Los gobiernos de Colombia y Panamá aumentarán la vigilancia de su frontera común para impedir la presencia de guerrilleros y paramilitares colombianos, que en la semana pasada provocaron un éxodo de pobladores atemorizados.
El acuerdo al respecto se logró el día 4 en Bogotá entre el vicecanciller de Panamá, Edgar Spence, y los viceministros de Relaciones Exteriores y de Gobierno y Justicia de Colombia, Clemencia Forero y Rolando Mejía, respectivamente, en una reunión urgente para resolver la crisis fronteriza.
El canciller de Panamá, Jorge Ritter, anunció en la noche del domingo pasado que se había decidio reforzar la vigilancia de la frontera, para buscar una solución a las continuas invasiones de fuerzas irregulares colombianas a territorio panameño.
La crisis comenzó hace casi dos semanas, cuando unos 200 residentes en varias aldeas panameñas ubicadas cerca de la frontera huyeron hacia la cercana población de Puerto Obaldía y la ciudad de Colón, en el litoral del Caribe, temerosos por la presencia de unos 400 guerrilleros colombianos.
Varios lugareños indicaron a un canal de televisión local que los guerrilleros de las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) "nunca se meten" con ellos, pero que luego de se van "vienen los paramilitares" colombianos y los maltratan por su supuesta ayuda a los insurgentes.
Los paramilitares mencionados son integrantes del grupo armado de derecha denominado Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), organizado a inicios de los años 90 por poderosos terratenientes colombianos para combatir a las FARC.
Ritter indicó que inicialmente habrá una presencia permanente de los organismos de seguridad de ambos países en los controles de migración y aduanas, así como puestos de vigilancia policial del lado panameño y guardias militares del lado colombiano.
Las autoridades panameñas decidieron el viernes el traslado de de unas 500 unidades policiales a los poblados próximos a la frontera, con el fin de brindar seguridad a sus habitantes y propiciar el regreso de quienes huyeron, según informó este lunes la ministra de Gobierno y Justicia, Mariela Sagel.
La presencia de los guerrilleros de las FARC provocó una dura polémica en Panamá sobre las medidas que deberían tomarse para evitar su ingreso al país y garantizar la seguridad de la población fronteriza.
El legislador Miguel Bush, del gobernante Partido Revolucionario Democrático, llegó incluso a plantear que el problema era amplificado por Estados Unidos para justificar la prolongación de su presencia militar en el área del canal de Panamá luego del año 2000.
El 31 de diciembre de 1999 Estados Unidos debe traspasar el canal y sus actuales bases militares a la jurisdicción de Panamá, según lo establecido en los tratados suscritos por ambos países en 1977.
Bush se basó en una reciente iniciativa de un grupo de parlamentarios estadounidenses, encabezados por el senador Jesse Helms, del Partido Republicano, para que el presidente Bill Clinton reanude las fracasadas negociaciones tendientes a constituir en Panamá un Centro Multilateral Antidrogas (CMA).
A fines de 1998 Panamá dio por concluidas esas negociaciones, considerando que Washington pedía excesivas prerrogativas para los militares que participaran en el CMA, y rechazando la demanda de que pudieran cumplir "otras misiones" no relacionadas con el tráfico de drogas, en terceros países.
El ex jefe de Estado Mayor de las antiguas Fuerzas de Defensa Nacional de Panamá, coronel Roberto Díaz, sugirió al gobierno, sin embargo, que pida ayuda militar permanente a Estados Unidos para resguardar la frontera con Colombia de los grupos armados y narcotraficantes.
Tanto Díaz como la presidenta electa Mireya Moscoso manifestaron su preocupación por la posibilidad de que tras el retiro de las tropas estadounidenses de la zona del canal, los guerrilleros y paramilitares amenacen la seguridad de poblados más próximos a la capital, como Chepo y Tocumen.
Ritter enfatizó la semana pasada, durante un encuentro con corresponsales extranjeros, que en los 85 años de existencia del canal y de sus bases militares "Estados Unidos nunca ha tenido la potestad de resguardar nuestras fronteras o las instalaciones de la via interoceánica".
Sagel y otros funcionarios asignados a tareas de seguridad han indicado que existe "un alto grado de exageración" con respecto al ingreso de fuerzas irregulares colombianas a territorio panameño. (FIN/IPS/sh/mp/ip/99)
