El Parlamento Europeo condenó la "intensificación" de las violaciones a los derechos humanos en Djibouti, un país del Cuerno de Africa con poco más de 600.000 habitantes.
Los legisladores manifestaron "alarma y preocupación" por el tratamiento que reciben los prisioneros políticos, que son discriminados y sometidos a condiciones difíciles en la principal Prisión de Gabode, aseguraron.
La resolución adoptada la semana pasada informa que dos prisioneros murieron en la cárcel en los últimos meses después de que se les negara asistencia médica.
Los legisladores dijeron que "dirigentes de la oposición" afar, el principal grupo étnico en el norte del país, fueron arrestados en Etiopía y Yemen y extraditados a Djibouti.
Entre ellos estaban Mohamed Kadamy del Frente para la Restauración de la Unidad y la Democracia, varios de sus colegas, y miembros de su familia.
"Algunos de ellos estuvieron en prisión durante más de 18 meses sin un juicio justo ni acceso a un abogado", dijo uno de los diputados.
La resolución criticó "el tratamiento degradante e inhumano de los refugiados afar, que continúan siendo excluidos de su tierra natal" y pidió al gobierno de Djibouti que facilite el regreso de los afar a sus tierras mediante la rehabilitación de sus hogares.
También instó al presidente Ismael Omar Guelleh a asegurar que se respete la ley, tolerar una cultura de debate y proporcionar asistencia médica a los enfermos y heridos en prisión.
Los legisladores europeos amenazaron con suspender el Artículo 5 de la Convención de Lomé, relacionado con la aistencia al desarrollo, que requiere que los países receptores respeten los derechos humanos fundamentales y la libertad de asociación.
Guelleh realizaba una visita oficial a Francia cuando el Parlamento Europeo adoptó la resolución.
Durante la visita, el Comité por el Respeto de los Derechos Humanos en Djibouti (CRDH), una alianza de asociaciones, partidos políticos y ciudadanos, apeló a las autoridades francesas para que "utilizaran su influencia para poner fin al bloqueo de alimentos y asistencia médica que se estableció contra los pueblos del norte".
También exigieron el fin de las ejecuciones sumarias, realizadas por soldados en Djibouti.
La resolución declaró que el régimen no tolera el disenso y que reprime severamente a los opositores políticos y grupos por los derechos humanos.
Según Robert Menard, de Periodistas sin Fronteras, los periodistas y los medios de comunicación también son hostigados por las autoridades.
"Casi no existe la prensa autónoma. Los pocos periódicos independientes que intentaron salir sólo duraron tres ejemplares, debido a problemas económicos y sanciones administrativas", explicó Menard.
No hay "libertad constitucional de la prensa" en Djibouti. Los tribunales disfrutan de "un arsenal de leyes" que les permiten prohibir cualquier publicación que consideren demasiado crítica del régimen.
"Las únicas fuentes de información son el periódico dirigido por el gobierno y las estaciones de radio y televisión que son de propiedad exclusiva del Estado", explicó Menard.
Guelleh llegó al poder el 9 de abril, mediante elecciones. En una conferencia de prensa celebrada durante su visita a París, dijo a los periodistas que las prioridades de su país eran, por el momento, puramente económicas y sociales.
Djibouti tiene ua deuda externa de más de 400 millones de dólares. Aunque las exportaciones aumentaron, pasando de 478.000 dólares en 1996 y 1.900.000 dólares en 1997 a 2.390.000 dólares en 1998, la economía del país sigue siendo la más débil de Africa.
Los problemas de Djibouti se deben en parte a que menos de 25 por ciento de los habitantes fueron a la escuela, la asistencia médica es pobre o inexistente y más de la mitad de la población económicamente activa está desempleada.
Hace dos semanas, un grupo de habitantes de Djibouti terminaron una huelga de hambre de 35 días realizada en París para presionar a Francia a cambiar sus políticas respecto de su ex colonia. (FIN/IPS/tra-en/tha/nrn/sz/mn/at/aq/hd/99
