Nueve de los 18 periodistas asesinados el último año en América Latina trabajaban en Colombia, destacó hoy un representante de la OEA, y una organización colombiana sumó otras cuatro víctimas a esa lista.
El imperio de la democracia mejoró notablemente el respeto a la libertad de expresión en América Latina, pero persisten serias violaciones, advirtió en Bogotá Santiago Cantón, relator de la OEA (Organización de Estados Americanos) sobre libertad de prensa.
Amenazas a medios y periodistas, el hostigamiento gubernamental "para acallar a críticos", algunas leyes y manifestaciones de censura, también conspiran en varios países de América contra la libre expresión y el ejercicio de la democracia, afirmó Cantón en la Jornada Mundial de la Libertad de Prensa, finalizada este martes.
Una ley en Perú que obligaría a los periodistas a revelar sus fuentes, la prohibición en Chile de la película "La última Tentación de Cristo", del estadounidense Martin Scorsese, y 11 decisiones de censura en Argentina, son muestras de voluntad restrictiva, agregó.
Otros analistas asistentes al foro indicaron que el asesinato de un periodista e incluso la censura de la actividad de la prensa atacan el derecho de la sociedad a informarse y se convierten entonces en atentados contra la colectividad.
Cincuenta por ciento de los asesinatos de periodistas latinoamericanos en 1998 fueron perpetrados en Colombia, dijo Cantón en la reunión, que fue patrocinada por la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) y la colombiana Fundación Guillermo Cano.
Pero Ignacio Gómez, de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLP), presidida por el premio Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez, corrigió esa información al alza.
Gómez dijo que la prensa colombiana reportó en 1998 el asesinato de 13 periodistas, y puntualizó que ese recuento "está mediatizado por el hecho de que en este país tiene también los índices más altos de violencia en el mundo".
En Colombia se registra desde hace un lustro "un promedio de 23.000 asesinatos por año", y en cinco de los 13 casos relativos a la prensa "no se encontraron indicios de que la muerte hubiese estado vinculada con el ejercicio de la profesión", agregó.
La FLP vincula con el ejercicio de la profesión el asesinato el 22 de febrero del año pasado de Oscar García, un columnista del diario El Espectador que, según el testimonio de una colega, había anunciado que denunciaría hechos delictivos del mundo taurino.
A Néstor Carvajal, director de un programa de radio en Pitalito, en el central departamento de Huila, lo mataron el 17 de abril, cuando esperaba el autobús para su casa.
El ex alcalde de Pitalito Ramiro Cuenca, el diputado Fernando Bermúdez y el ex presidente del Concejo de Neiva (capital de Huila) Marco Collazos son investigados como sospechosos del asesinato de Carvajal.
Los sospechosos habían sido denunciados por Carvajal en su programa radial por presuntos hechos de corrupción.
El 19 de mayo fue asesinado Bernabé Cortés, del canal de televisión de la sudoccidental ciudad de Cali, que había trabajado en emisoras de radio de los encarcelados hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, jefes del narcotraficante Cartel de Cali.
Cortés había informado el 10 de junio de 1997 el desmantelamiento de un laboratorio de cocaína y la posterior emboscada que un grupo guerrillero tendió a los agentes que realizaron el operativo, indicó el Comité de Protección de Periodistas, de Nueva York.
El reportaje de Cortés, según el testimonio de periodistas de Cali, sugería que grupos guerrilleros obtenían financiación de los carteles de la droga.
El caso más dramático fue expuesto en el foro de Bogotá por el mexicano Jesús Blancornelas, director del semanario Zeta, de la ciudad de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos, que el 27 de noviembre fue atacado por 10 pistoleros.
Los atacantes realizaron 180 disparos contra su automóvil y mataron a su guardaespaldas. Blancornelas recibió cuatro impactos de bala, sobrevivió a dos operaciones quirúrgicas y desde el atentado es escoltado por 10 soldados.
El director de Zeta había informado sobre actividades de dos narcotraficantes presos, señalado a los asesinos de un policía federal y publicado la carta de una madre que perdió a dos de sus hijos a manos de la mafia de la droga.
Ahora sólo deja su casa "para ir al periódico", pasa los fines de semana "encerrado" en su vivienda y, si bien algunas veces viaja con escolta a Estados Unidos, "el primer lugar público donde he estado desde el atentado es un restaurante este lunes en Bogotá", indicó. (FIN/IPS/yf/ff/hd ip/99
