Casi 10.000 víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura de Ferdinand Marcos en Filipinas siguen esperando los 150 millones de dólares que deben recibir como indemnización.
El 29 de abril, un tribunal estadounidense aprobó un acuerdo por el que la familia Marcos aceptó pagar esa suma a 9.539 víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, que gobernó este país desde 1965 hasta 1986, cuando Marcos fue expulsado por una revolución civil con apoyo militar.
Marcos murió exiliado en Hawai en 1989, pero su familia pudo regresar luego a Filipinas.
El arreglo judicial fue aceptado por las víctimas, aunque en un juicio anterior habían logrado que el tribunal ordenara a los Marcos pagar una indemnización de 1.900 millones de dólares.
A pesar de la reducción, el juicio tiene un alto significado político. Es la primera vez en el mundo que un dictador o su familia pagarán por las violaciones cometidas contra los derechos humanos durante su gobierno.
El tribunal de Estados Unidos ordenó que el gobierno de Filipinas, que tiene el dinero de Marcos como depósito, transfiriera los fondos el 10 de mayo a un banco de Hawaii.
Pero el dinero aún no fue transferido y los abogados de las víctimas pidieron que el tribunal anule el acuerdo. El tribunal aún tiene que decidir si aceptará la solicitud.
"El dinero no puede compensar nuestro sufrimiento, ni devolvernos la paz mental", sostuvo Mila Gerardino, cuyo hermano André fue muerto en 1979 en Negros, en el centro del país.
La familia Gerardino alega que André recibió un balazo en la cadera en un restaurante, luego fue torturado durante una semana por la policía y finalmente, enterrado vivo.
"Ataron a mi padre a un árbol y lo mataron de un disparo. Era el carpintero de la iglesia", recordó Aleth Oclima, de 25 años, cuyo padre fue secuestrado por la policía en mayo de 1979.
"Su único delito había sido presenciar el secuestro de mi tío, y correr hacia su casa para avisarle a la familia. Mi madre trabajó como empleada doméstica en (la provincia de) Mindoro Oriental para educarnos a mi hermana y a mí", explicó.
El acuerdo judicial y la negativa de la familia Marcos a aceptar la responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno del dictador enfurece a muchas víctimas.
"El arreglo envía a los dictadores el mensaje de que es fácil robar miles de millones de dólares, torturar y asesinar a miles de personas, y luego solucionar todo haciendo un pago simbólico por los daños", protestó Aurora Parong, de la Misión Especial de los Detenidos de Filipinas.
"Además, no hubo una sola palabra de remordimiento de parte de los Marcos", agregó Parong, médica detenida por la dictadura por incitar a sus pacientes a rebelarse.
Etta Rosales, una parlamentaria torturada por la dictadura que aceptó el acuerdo de 150 millones de dólares, explicó las razones por las cuales las víctimas propusieron el polémico el arreglo judicial.
"Temíamos que, como la fortuna de Marcos sigue oculta, las víctimas jamás obtuvieran la suma completa (1.900 millones). Muchas de las víctimas se están muriendo sin un centavo, así que en lugar de alargar el caso hasta el infinito, decidimos proponer el arreglo de 150 millones de dólares", explicó.
Hilda Narciso tenía 35 años, era maestra y trabajaba en la iglesia cuando fue arrestada en 1983. "Esposada y con los ojos vendados, un grupo de militares que gritaban y me insultaban me violaron durante dos días", afirmó.
"Me sentí deshumanizada, humillada, sucia. Les rogué que me mataran. Fui violada incluso durante el interrogatorio" en el cuartel, recuerda Narciso.
"Me pongo tan furiosa cuando veo a los Marcos intentando recuperar la credibilidad. Arruinaron nuestras vidas. Torturaron y mataron a miles de personas, saquearon el país. Deberían estar todos presos", agregó.
Pero Imelda, la viuda de Marcos, argumenta que no está presa porque es inocente.
"¿Si Ferdinando Marcos realmente violó los derechos humanos, por qué no fue juzgado en ningún tribunal del mundo? ¿Por qué no estamos nosotros presos?", se pregunta.
"No cometimos ningún crimen. Si miento, que me caiga muerta en este momento", agrega Imelda, cuya condena por corrupción fue sobreseída por la Corte Suprema el año pasado.
Imelda sostuvo que el intento de las víctimas de cobrar daños es una "conspiración". Sin embargo, aceptó pagar 150 millones de dólares para obtener "paz, unidad y reconciliación" y "no como indemnización por daños sino como una donación".
"El hecho mismo de que el tribunal haya pedido a los Marcos que paguen constituye una acusación. Y que Imelda haya aceptado pagar, es una manera de admitir tácitamente su culpabilidad, aunque ella prefiera hablar de donación", alegó Rosales.
El caso de Hawaii representa lo más lejos que pudieron llegar la víctimas de violaciones a los derechos humanos y los opositores de Marcos en cuanto a la condena del dictador.
Los cargos por corrupción presentados contra los Marcos en Nueva York fracasaron hace muchos años, y una serie de 30 casos fueron rechazados en Filipinas en los últimos meses.
La abogada Neri Colmenares, arrestada a los 18 años y presa durante cuatro, está muy disgustada con el arreglo del tribunal. "¿Se imagina al pueblo judío firmando un acuerdo con los nazis, diciendo que ellos no hicieron nada malo?", pregunta.
"Este caso será un mal ejemplo para otros casos similares en el futuro, tales como el del general (Augusto) Pinochet, en Chile, e incluso el de los sobrevivientes del Holocausto. ¿Qué clase de señales les estamos enviando?", preguntó. (FIN/IPS/tra-en/rb/js/ceb/aq/hd/99
