Estados Unidos transferirá a Panamá en junio una base militar, dos polígonos de tiro y un centro de comunicaciones, en cumplimiento de los tratados canaleros de 1977, y en medio de controversias con presuntos antiguos dueños de las tierras de la zona.
Entre los bienes a pasar a manos panameñas se encuentra la base militar Sherman, un predio de 10.000 hectáreas de selva virgen ubicado en el litoral Caribe, donde Estados Unidos entrenó en los años 60 y 70 a miles de soldados para luego ser enviados a combatir en la guerra de Vietnam.
También será transferido el polígono de tiro Piña, cerca de la ciudad de Panamá, que en 1991 se utilizó para realizar pruebas de proyectiles antitanque cargados con uranio emprobrecido, muchos de los cuales fueron depositados para probar su comportamiento en clima tropical.
El polígono de tiro de Balboa Oeste, en la desembocadura del canal en el océano Pacífico, la base de comunicaciones del Fuerte Davis, en la costa del Caribe, y varias viviendas ubicadas en los extremos del canal se agregan al conjunto de bienes a devolver en junio, como parte del proceso iniciado el 1 de octubre de 1979.
Además de poner fin al enclave colonial creado por Estados Unidos en 1903, las estructuras y tierras entregadas o en proceso de devolución en virtud de los tratados canaleros significan para Panamá un importante ingreso económico, ya que su valor es estimado en unos 35.000 millones de dólares.
Esa suma equivale a cinco años del producto interno bruto de este país.
Sin embargo, aún faltan devolver las dos principales bases militares estadounidenses, localizadas en la costa del océano Pacífico. El fuerte Clayton será entregado a las autoridades panameñas el 30 de noviembre, mientras la base aérea de Howard seguirá el mismo camino el 22 de diciembre.
El 31 de diciembre finalizará el proceso de devolución del canal, fecha en la cual quedará administrado en forma exlusiva por el Estado panameño, según lo establecido en el tratado firmado en 1977 por los presidentes Omar Torrijos, de Panamá, y James Cartes, de Estados Unidos.
El paquete de las entregas de junio lo completan 33.000 hectáreas de tierras, incluidas las de la base Sherman, Piña y Balboa Oeste, 870 edificios, 3.933 viviendas, depósitos de municiones, centros de comunicaciones, plantas hidroeléctricas y potabilizadoras de agua y el resto de las estructuras del canal.
Pese a que el embajador de Estados Unidos en Panamá, Simón Ferro, afirmó el lunes que el proceso de reversión marcha a pedir de boca, sectores de la derecha estadounidense y presuntos herederos de las tierras donde se construyó el canal han comenzado a poner piedras en el camino de ambos gobiernos.
Un grupo de legisladores del opositor Partido Republicano de Estados Unidos pidió a comienzos de mayo al presidente Bill Clinton que reanude las fracasadas negociaciones con Panamá para prolongar la presencia militar en este país luego de 1999.
Entre tanto, el Movimiento de Herederos de Tierras del Area Canalera (Mohetac) de Panamá reclamó una compensación económica por la expropiación de las tierras para la contrucción del canal a principios de este siglo.
Roberto Rudas, secretario general de Mohetac, adujo que el Estado panameño debe investigar las denuncias de un grupo de personas que aducen que sus tierras fueron expropiadas para contruir el canal y las bases militares de Estados Unidos y que nunca fueron indemnizadas.
Rudas sostuvo que "el canal de Panamá fue construido sobre tierras que correspondían a nuestros ancestros" y dijo tener "planos de los terrenos y escrituras públicas que demuestran nuestros derechos".
Nicolás Ardito Barletta, administrador de la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), desestimó los pedidos basado en una ley de 1959, que adjudicó al Estado la propiedad de los 1.440 kilómetros cuadrados de territorio cedidos por Panamá a Estados Unidos en 1903 para la construcción del canal y bases militares.
No obstante, Rudas afirmó que en 1903, cuando Panamá otorgó derechos de uso sobre esas tierras al gobierno de Estados Unidos, "no cumplió" con los requisitos establecidos en la Constitución para la expropiación de tierras para proyectos públicos.
A pesar de los reclamos, la ARI, encargada de administrar los bienes recibidos de Estados Unidos en cumplimiento de los tratados, tiene en marcha más de 100 proyectos industriales, turísticos, marítimos, comerciales y de uso público en la zona reclamada por Mohetac.
Barletta, quien ocupó la presidencia de Panamá entre 1984 y 1985, estima que los bienes en proceso de devolución por Estados Unidos tienen un potencial para generar unos 1.500 millones de dólares en ingresos para el país y proveer alrededor de 150.000 puestos de trabajo. (FIN/IPS/sh/dm/if ip/99
