La Unión Europea (UE), cuya comisión ejecutiva fue acusada de fraude y favoritismo, negocia un acuerdo comercial y de ayuda con 71 países de Africa, el Caribe y el Pacífico (ACP) a cuyos gobiernos pretende exigir responsabilidad.
Bruselas sigue conmocionada por la dimisión de los 20 integrantes de la Comisión Europea, el organismo de la UE acusado por una investigación independiente.
El presidente de la Comisión, Jacques Santer, dijo que el tono de las críticas del informe independiente son "injustificadas", pero otros funcionarios de Bruselas, como el presidente del Parlamento Europeo, José María Gil Robles, quieren que Santer y los demás comisarios abandonen sus funciones de inmediato.
El informe no encontró pruebas de fraude de parte de los comisarios. Pero los investigadores señalaron que los "comisarios o la comisión en sí son responsables de casos de fraude, irregularidades o mala administración".
"La responsabilidad de los comisarios, o de la Comisión como órgano, no puede ser una idea vaga, un concepto que en la práctica resulte irreal", sostiene el documento.
"Cada individuo debe sentirse responsable de las medidas que él o ella maneja", señala.
Paradójicamente, la UE hace énfasis en la palabra "responsabilidad" mientras negocia un nuevo acuerdo comercial y de ayuda con los 71 países de ACP que sustituirá a la Convención de Lomé, que vence en febrero del 2000.
La responsabilidad es uno de los cuatro elementos, junto con la apertura, la participación popular y la eficiencia, que debería conducir al "buen gobierno", un concepto que los europeos intentan incluir entre los "elementos esenciales" de la nueva Convención de Lomé.
Si un país de un estado de ACP no cumple estas condiciones, la Comisión Europea podría suspender la Convención en forma unilateral.
El bloque de ACP teme que la inclusión del buen gobierno entre los elementos esenciales sea un intento de imponer más condiciones al pacto. La mayoría de los países creen que la solicitud de la UE significará que los beneficios de Lomé dependerán de la aplicación de los valores sociales y políticos europeos.
Esta semana, la Comisión indicó a Cuba, que solicitó integrarse a la Convención de Lomé, que debe aceptar los principios básicos del pacto, incluso el artículo quinto, que estipula que "la ayuda para el desarrollo se vinculará al reconocimiento y la aplicación de principios democráticos, la consolidación del imperio de la ley y el buen gobierno".
Esta negociación se lleva a cabo mientras la propia responsabilidad de la Comisión Europea está en tela de juicio. "Por el momento, el Parlamento no confía" en el organismo, declaró Gil Robles.
El primer ministro francés Lionel Jospin expresó el mismo sentir al pedir que se adopten cambios democráticos en la estructura de la Unión Europea.
"Esta crisis debe, en nuestra opinión, ser al menos el punto de comienzo para obtener más transparencia y democracia en el funcionamiento de Europa", declaró Jospin ante la asamblea nacional francesa este martes.
En Gran Bretaña, el diario The Independent sugirió que Europa está "institucionalmente corrupta". El periódico exigió que se adopte una constitución escrita y estructuras democráticas que rindan cuentas de sus acciones.
Las organizaciones no gubernamentales (ONG) aprovecharon el momento para criticar la falta de coordinación entre los comisarios que están a cargo de las relaciones de la UE con los países pobres.
De los 20 comisarios, cinco están encargados de las relaciones comerciales o de ayuda con los países del Sur en desarrollo.
El comité de enlace de las ONG europeas, que representa a más de 900 instituciones, quiere que los dirigentes políticos "consideren una distribución más idónea de las carteras de los comisarios".
El comité considera que la forma en que la Comisión comparte las tareas no es satisfactoria, y que la distribución actual es "incoherente con respecto a las políticas para el desarrollo". (FIN/IPS/tra-en/ns/mk/aq/dv-ip/99) = 03171429 NYC036
