Los defensores de los derechos humanos de Gran Bretaña no festejaron todo lo que hubieran querido cuando la Cámara de los Lores de este país falló hoy contra la inmunidad del ex dictador chileno Augusto Pinochet.
Esto se debe a que el fallo se refiere sólo a los crímenes de tortura cometidos después de septiembre de 1988, cuando Gran Bretaña firmó la Convención Internacional contra la Tortura.
Por este motivo, el tribunal que considere el proceso de extradición de Pinochet a España, donde es requerido para ser sometido a juicio por delitos de tortura y genocidio, deberá desestimar la mayor parte de las acusaciones.
La mayoría de los supuestos crímenes de la dictadura (1973- 1990) de Pinochet fueron cometidos antes de 1988.
Los defensores de la extradición, aunque aprueban el rechazo de la inmunidad, también criticaron los límites impuestos por los siete jueces de la Cámara de los Lores.
"Es una transacción desagradable, un intento de debilitar las obligaciones ante el derecho internacional que tiene Gran Bretaña por los derechos humanos", declaró Helen Bamber, directora de la Fundación Médica para el Cuidado de las Víctimas de Tortura.
La decisión es "muy enigmática y muy extraña", opinó el abogado Geoffrey Bindman, representante de organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
"Es una interpretación muy restringida de la ley. En lugar de tratar los cientos de casos contenidos en el pedido español (de extradición), sólo habrá una cantidad limitada de casos", dijo.
Bindman se refirió a un caso de tortura cometido en Chile en 1989 y a dos acusaciones de conspiración para torturar y asesinar.
La mayoría de los activistas consideraron limitado el fallo, pero igual se mostraron optimistas.
"Soy optimista de que será extraditado a España. Pinochet no escapó", dijo Jeremy Corbyn, legislador del gobernante partido Laborista y activista por los derechos humanos.
"La decisión disipa todas las dudas. Ni siquiera un presidente autoproclamado como el general Pinochet puede reclamar la inmunidad por la tortura, o concederse la amnistía por sus crímenes", dijo Reed Brody, de Human Rights Watch.
Pero Brody agregó que el fallo "no tiene sentido como cuestión judicial o de política pública".
"La tortura estaba firmemente prohibida por el derecho internacional, el derecho chileno, el derecho británico y el derecho español mucho antes de que Pinochet tomara el poder. Aun antes de que se adoptara la Convención contra la Tortura, Pinochet sabía que la tortura es un crimen", sostuvo.
A pesar de que Pinochet deberá responder por un menor número de cargos, Bindman insistió que la extradición puede y debe continuar, incluso sobre la base de supuestos crímenes cometidos después de 1988.
"Incluso una tortura basta para justificar la extradición", agregó.
"Pinochet entró y salió de este país muchas veces. El hecho de que no salga en avión hoy es una victoria para las familias de los desaparecidos (por la dictadura)", declaró el secretario general de Amnistía Internacional, Pierre Sane.
Pero Sane también expresó su "pesar" por la "interpretación de la ley" que hicieron los lores.
Los activistas exigieron a los legisladores que modifiquen la ley británica que permitió que los lores otorgaran la inmunidad para los crímenes cometidos antes de 1988.
Aún se deben explorar tres posibilidades, según Bindman.
El Parlamento puede aprobar una ley para que los tribunales españoles puedan procesarlo a Pinochet por los demás cargos, el ministro del Interior puede autorizar unilateralmente al gobierno español que procese los otros cargos, y un tercer país puede solicitar la extradición de Pinochet de España, explicó.
"Si otro país solicita su extradición de España, lo puede juzgar por todos los cargos en su contra. El fallo británico no se aplica en terceros países", precisó Bindman.
Brody dijo que otra opción yace en las disposiciones de la convención europea para la extradición, por la cual el país receptor puede solicitar un "proceso más amplio" y el país que envía al acusado puede aceptarlo.
En vista del fallo británico, Brody apeló a Estados Unidos para que solicite la extradición de Pinochet por el asesinato en Washington del ex canciller chileno Orlando Letelier y su secretaria estadounidense Ronni Moffitt, perpetrados por agentes chilenos.
"Este evidente acto de terrorismo en territorio estadounidense, un claro acto de asesinato, no tendría los mismos obstáculos legales que los lores hallaron para aplicar la convención contra la tortura en forma retroactiva", agregó Brody.
El fallo de este miércoles también desilusionó a los activistas porque sólo consideró los crímenes cometidos después de 1988 compilados por la fiscalía británica, y no los 28 casos de tortura y asesinatos mencionados en la solicitud española de extradición.
Los activistas se preparan para varios meses de disputas jurídicas si los abogados de Pinochet deciden apelar contra la extradición, sobre la base de que el número de cargos se limitó considerablemente.
Bindman agregó que, técnicamente, el caso puede terminar una vez más en la Cámara de los Lores, pero que él no lo considera probable. Señaló que el caso podría alargarse seis meses más antes de llegar a una decisión definitiva.
Pero eso no impide que la chilena Ilena Sánchez, de 58 años de edad y encarcelada por la dictadura entre 1974 y 1975, expresara su alegría por el veredicto.
"Me siento feliz. Sabrán que este hombre es un asesino", dijo, entre un grupo de mujeres chilenas apostadas fuera del Parlamento británico. (FIN/IPS/tra-en/dds/mk/aq/hd/ip/99
