Organizaciones sociales, políticas y profesionales lanzaron esta semana en Chile acciones de protesta y presión contra las empresas eléctricas, como responsables de la crisis que mantiene al país bajo un régimen de racionamiento energético.
La reacción de las diversas expresiones de la sociedad civil reflejó indignación con los ejecutivos de algunos consorcios, que esta semana condicionaron a alzas en las tarifas el apoyo a un plan de contigencia propuesto por el presidente Eduardo Frei.
Tres municipios de Santiago anunciaron una moratoria en los pagos del alumbrado público, mientras se promueven acciones similares de los usuarios, así como presentaciones de demandas judiciales y actos de protesta barriales y callejeros.
Esta "rebelión popular" contra el racionamiento eléctrico coincide con el conflicto por la suspensión de la subasta bursátil con que este jueves la empresa Endesa-España pretendía controlar la mayor generadora eléctrica del país.
El presidente de la empresa españaola, Rodolfo Martín Villa, llegó imprevistamente el viernes a Santiago, para participar en la junta general de directores de Enersis, el consorcio eléctrico local controlado por Endesa-España.
La Comisión Antimonopolios paralizó el remate bursátil con que Enersis pretendía llegar al control de 60 por ciento de Endesa- Chile, decisión que Martín Villa calificó en Madrid como una persecución política.
"Ni en la Rusia soviética he visto un caso similar", dijo el ejecutivo español, quien se hizo eco de interpretaciones de prensa y medios políticos de su país, que vincularon la medida precautoria de la Comisión Antimonopolios al caso Pinochet.
El canciller interino Mariano Fernández salió el viernes en Santiago al paso de esas versiones, advirtiendo que es un "grave y peligroso error" relacionar este problema empresarial con el arresto en Londres y posible extradición a España del ex dictador Augusto Pinochet (1973-90).
Esas interpretaciones, dijo Fernndez, implican "una distorsión inaceptable de nuestras decisiones políticas y económicas".
La paralización de la subasta bursátil fue promovida en Chile por sectores socialistas y reprobada por algunos políticos y empresarios de derecha, como Felipe Lamarca, presidente de los industriales y ex funcionario del régimen de Pinochet.
Enersis es accionista controlador de Chilectra, la mayor distribuidora eléctrica del país, considerada una de las principales culpables de la actual crisis junto a Endesa-Chile, que ostenta el liderazgo de la generación hidroeléctrica.
A consecuencia de la sequía desatada en 1998 y la imprevisión de los consorcios para suplir el déficit de hidroelectricidad con otras fuentes, Chile está bajo un régimen de racionamientos con cortes diarios del suministro de dos a tres horas.
Las empresas eléctricas, entre las que se incluyen también las generadoras Colbn y Gener, cuestionaron el plan de contigencia que Frei presentó el lunes y condicionaron nuevas inversiones para aumentar la oferta de energía a alzas en las tarifas.
El mandatario acusó a los consorcios de mantener una política de "privatización de ganancias y socialización de pérdidas", mientras la Cámara de Diputados aprobaba este jueves en primera instancia nuevas normas de fiscalización y multas para el privatizado sector eléctrico.
El gobierno, no obstante, debió aprobar el desvío a centrales hidroeléctricas de reservas de agua de regadío agrícola para impedir un colapso del sistema interconectado de transmisión eléctrica, que cubre dos tercios de este largo y angosto país.
La empresa Gener cedió este viernes a los emplazamientos del gobierno y el público y anunció que mediante compras aumentará su generación en 200 megavatios, desvirtuando así argumentos de las otras empresas de que ya no hay energía disponible de terceros.
Las autoridades de Cerro Navia, Pedro Aguirre Cerda y Lo Prado, tres municipios de bajos ingresos de la capital, informaron en tanto que suspenderán el pago a Chilectra por alumbrado público, que asciende en cada caso a unos 52.000 dólares al mes.
La alcaldesa Cristina Girardi y los alcaldes Juan Saavedra y Humberto Sanhueza responsabilizaron a Chilectra por el aumento de la delincuencia en sus comunas, así como por los problemas que crean los apagones en áreas como la salud y el tránsito.
Las diputadas María Antonieta Sa y Fanny Pollarolo, de los partidos Por la Democracia y Socialista, y la dirigenta democristiana Silvia Correa, encabezaron un grupo de dirigentes femeninas que llamó también a una moratoria de pagos del servicio hasta que las empresas hagan las inversiones requeridas.
El grupo realizará protestas barriales, como "caceroleos" y "velatones" (encendido masivo de velas en las calles), durante los cortes de luz, y apoyará la presentación de demandas judiciales por daños provocados por el racionamiento eléctrico.
Organizaciones de consumidores recogieron a su vez firmas en el céntrico Paseo Ahumada de Santiago contra las empresas eléctricas y en favor de los "racionamientos" de pagos por el servicio mientras se mantengan los cortes.
Vicente Medina, presidente del Frente de Defensa de los Derechos Ciudadanos, anunció para la próxima semana, además de la presentación de recursos, un "desfile de la vela" por el centro de la capital.
El presidente del Colegio Médico, Enrique Accorsi, exigió en tanto la instalación de empalmes permanentes de suministro eléctrico para los hospitales y consultorios públicos de salud, cuyos pacientes están sometidos a graves riesgos.
Son cada vez más frecuentes los casos de enfermos que ven interrumpidas sesiones de diálisis o radioterapia, así como las postergaciones de intervenciones quirúrgicas de urgencia y los problemas por la paralización de ascensores en los centros médicos. (FIN/IPS/ggr/ag/dv-if/99
