de extradición.
Straw comunicó su decisión tras una larga deliberación del Comité de Apelaciones de la Cámara de los Lores, que limitó los delitos punibles al período comprendido entre septiembre de 1988 y marzo de 1990.
Aunque PInochet se mantuvo en el poder desde septiembre de 1973 a marzo de 1990, la limitación marca la fecha en que Gran Bretaña firmó la Convención Internacional contra la Tortura, que declara la extraterritorialidad del delito de tortura y de conspiración para cometerla y descarta la inmunidad para quienes lo cometan en ejercicio del poder.
Pese a que el período establecido por los lores corresponde a la etapa de menor represión de la dictadura chilena, el juez Garzón logró establecer 33 nuevos casos comprobados de tortura vinculados con directivas de Pinochet, mientras que organizacipnes chilenas de derechos humanos fundamentaron otros 17 casos.
Garzón también incluyó en su nuevo alegato el secuestro de más de mil personas – detenidos políticos desaparecidos -, que fundamenta en el principio legal de que el tiempo para la prescripción de ese delito sólo puede empezar a contarse en el momento de hallarse el cadáver del desaparecido, a quien se presume asesinado.
Al fijar el plazo del 31 de agosto para fundamentar la acusación, el juez británico dijo este viernes que "soy de la opinión que necesitamos saber los alcances exactos de esta solicitud".
Los abogados de Pinochet tienen ante sí la opción de volver a apelar la decisión de Straw o esperar los resultados de la extradición y presentar una nueva apelación ante el Tribunal Superior. Los abogados estiman que el tiempo transurrido desde los delitos, la reducción del período punible y la edad del ex general (83 años) hacen del juicio un caso inútil.
El gobierno chileno de Eduardo Frei se ha sumado a la defensa de Pinochet, en apoyo al prinicipo de territorialidad y de la inmunidad parlamentaria del ex dictador, quien es senador vitalicio por haber ocupado la Presidencia, según la Constitución aprobada durante su régimen.
Santiago dice que Pinochet debe ser juzgado en Chile, donde hay 12 casos judiciales en su contra. Pero los grupos chilenos de derechos humanos sostienen que no hay en el país garantías de que los procesos lleguen a celebrarse, debido al complejo tejido político y jurídico que protege a quienes integraron el régimen militar.
La acusación original de Garzón incluye, además de la tortura, los delitos de secuestro de personas y asesinato.
Pinochet deberá esperar el jucio bajo arresto domiciliario en los suburbios de Londres, donde alquila una lujosa mansión, aunque sus allegados han dicho que probablemente será sometido a una operación a la próstata en las próximas semanas.
En el momento de su arresto, Pinochet se encontraba en una clínica, sometiéndose a tratamiento médico. (FIN/IPS/ws/ff/ip hd/99
