El presidente del gobierno de España, José María Aznar, será objeto este lunes de una denuncia penal por disponer la participación de su país en los ataques contra Yugoslavia, informaron hoy a IPS fuentes de la acusación.
La denuncia, según la cual la colaboración de Madrid en la operación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) es inconstitucional, será presentada por la Asociación Libre de Abogados (ALA), que preside Florentina Carrasco, y por un grupo de intelectuales y juristas.
Aznar y el ministro de Defensa, Eduardo Serra, serán acusados de decidir la participación de este país en una guerra sin cumplir con la Constitución, comprometer la paz del Estado, malversar fondos públicos y cometer delitos contra personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado.
Los querellantes citaron la Constitución, la cual dispone que "al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales (parlamento), declarar la guerra y hacer la paz", y recordaron que Aznar calificó, en una conferencia pública, los bombardeos a Yugoslavia de "guerra".
También mencionaron el artículo 588 del Código Penal, que establece: "Incurrirán en la pena de prisión de 15 a 20 años los miembros del gobierno que, sin cumplir con lo dispuesto en la Constitución, declararan la guerra o firmaran la paz".
Una reforma del Código Penal aprobada hace tres años incorporó normas que protegen a los civiles en caso de conflicto armado.
Así, el artículo 610 establece penas para "el que, con ocasión de un conflicto armado, emplee u ordene emplear métodos o medios de combate prohibidos o destinados a causar sufrimientos innecesarios o males superfluos".
El código también prevé castigo a quien emplee métodos "concebidos para causar, o de los que fundadamente quepa prever que causen daños extensos, duraderos y graves al medio natural, comprometiendo la salud o la supervivencia de la población".
Otro artículo mencionado por los querellantes, el 611, impone penas a quien "ataque o haga objeto de represalias o de actos de hostilidad a bienes de carácter civil de la parte adversa, causando su destrucción, siempre que ello no ofrezca, en las circunstancias del caso, una ventaja militar del adversario".
En la querella se puntualiza que la destrucción premeditada de puentes, vías férreas, carreteras, aeropuertos civiles, centrales eléctricas y otros blancos de la OTAN en Yugoslavia "está prohibida y tipificada como delito en el vigente Código Penal".
España es miembro de la OTAN y aviones de su Fuerza Aérea participan en los bombardeos contra Yugoslavia.
Esa acción armada es ilegal y vulnera la Carta de las Naciones Unidas y varias resoluciones de su Asamblea General, así como los tratados del Atlántico Norte (1949) y de Helsinki (1975), según la acusación.
Los querellantes añadieron que las únicas intervenciones armadas legales y legítimas son las dispuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que ningún estado puede arrogarse la capacidad de definir esas acciones de modo unilateral o multilateral.
Además, sostuvieron que la metodología impuesta a las acciones aéreas por la OTAN "vulnera las Convenciones de Ginebra en materia de protección de personas civiles en caso de conflicto armado".
Para la ALA, la intervención armada de la OTAN en Yugoslavia se realiza "en un marco general de ilegalidad, imprevisibilidad, incompetencia y arrogancia inigualables" y "compromete seriamente la paz del mundo y el futuro de Europa".
Por ello, "no puede quedar fuera de la consideración de los Tribunales", agregó.
Los abogados afirmaron que cuando el Tribunal Supremo de Justicia condenó a funcionarios del gobierno anterior, presidido por el socialista Felipe González, por crímenes de la "guerra sucia" en el País Vasco, "las instituciones ganaron prestigio y legitimidad ante los ciudadanos".
El objetivo de la demanda es similar al logrado por la demanda contra la "guerra sucia": "Restaurar la legalidad vulnerada" y que "los tribunales reconcilien dos principios básicos de la humanidad: Justicia y Paz", observaron los acusadores.
Entre los firmantes de la querella figuran la abogada María Angeles López, que actuó en los juicios de la "guerra sucia", y José Luis Galán, representante de las Abuelas de Plaza de Mayo en el proceso contra los ex dictadores de Argentina a cargo del juez Baltasar Garzón. (FIN/IPS/td/mj/ip hd/99
