El marinero Carlos Antonio Ruff intentaba hacer una llamada la noche del 31 de agosto desde un teléfono público cerca de su casa en esta ciudad, cuando lo mataron de cuatro tiros en la cabeza.
Dieciocho días antes habia pedido protección a las autoridades judiciales, porque se disponía a denunciar al grupo de narcotraficantes en que participaba y que involucraba a 33 policías. Luego, sus informaciones se revelaron verdaderas.
Su caso llevó al entonces secretario de Justicia de Río de Janeiro Jorge Loretti a crear un programa local de protección a testigos, que no tuvo tiempo de poner en marcha porque cambió el gobierno el 1 de enero.
Presentarse como testigo contra delicuentes es aún una actitud heroica, especialmente en países violentos como Brasil. La "quema de archivos" es una expresión muy difundida en el país, por la alta mortalidad de los que poseen información que pueden condenar a personas o bandas organizadas.
Wagner dos Santos era un adolescente cuando, en julio de 1993, sobrevivió a la "masacre de la Candelaria", como se conoce al asesinato por policías de ocho niños que dormían en las calles del centro de Río de Janeiro.
Testigo clave, fue nuevamente herido a tiros en un atentado, hasta que el apoyo de Amnistía Internacional y organizaciones no gubernamentales (ONG) locales le permitieron refugiarse en Suiza, para escapar a una muerte anunciada.
Pero esa situación comenzó a cambiar en los últimos años. La Cámara de Diputados aprobó el mes pasado un proyecto de ley para la protección oficial de los testigos, que sólo depende ahora de ratificación en el Senado.
La Secretaría Nacional de Derechos Humanos espera implantar este año el servicio tanto en Río de Janeiro como en otros cuatro estados del país.
El modelo que se seguirá es el programa denominado Provita, que se desarrolló en los últimos tres años en Pernambuco, en el noreste de Brasil, y ya se extendió otros dos estados cercanos, Bahia y Espíritu Santo.
El programa adoptado por el gobierno estadual de Pernambuco, es ejecutado por el no gubernamental Gabinete de Asesoria Jurídica a las Organizaciones Populares (GAJOP).
Esta ONG tiene un presupuesto anual de 82.000 dólares para mantener protegidas a la vez 30 personas, entre testigos y familiares, informó su coordinador, el abogado Jaime Benvenuto.
Como comparación, señaló que Italia destina 40 millones de dólares anuales para proteger a cerca de mil testigos y delincuentes arrepentidos, y Estados Unidos la mitad de esa cifra en 150 personas. GAJOP se basó en esos países para crear Provita, adecuado a las condiciones locales.
El programa cuenta con una "red solidaria" de ONG, entidades religiosas o públicas, y también personas que colaboran, ofreciendo los 40 locales disponibles y otras condiciones para acoger a los testigos y familiares bajo amenaza.
Un Consejo Político, compuesto por autoridades judiciales, policiales y entidades afines, establece los criterios y decide sobre los casos en que se aplica la protección. En casos de urgencia, basta la aprobación del Ministerio Público, expresó Benvenuto.
Por ahora, el programa se limita a testigos de homicidios, con prioridad para casos que involucren "grupos de exterminio", también conocidos como escuadrones de la muerte, policías y crimen organizado, añadió.
Ofrece vivienda segura, asistencia médica y psicológica, apoyo para reinserción social en la nueva comunidad y la ayuda de un salario mínimo (equivalente a 81 dólares) para adultos y la mitad para adolescentes, si prestan servicios a la población local.
La falta de legislación en Brasil no permite aún el cambio de identidad y beneficios legales a delincuentes arrepentidos, mecanismo que se mostró eficaz en el combate de la mafia en Italia y en Estados Unidos, lamentó el dirigente de GAJOP.
El éxito de la experiencia en Pernambuco condujo a un convenio con la Secretaría Nacional de Derechos Humanos, para un Provita Especial que acoge testigos de otros estados del país.
Benvenuto mencionó un caso ejemplar, que permitió la condena a 37 años de prisión de los dos acusados, uno de ellos policía, del asesinato de dos hombres en el centrooccidental estado de Mato Groso del Sur.
El testigo, padre de las víctimas, fue amenazado y herido a tiros, antes de obtener protección en el otro extremo del país.
El movimiento en favor de los testigos tiende a crecer. En Bahia y Espíritu Santo, las ONG que ejecutan programas apoyados por GAJOP cuentan con recursos mayores que el de Pernambuco, que este año espera un aporte prometido por la Secretaría Nacional de Derechos Humanos, que más que duplicó su presupuesto.
Con la ley aprobada, el servicio de protección deberá extenderse a todo el país en dos años, previó el secretario Nacional de Derechos Humanos, José Gregori, quien indicó que esto reducirá la impunidad, que "es elevadísima" en Brasil. (FIN/IPS/mo/ag/hd/99
