La policía de Sudáfrica descubrió en la provincia oriental de Kwazulú-Natal un depósito clandestino con siete toneladas de armas, entregadas a un partido de la etnia zulú antes de que terminara el régimen racista del apartheid.
Bulelani Ngcuka, director de las investigaciones que realiza la Fiscalía, dijo que el arsenal contiene sólo parte de las armas enviadas por las autoridades nacionales en esa provincia, de mayoría zulú, antes de las elecciones de 1994, que fueron las primeras en las que pudo votar la mayoría negra.
La existencia del depósito fue revelada a las autoridades por Philip Powell, un senador del Partido Inkatha-Libertad, de la etnia zulú (IFP, por su sigla en inglés), quien había sido arrestado bajo cargos de tráfico de armas.
Durante el proceso que condujo a las elecciones y el fin del apartheid, el IFP, liderado por Mangosuthu Buthelezi, tuvo violentos choques con el Congreso Nacional Africano (ANC, por su sigla en inglés) del actual presidente Nelson Mandela. Se calcula que en los enfrentamientos murieron más de 20.000 personas.
En 1991 se reveló que el gobierno de la minoría blanca proporcionaba dinero y entrenamiento militar al IFP, para fomentar los enfrentamientos entre la etnia zulú, que gozaba de condiciones de relativa autonomía, y el resto de la población negra.
Buthelezi es actualmente ministro del Interior.
Ngcuka anunció esta semana que las armas fueron encontradas cerca de Ulundi, el bastión del IFP en Kwazulú-Natal. "Las siete toneladas de explosivos, cohetes, granadas, y municiones muy potentes alcanzaban para iniciar una guerra a gran escala", añadió.
"El gobierno continuará buscando y estoy seguro de que si hay más armas, la policía las encontrará", declaró el vicepresidente, Thabo Mbeki.
Sudáfrica se prepara para las elecciones del 2 de junio, que serán las primeras en un régimen democrático, y hay grandes temores de que vuelva a producirse un baño de sangre como el que precedió a los comicios de 1994.
Kwazulú-Natal fue el centro de la violencia política antes de las últimas elecciones, y los analistas han señalado que las armas descubiertas podían estar destinadas a un levantamiento armado en la región.
Ngcuka advirtió que aún falta descubrir rifles de asalto R-1, municiones de 9 milímetros de calibre, lanzadores de cohetes RPG y morteros que el ex policía Eugene De Kock aseguró haber entregado a las autoridades de la provincia Kwazulú-Natal.
De Kock, que fue policía y líder de los escuadrones de la muerte durante el régimen del apartheid, fue condenado a cadena perpetua por seis cargos de asesinato. Ahora declaró que, antes de las elecciones de 1994, entregó seis camiones de armas al IFP.
Joe Meiring, un experto en bombas de la policía, dijo que el armamaneto halado sólo equivale a dos camiones llenos.
Powell admitió que era De Kock quien proveía al IFP de armas, que eran utilizadas por la Unidad de Protección del partido.
En el arsenal descubierto había 1.500 rifles disparadores de granadas, 4.300 detonadores, 140 minas antipersonales, 272 bombas mortero, 8 rifles RPG-7 y un arma automática Uzi, entre otras cosas.
"No fui informado sobre este asunto, y aún no estoy en posición de hacer comentarios. Lo único que puedo afirmar es que me alegra que se encuentren armas gracias a la iniciativa, colaboración y buena voluntad de los líderes del IFP", declaró Buthelezi.
No se conoce con exactitud la cantidad de armas ilegales que circulan por Sudáfrica, pero se calcula que son entre 400.000 y 8 millones.
"Las armas ilegales que no ingresan de contrabando provienen, en su mayoría, de la industria armamentista, de las fuerzas de seguridad, de robos, y de los arsenales que se entregaron a grupos guerrilleros y paramilitares", opinó Glen Oosthuysen, un investigador del Instituto de Asuntos Internacionales.
"La extensión del problema se refleja en la facilidad con la cual adqueiren armas los criminales, los partidos políticos o los grupos de autodefensa civil contra la delincuencia", señaló.
A causa de la proliferación de armas, los enfrentamientos entre los criminales y las fuerzas de seguridad causan cada año la muerte de 200 policías en cumplimiento de sus funciones, una cifra altísima sólo superada por la de China. (FIN/IPS/tra- en/gm/mn/ceb/mp/ip/99
